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El Tribunal Oral Federal N°1 de Salta condenó a Martina Oliva, conocida mediáticamente como la “narcomodelo”, a 7 años de prisión efectiva por el delito de transporte de estupefacientes agravado por la participación de tres o más personas. La mujer continuará con arresto domiciliario hasta que la sentencia quede firme, ya que es jurisprudencia del tribunal mantener la medida de coerción vigente durante esa etapa del proceso.
En la misma causa también fue condenado su pareja, Gustavo Joaquín Tolaba. Por este hecho recibió una pena de 8 años de prisión, pero el tribunal dispuso acumular esa condena con otra anterior de 4 años, dictada el 28 de julio del año pasado por transporte de cocaína.
Como resultado de esa unificación de penas, Tolaba deberá cumplir una condena total de 10 años de prisión efectiva. Además, los jueces ordenaron el decomiso de una camioneta Toyota Hilux que estaba vinculada a la maniobra investigada.
La sentencia se conoció tras el juicio oral en el que ambos fueron considerados coautores de una operación de traslado de droga desde la zona de frontera hacia distintos centros de consumo. El tribunal determinó que la maniobra se realizó con la participación de varias personas, lo que agravó la calificación legal del delito.
El argumento del “amor” que rechazó el tribunal
Durante el proceso judicial, la defensa de Oliva intentó sostener que la mujer había actuado influenciada por el vínculo sentimental que mantenía con Tolaba.
Sin embargo, tanto la fiscalía como el tribunal descartaron esa explicación. En el adelanto de fundamentos del fallo, la jueza Cataldi sostuvo que “el amor es un sentimiento y aquí no estamos juzgando eso, aquí se juzgan hechos”.
La magistrada también cuestionó el planteo defensivo al señalar que reducir la conducta de una mujer a un acto motivado por amor responde a una visión machista, y que ese argumento desconoce el proceso de empoderamiento femenino de los últimos años.
Trasladaban droga desde la frontera
Se estableció que los acusados participaron en una organización dedicada al traslado de marihuana desde la ciudad de Orán hacia la capital salteña. Para evitar controles policiales, utilizaban la ruta provincial 1, un camino más largo, oscuro y en mal estado que, según explicó la fiscalía durante el juicio, tenía menos presencia de fuerzas de seguridad, especialmente durante la noche.
La maniobra se realizaba con la participación de varias personas que cumplían distintos roles dentro de la estructura criminal, lo que agravó la calificación legal del delito.
Entre los implicados se encontraba el revendedor José Burgos, quien recibía la droga en la ciudad de Salta y pagaba importantes sumas de dinero por cada cargamento.
Otros participantes de la organización fueron Ángela Cuenca, Benjamín Delgado, Juan Romero y Roberto Leiton, quienes ya habían reconocido su participación en el hecho y fueron condenados previamente mediante acuerdos judiciales.
Pruebas clave: chats, audios y transferencias
Durante el debate oral, la fiscalía presentó una gran cantidad de pruebas que incluyeron testimonios, documentación, audios y conversaciones de chat entre los integrantes de la organización.
También se analizaron transferencias bancarias que permitieron reconstruir el circuito de pago por los cargamentos de droga. Según se expuso en el juicio, Burgos podía pagar hasta seis millones de pesos por cada entrega de marihuana, dinero que era transferido a la cuenta de Oliva.
Un testigo señaló además que esas operaciones bancarias coincidían con los días y horarios en los que la pareja llegaba al domicilio del comprador para realizar la descarga de la droga.
La persecución que terminó con la banda
La organización fue desarticulada el 5 de febrero de 2025 durante un operativo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. En ese procedimiento, los investigadores detectaron varios vehículos que cumplían diferentes funciones dentro de la maniobra: algunos trasladaban la droga y otros actuaban como “punteros” o “barredores”, alertando sobre la presencia policial.
En medio del operativo se produjo una fuga a alta velocidad, durante la cual uno de los vehículos aceleró a más de 180 kilómetros por hora. En plena persecución, los ocupantes arrojaron los paquetes de droga por la ventanilla.
Posteriormente, los efectivos encontraron varios paquetes de marihuana a la vera de la ruta y entre los árboles, lo que permitió recuperar gran parte del cargamento.
El plan para lavar dinero
Otro de los elementos que surgieron durante el juicio fueron mensajes de audio y chats en los que Tolaba mencionaba la posibilidad de abrir un negocio legal para blanquear las ganancias del narcotráfico.
Según se expuso en el debate, el acusado le comentó a su madre que planeaba abrir una carnicería con el objetivo de “lavar” el dinero obtenido con la venta de droga.
El impacto del cargamento
Durante el alegato final, la fiscalía remarcó la gravedad de la maniobra investigada y señaló que la droga secuestrada podía transformarse en más de 471 mil dosis, lo que representaba un grave riesgo para la salud pública.
El tribunal coincidió con esa valoración al dictar las condenas contra los acusados, a quienes consideró coautores del transporte de estupefacientes dentro de una organización criminal dedicada al traslado de droga desde la frontera hacia el interior de la provincia.
El fallo fue dictado por las juezas María Alejandra Cataldi, Gabriela Elisa Catalano y Marta Liliana Snopek, integrantes del tribunal que llevó adelante el debate oral.
Durante el juicio, el Ministerio Público Fiscal estuvo representado por el fiscal general Eduardo Villalba y la auxiliar fiscal Florencia Altamirano.