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El panorama judicial de Raúl Juan Reynoso se volvió más sombrío. La decisión de ayer de la Corte Suprema de dejar firme su condena a cinco años de prisión por favorecer al narcotraficante Delfín Castedo coloca al exjuez federal de Orán ante una nueva discusión sobre el cumplimiento de sus penas y su situación de libertad. A ese escenario se suma una tercera causa abierta, en la que su defensa sufrió un revés en Casación en septiembre pasado.
Los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron por falta de fundamentación autónoma el recurso de queja presentado por la defensa. Así quedó firme la sentencia del Tribunal Oral Federal N° 2 de Salta por cohecho pasivo, falsedad ideológica de documento público y concusión, que también impuso una multa de $90.000 e inhabilitación absoluta durante el término de la condena. Casación había confirmado esa sentencia en junio de 2025.
Causa "Reynoso I"
Reynoso ya tiene dos condenas firmes vinculadas con el uso de su cargo para conceder beneficios judiciales ilegales. La anterior, de 13 años de prisión por concusión y prevaricato, fue dictada en 2019, en la causa conocida como "Reynoso I", y quedó firme tras una resolución de la Corte en marzo de 2024.
En los pasillos judiciales sostienen que ahora corresponde analizar si se unifican ambas condenas y si se solicitará su detención. "Esperemos que ahora no se haga el enfermo", sostuvo un operador de la Justicia Federal.
Causa Reynoso II
La causa "Reynoso II" acreditó el pago de dádivas al entonces magistrado y la falsificación de un acta de indagatoria con la que se simuló la comparecencia de Castedo. Esa documentación dio apariencia de regularidad a un trámite que el verdadero imputado no había realizado.
El juicio terminó con condenas para Reynoso, Castedo y el abogado Luciano Ciscato. También se tuvo por probado que el exjuez exigió dinero al comerciante Pablo Elías Torres para autorizar el ingreso de mercaderías al país sorteando restricciones aduaneras.
Esos hechos integran ahora una sentencia firme. Pero la decisión del máximo tribunal no cierra todos los expedientes que involucran al exmagistrado.
Causa Reynoso III
En "Reynoso III", la investigación avanzó sobre presuntos sobornos y actuaciones judiciales destinadas a beneficiar a acusados por narcotráfico. Uno de los elementos centrales fue el relato de Barakat Barakat, un financista narco de origen sirio que estuvo radicado en Salvador Mazza y pidió acogerse a la figura de imputado colaborador.
Barakat admitió haber intervenido en el circuito de un supuesto pago de US$150.000 para obtener beneficios procesales para René Antonio Arancibia en la causa "Weber". Según su versión, el dinero fue canalizado mediante el abogado Arsenio Eladio Gaona: US$130.000 estaban destinados a Reynoso y US$20.000 a Bruno, para que no apelara la resolución favorable.
La acusación vinculó ese relato con las decisiones que permitieron a Arancibia recuperar la libertad. La hipótesis comprendía tanto la actuación del juez como la falta de oposición del fiscal.
En agosto de 2024, la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta confirmó los procesamientos de Reynoso y Bruno por cohecho pasivo agravado en concurso real con prevaricato. Al exjuez se le atribuyeron seis hechos de prevaricato y al entonces fiscal, nueve. Después, sus situaciones tomaron caminos distintos.
Acuerdo polémico
El Tribunal Oral Federal N° 2 homologó un juicio abreviado para Bruno, quien recibió tres años de prisión en suspenso por prevaricato y seis años de inhabilitación especial. Para alcanzar ese acuerdo, el Ministerio Público Fiscal retiró la acusación por cohecho agravado. Así, el exfiscal evitó una pena de cumplimiento efectivo.
El expediente había avanzado bajo la hipótesis de sobornos, pero la Fiscalía consideró que no podía acreditar con certeza que Bruno hubiera recibido el dinero.
El fiscal coordinador Eduardo Villalba explicó entonces a este diario que el cohecho sería muy difícil de probar en juicio. Barakat, quien había sido condenado por cohecho activo tras admitir su intermediación, salió de Argentina el 30 de octubre de 2025 desde Ezeiza rumbo a Siria.
El pedido de la defensa
La defensa de Reynoso intentó que la valoración de la prueba que benefició a Bruno también alcanzara al exjuez. El defensor público federal Matías Gutiérrez Perea cuestionó el requerimiento de elevación a juicio y el acuerdo abreviado. Además, pidió subsidiariamente el sobreseimiento parcial de Reynoso por cohecho, invocando los fundamentos con los que se había retirado ese cargo al exfiscal.
El planteo apuntaba a la diferencia de tratamiento entre dos acusados señalados en el mismo relato. El tribunal rechazó las oposiciones.
En septiembre se conoció otro revés. La Sala II de Casación, integrada por Guillermo Yacobucci, Ángela Ledesma y Alejandro Slokar, declaró inadmisible una queja vinculada con las condiciones del acuerdo celebrado con Bruno.
Los camaristas consideraron que la defensa no había rebatido los fundamentos de la decisión impugnada ni acreditado adecuadamente una cuestión federal que habilitara la intervención de esa instancia.
Reynoso no consiguió el alivio procesal que buscaba y el tercer expediente continúa abierto. Ahora, además, deberá afrontar las consecuencias de una segunda condena firme. La discusión inmediata se concentra en cómo se cumplirán ambas penas y si se pedirá su detención, mientras permanece pendiente la resolución de otra causa por presunta corrupción judicial.
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