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El juez Federico Diez concedió la suspensión del juicio a prueba (probation) a Oscar Sosa, empleado de una óptica imputado por administración infiel, luego de que la investigación de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC) acreditara maniobras por más de 70 millones de pesos en perjuicio de la empresa. Como parte del acuerdo, el acusado deberá resarcir económicamente al damnificado, realizar donaciones mensuales de pañales al Hospital Público Materno Infantil durante un año y cumplir reglas de conducta.
La medida fue dispuesta en una audiencia en la que la auxiliar fiscal Paula Baccaro representó al Ministerio Público Fiscal, por expresa disposición de la fiscal penal interina de la UDEC, Ana Inés Salinas Odorisio. En ese marco, el magistrado homologó también el acuerdo de reparación integral alcanzado entre las partes.
Según se informó, el imputado abonó 25 millones de pesos mediante transferencia bancaria y se comprometió a pagar siete cuotas mensuales de un millón de pesos cada una, a partir de marzo, en concepto de resarcimiento. Además, deberá cumplir reglas de conducta durante el plazo fijado, entre ellas la obligación de no cometer nuevos delitos.
Tras la denuncia llegó la intervención de la UDEC
La intervención de la UDEC se inició en marzo de 2025, tras la denuncia presentada por el representante legal de una empresa dedicada a la comercialización de artículos ópticos y de audiología, contra un empleado que tenía a su cargo la administración de cuentas bancarias.
Las tareas investigativas realizadas por la Unidad de Delitos Económicos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) incluyeron análisis de movimientos bancarios, pericias contables, relevamiento documental y cruces de información patrimonial. A partir de ese trabajo, se logró reconstruir la operatoria desarrollada durante varios años y se determinó que, entre junio de 2020 y febrero de 2025, el acusado efectuó transferencias desde cuentas de la empresa hacia cuentas propias por más de 70 millones de pesos.
La maniobra fue detectada durante la licencia anual del imputado, cuando la persona que lo reemplazaba advirtió una transferencia de 500 mil pesos desde la cuenta de la empresa a su cuenta personal. Al ser consultado, Sosa no pudo justificar la operación y no retomó sus funciones laborales.
Finalmente, el análisis patrimonial permitió constatar un incremento incompatible con los ingresos declarados por el acusado como empleado de comercio de media jornada, elemento que terminó de consolidar la imputación en su contra.