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Fredy Josué Chocobar, juez de Paz de Aguaray, fue condenado por retener dinero correspondiente a cuotas alimentarias que debía entregar a dos beneficiarias. El funcionario reconoció los hechos durante un juicio abreviado realizado en Tartagal.
La sentencia estableció un año de prisión de ejecución condicional y dos años de inhabilitación. Chocobar fue considerado autor de administración fraudulenta e incumplimiento de los deberes de funcionario público, en concurso real por dos hechos.
La investigación comenzó a partir de denuncias relacionadas con fondos que eran depositados mensualmente en el Juzgado de Paz de Aguaray para cumplir acuerdos alimentarios. El dinero debía ser entregado a las beneficiarias, pero no llegó a sus destinatarias.
Dos hechos denunciados
En uno de los casos, Chocobar admitió que una mujer concurrió al organismo para retirar $370.000 y que él no le entregó esa suma. También reconoció un segundo hecho en el que otra beneficiaria tampoco recibió los fondos depositados con la misma finalidad.
La causa estuvo inicialmente encuadrada como estafa agravada por la condición de funcionario público e incumplimiento de los deberes de funcionario público. En la sentencia, la calificación quedó establecida como administración fraudulenta e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
El fiscal penal de Salvador Mazza, Jorge Armando Cazón, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia. El acuerdo de juicio abreviado, que incluyó el reconocimiento de los hechos, la pena y la devolución del dinero, fue homologado por el Tribunal de Juicio.
Con inmunidad constitucional
El proceso requirió la intervención previa de la Corte de Justicia de Salta porque Chocobar se encontraba alcanzado por inmunidad constitucional debido a su cargo como juez de Paz.
Cazón solicitó formalmente el allanamiento de esa inmunidad después de que el funcionario no se presentara a una audiencia de imputación. El pedido buscaba someterlo a la jurisdicción penal ordinaria y garantizar la continuidad de la investigación.
En diciembre de 2025, la Corte hizo lugar por unanimidad al requerimiento y dispuso, además, la suspensión provisoria de Chocobar en el cargo. La medida debía mantenerse mientras continuara vinculado al proceso penal.
La resolución permitió convocarlo nuevamente, concretar la imputación y avanzar con las distintas instancias de la causa. Ocho meses después de aquella decisión, el expediente concluyó con el reconocimiento de los hechos y la condena.
Deberá devolver el dinero
Como parte del acuerdo, Chocobar deberá restituir a las víctimas un total de $690.000. La devolución fue dividida en tres cuotas mensuales, la primera de las cuales ya fue depositada.
Durante dos años deberá fijar residencia y someterse al control del Programa de Inserción Social y Control de Presos y Liberados. También tendrá prohibido acercarse a menos de 300 metros de las víctimas, sus familiares, domicilios y lugares de trabajo.
Además, deberá abstenerse de realizar cualquier acto de amenaza o violencia física o psíquica contra las beneficiarias y sus familias. El cumplimiento de estas condiciones será necesario para que la pena de prisión continúe en suspenso.