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En medio de una seguidilla de amenazas en establecimientos educativos de Salta, la Policía de la Provincia emitió un comunicado oficial en el que advirtió sobre las consecuencias legales que pueden enfrentar quienes realicen este tipo de acciones.
Desde la institución remarcaron que toda persona que incurra en intimidaciones, amenazas, incitación a la violencia o falsas alarmas dentro de escuelas será puesta a disposición de la Justicia. Estas conductas están contempladas en el Código Penal y pueden derivar en sanciones de cumplimiento efectivo.
Además, se hizo especial hincapié en que no solo los mensajes escritos dentro de los establecimientos -como los detectados recientemente en baños escolares- pueden ser considerados delito, sino también aquellos difundidos a través de redes sociales, mensajería instantánea u otros medios digitales.
Responsabilidad de los adultos
Otro de los puntos centrales del comunicado es la responsabilidad de los adultos. La Policía recordó que los padres o tutores legales pueden ser responsables por los daños y perjuicios ocasionados por menores de edad a su cargo.
Este aspecto cobra relevancia en el actual contexto, donde varias de las amenazas detectadas en escuelas de la provincia están bajo investigación y ya derivaron en detenciones y demoras de jóvenes.
Un llamado a la prevención
La fuerza de seguridad también instó a la comunidad a actuar con responsabilidad y a dar aviso inmediato al Sistema de Emergencias 911 ante cualquier situación sospechosa o que represente un riesgo para la comunidad educativa.
El mensaje busca no solo informar, sino también generar conciencia, especialmente entre los jóvenes, sobre el impacto de este tipo de conductas. Más allá de tratarse, en algunos casos, de acciones impulsivas o sin medir consecuencias, pueden generar alarma social, activar operativos de seguridad y derivar en causas judiciales.
Un contexto que preocupa
Las advertencias llegan en un escenario donde se multiplicaron los mensajes intimidatorios en escuelas de la capital y el interior de Salta. Aunque en ninguno de los casos se concretaron hechos de violencia, el efecto inmediato fue la activación de protocolos, presencia policial y preocupación en las comunidades educativas.