inicia sesión o regístrate.
La causa por el femicidio de Natalia Cruz, la mujer de 37 años asesinada el 17 de febrero pasado en el barrio Luz y Fuerza de Campo Quijano, avanza con el principal acusado, Daniel Orlando Serapio (40), imputado como autor del crimen, y dos familiares bajo investigación por encubrimiento. En paralelo, la querella puso el foco en posibles fallas del Estado en la etapa previa al hecho.
El abogado de la familia de la víctima, Federico Vanni, explicó a Radio Salta que: "Es bastante importante el dictado de la prisión preventiva para los tres implicados en la causa: uno investigado por la autoría del femicidio y dos familiares como encubridores por haberle dado víveres e incluso refugio al femicida", señaló.
En ese marco, la querella impulsa una línea de investigación sobre el accionar de organismos estatales. "Estamos trabajando en una ampliación para investigar a funcionarios del Ministerio Público, del Poder Judicial y al personal policial, por el trabajo que debió ser preventivo dadas las denuncias previas", indicó.
Respecto de los hijos de la víctima, destacó que la prioridad fue su contención y resguardo. En ese sentido, la semana pasada se obtuvo un dictamen de la Secretaría de Niñez que avala la guarda de los menores en la hermana de Natalia.
En paralelo, continúa la tramitación para que accedan a los beneficios de la Ley Brisa. Según indicó, al encontrarse el acusado con vida, la aplicación plena de la medida está sujeta a una eventual condena por femicidio.
Sobre los familiares imputados por encubrimiento, el abogado indicó que, si bien no hay certezas definitivas hasta una condena, existen "indicios claros" e incluso declaraciones que reconocen la colaboración con el acusado. En ese sentido, consideró que la prueba reunida permite sostener la prisión preventiva y avanzar hacia un juicio.
En cuanto a los objetivos de la querella, Vanni sostuvo: "A la familia le debemos dos cosas: entender qué pasó, sobre todo en la etapa preventiva con una mujer que denunció y no recibió la protección estatal que debía tener, y por otro lado buscar justicia, aunque no será justa nunca porque para serlo Natalia debería estar viva".
En esa línea, agregó: "La familia nos manifiesta que, con Natalia asesinada cruelmente, qué justicia se le puede dar a los hijos, a la madre, a la hermana, menos aún cuando se trata de una persona que denunció de manera categórica violencia de género y suponía otra respuesta judicial".
Y remarcó que la investigación también apunta a determinar responsabilidades institucionales. "Nos queda investigar por qué la Justicia no actuó como debía, por qué no se lo imputó y por qué no se la cuidó, además de buscar justicia con la persona que la asesinó", expresó.
El letrado anticipó que esta semana realizarán una presentación formal al detectar múltiples falencias "Hay denuncias que no tuvieron tramitación penal, pese a que claramente tenían esa connotación, y de forma alevosa, y en un contexto de violencia de género", detalló.
En ese sentido, sostuvo que algunas presentaciones fueron derivadas a juzgados de violencia de género sin que se activara una investigación penal. "Hay al menos dos o tres denuncias que ni siquiera tienen movimiento por parte del Ministerio Público para acusar", concluyó.