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La Justicia Federal con asiento en Gualeguaychú logró desbaratar un plan que buscaba asesinar en el exterior al juez federal de Paraná, Leandro Ríos, y al fiscal general José Ignacio Candiotti, ambos vinculados a una causa por narcotráfico. Por su parte, la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación, presidida por el salteño Ricardo Toranzos, difundió un comunicado en el que manifestó su repudio y preocupación por el episodio.
De acuerdo con la pesquisa, la maniobra habría sido ideada por el presunto jefe narco Leonardo Airaldi, quien supuestamente pagó unos 40 mil dólares a un sicario uruguayo para concretar los ataques durante unas supuestas vacaciones de los magistrados en Uruguay. Sin embargo, los investigadores confirmaron que ninguno de los dos funcionarios judiciales viajó ni tenía previsto hacerlo.
El dato surgió a partir del testimonio de un interno ligado al narcotráfico, cuya declaración dio origen a la causa. Según su relato, el acusado buscaba vengarse de ambos funcionarios por el proceso judicial que lo llevará a juicio en los próximos días.
La investigación sobre Airaldi se extiende desde hace años y lo compromete no solo ante la justicia de Entre Ríos, sino también en otro expediente de mayor gravedad tramitado en Rosario.
Apoyo de la Corte
El caso generó inmediata repercusión en el ámbito institucional. El presidente del Consejo de la Magistratura y titular de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti, siguió de cerca la situación y mantuvo contacto con los funcionarios para garantizar su seguridad.
En tanto, el ministro de Seguridad provincial, Néstor Roncaglia, tomó conocimiento formal de las acusaciones tras un informe del Servicio Penitenciario. La declaración del recluso fue recibida por el fiscal federal Pedro Rebollo, quien solicitó al juez Hernán Viri una orden de allanamiento que se concretó el viernes.
Repudio y advertencia de los fiscales
La Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación (AFFUN) expresó su “enérgico repudio” al atentado y advirtió que se trata de un hecho de extrema gravedad institucional, al considerar que constituye un ataque directo a la autonomía del Ministerio Público y a la seguridad jurídica.
La entidad instó a las autoridades a reforzar de manera urgente las medidas de protección para los magistrados, sus familias y equipos de trabajo, y remarcó la necesidad de actualizar los protocolos de seguridad ante el aumento de amenazas contra operadores judiciales.
El caso continúa bajo investigación mientras se refuerzan las medidas de seguridad alrededor de los funcionarios judiciales involucrados.
A continuación, el comunicado completo:
La Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación (AFFUN) expresa su enérgico repudio al atentado contra sus vidas que sufriera el Fiscal General Dr. José Ignacio Candiotti y el Juez Federal Dr. Leandro Ríos, ambos de la provincia de Entre Rios, propiciando y acompañando a los encargados de las investigaciones para una pronta identificación y sometimiento a juicio, de todos sus responsables.
Dichos actos, no sólo resultan delitos muy graves, sino que además tienen una inusitada gravedad institucional, ya que son ataques inadmisibles a la autonomía e independencia del Ministerio Público y a la “seguridad jurídica” que debe regir en un Estado de Derecho.
Por ello, instamos a las autoridades gubernamentales a que agoten todas las medidas que permitan garantizar la seguridad de los magistrados, la de su familia y colaboradores, de manera efectiva y en forma inmediata, de modo tal “... que puedan ejercer sus funciones sin intimidación, trabas, hostigamiento, injerencias indebidas…” (cfe. Directrices sobre la Función de los Fiscales -Octavo Congreso de Naciones Unidas sobre Prevención y Tratamiento del Delincuente, La Habana, Cuba, 1990).
Este tipo de sucesos (ataques y hostigamientos a la persona o a los lugares de trabajo de los operadores judiciales), que cada vez son más frecuentes, evidencian la necesidad que los organismos gubernamentales competentes, inmediatamente confeccionen y actualicen, a los fines preventivos, la evaluación de riesgos en la tarea diaria de todos los fiscales, aún más ahora, que el sistema acusatorio los responsabiliza como directores exclusivos de las investigaciones.
Queda claro, que la reacción punitiva no disuade este tipo de conductas criminales, por lo que requiere una actitud proactiva y urgente, en especial cuando se observa que la hipotesis delictiva, en el caso que nos ocupa, parte de haberse desbaratado un plan criminal de un acusado por narcotrafico, conformado en una unidad carcelaria, que tenía por objetivo matar a los magistrados a través de un sicario, durante sus vacaciones en la República de Uruguay. Modalidad, que por otra parte, lamentablemente tuvo como consecuencia la muerte de un reconocido fiscal en un pais vecino.
Consecuentemente, la AFFUN y todos sus integrantes se pone a disposición para cualquier acción, colaboración o asistencia que tenga por finalidad establecer un protocolo de seguridad para los operadores de los Ministerios Públicos Fiscales, en el marco de los “Standards de Seguridad para los Fiscales y sus familiares”, que inicialmente fueron aprobados en la reunión llevada a cabo en la ciudad de Helsinski, Finlandia, el 1 de marzo de 2008 por la Asociación Internacional de Fiscales (IAP), y que luego fueron actualizados y adecuados para la region por la Asociación Interamericana de Ministerios Públicos (AIAMP) y la Federación Latinoamericana de Fiscales (FLF).
Ricardo Rafael TORANZOS Presidente
Susana Marta PERNAS Vicepresidente 1ra.
María Gloria ANDRE Vicepresidente 2da.
Silvia Carina JAIME Vicepresidente de funcionarios
Alberto Adrián María GENTILI Secretario General
Alejandro MARTI GARRO Tesorero
Mariana Judith GRINBERG Protesorera