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La destitución del juez de Garantías de Orán Claudio Parisi, imputado en cinco causas donde es investigado por supuestos sobornos y por incumplimiento de los deberes de un magistrado, es un avance importante y debería ser un llamado de alerta a toda la provincia, porque en este caso parece asomar la "cabeza del iceberg" de la penetración del narcotráfico en las instituciones salteñas. Concretamente, son causas en las que las malas decisiones judiciales permitieron, discrecionalmente, que recibieran el beneficio del arresto domiciliario algunas personas que continuaron, de ese modo, con su conducta delictiva.
Incluso, uno de los favorecidos, César Daniel "Oreja" Martínez, acusado de intento de femicidio, fue asesinado por sicarios mientras regaba el jardín de su casa. Los asesinos conformaban un comando equipado con armas de alto poder de fuego, que llegaron en motos y le dispararon 17 balazos. El muerto es hermano del ex intendente de Aguas Blancas, Carlos Alfredo "Conejo" Martínez, detenido y acusado de haber entorpecido la investigación del crimen.
La Procuración ya había detectado la morosidad de Claudio Parisi en la ejecución de pedidos de allanamientos y de secuestro de celulares, demoras que terminaron obstruyendo la investigación y, en definitiva, ocultando probables pruebas con argumentos inconsistentes. Incluso, la irregular publicación del pedido de los allanamientos, ingresada en un expediente por mesa de entradas terminó alertando a los investigados que fueron advertidos por cómplices que se ocuparon de obstruir los procedimientos.
La apertura de los celulares era un factor decisivo para verificar el alcance de los indicios tomados de comunicaciones entre una mujer dedicada al narcomenudeo y allegados al juez Parisi donde se solicitaba dinero a los detenidos para garantizarles que se mantendría el arresto domiciliario y, en consecuencia, la venta de drogas.
Por esas razones, el Jury de Enjuiciamiento resolvió por unanimidad su destitución del cargo de magistrado, con lo que Parisi deberá esperar, sin cargo y sin fueros, los fallos en cuatro causas abiertas.
El otro juez de Garantías de Orán investigado hechos similares es Francisco Oyarzú, quien sería sometido a enjuiciamiento el año próximo. Dentro de ese entramado de vínculos entre la institución, un abogado que habría operado en las maniobras irregulares, y el crimen organizado, queda a la vista una situación de enorme fragilidad en una de las zonas de mayor valor estratégico en la importación de estupefacientes.
A esto debe añadirse el caso del ex juez de Ejecución de Orán, Eduardo Laurencis, quien se jubiló antes de que le iniciara el jury por haber otorgado una salida extraordinaria al sicario Lino Moreno, condenado a prisión perpetua, quien se fugó mientras el magistrado demoraba casi dos meses la orden de captura. Nunca más se supo de Moreno.
Se trata del mismo enclave fronterizo donde el exjuez federal Raúl Reynoso fue condenado a 13 años de prisión por vínculos con el narcotráfico.
El último registro oficial, de 2023, consigna que ese año se produjeron en Salta 63 homicidios dolosos, 4,3 casos cada 100.000 habitantes; es la séptima tasa más alta del país. La primera fue Santa Fe, con 11 crímenes cada 100 mil habitantes.
Todos los jueces, funcionarios o legisladores que hayan sido imputados, deben ser investigados hasta la última instancia. No es admisible la impunidad para nadie. El subterfugio de jubilarse o renunciar antes del jury, no debe paralizar la acción de la Justicia y del Ministerio Público.
La ciudadanía necesita y reclama una Justicia transparente, expeditiva y sin diletancias.
Mientras las bandas criminales cuenten con complicidades en los poderes del Estado y, especialmente, encuentren el camino allanado por empresas y profesionales, el Estado de Derecho y la paz social de Salta seguirán seriamente amenazados.