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Con sus hijos, su expareja y su actual pareja detenidos, Carlos “Conejo” Martínez habría quedado acorralado. Fuentes consultadas por El Tribuno señalaron que esa presión habría llevado al exintendente de Aguas Blancas a entregarse hoy, después de permanecer prófugo desde el sábado. Para mañana está prevista la audiencia ante el juez federal de Garantías de Orán, Gustavo Montoya, en la que podría ser imputado como jefe de una supuesta asociación ilícita dedicada al lavado de dinero del narcotráfico.
Esta vez, según personas del ámbito judicial consultadas, habría fundamentos para solicitar que permanezca en un establecimiento penitenciario. La fuga previa al operativo, sus antecedentes y la escala penal correspondiente a la figura que se le atribuiría dificultarían la posibilidad de acceder a una domiciliaria, como la que tuvo en la causa provincial cuya pena ya cumplió.
La detención de Miguel Ángel Martínez y Jessica Elizabeth Martínez, sus hijos; Nancy Mirta Cordero, su exmujer; y Tamara Tapia, su actual pareja, habría sido determinante para su presentación. Según dijeron las fuentes, el avance de la causa sobre ese entorno lo habría dejado acorralado y empujado a ponerse a disposición de la Justicia.
Fuga y filtración
La secuencia anterior a los allanamientos sigue bajo la mirada de los investigadores. Según pudo conocer El Tribuno, la orden judicial salió el viernes a las 15 y los procedimientos comenzaron el sábado por la mañana. Cuando los efectivos llegaron a buscar a Martínez, ya no estaba.
Se sospecha que habría escapado durante la madrugada. El intervalo entre la orden y el operativo llamó la atención en el ámbito judicial por la posibilidad de que hubiera recibido una advertencia. La fiscalía confirmó que la presunta filtración está bajo investigación.
Para los consultados, su ausencia al momento de los procedimientos y los días que permaneció prófugo serían elementos para fundamentar el riesgo de fuga, aun después de haberse presentado voluntariamente.
Posible preventiva
El artículo 210 del Código Penal establece una pena mínima de cinco años de prisión para los jefes u organizadores de una asociación ilícita. Esa es la escala legal correspondiente a la figura que podría atribuirle la fiscalía en la audiencia de mañana.
Ese marco penal, junto con los riesgos procesales que se planteen, sería uno de los fundamentos para solicitar la prisión preventiva, indicaron fuentes del ámbito judicial. También mencionaron sus antecedentes: una condena federal por transporte de estupefacientes, un procesamiento en otro expediente federal por lavado de activos y una condena provincial por violación de secretos y entorpecimiento de acto funcional.
Los consultados consideran que su conducta antes de entregarse tendría especial peso en el pedido de detención. Montoya deberá resolver la medida de coerción que formule la fiscalía y las condiciones en las que Martínez afrontará el proceso.
La investigación es impulsada por los fiscales generales Eduardo Villalba y Diego Velazco, de la Procuraduría de Narcocriminalidad del NOA (Procunar NOA) y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).
Antecedentes federales
Martínez fue condenado el 10 de diciembre de 2013 a cinco años de prisión por transporte de estupefacientes, en un fallo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Salta. Estuvo detenido hasta 2015. Aquel expediente se originó en su detención, en 2012, por el transporte de seis kilos de cocaína, según precisó la fiscalía.
Otro antecedente federal se inició el 19 de marzo de 2019, cuando Gendarmería encontró 100 mil dólares ocultos en un doble fondo de la puerta de su camioneta Toyota Hilux, durante un control en la ruta nacional 34, en Santiago del Estero.
Viajaba desde Buenos Aires hacia Orán. El dinero estaba distribuido en cinco bolsas de nylon y recubierto con papel higiénico. Martínez no pudo justificar su origen.
El hallazgo derivó en una causa por lavado de activos ante el Juzgado Federal de Santiago del Estero. El 24 de abril de 2023, la Cámara Federal de Tucumán confirmó su procesamiento, un mes antes de que ganara las elecciones municipales de Aguas Blancas. Ese expediente es distinto de la investigación por la que ahora se entregó.
Domiciliaria anterior
En diciembre de 2025, Martínez fue condenado en la Justicia provincial a un año y dos meses de prisión efectiva y cuatro años de inhabilitación para ejercer cargos públicos, por violación de secretos y entorpecimiento de acto funcional.
Pese a que la pena era de cumplimiento efectivo, le otorgaron prisión domiciliaria y cumplió la pena en su domicilio. Al momento de los allanamientos del sábado, la sanción de prisión ya estaba cumplida.
En un juicio abreviado admitió haber recibido y compartido con terceros información confidencial de la investigación por el asesinato de su hermano, César “Oreja” Martínez, acribillado en 2023. También reconoció haber influido sobre testigos y eliminado datos de dispositivos para entorpecer las pesquisas.