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El escándalo judicial en Aguas Blancas no llama la atención, pese a las detenciones de su intendente Carlos Alfredo Martínez, intendente y del abogado Roberto Ortega Serrano. Es que mientras se espera que el Senado provincial intervenga el municipio, en los últimos años otras dos localidades del norte provincial ya pasaron por una situación similar: Aguaray y Salvador Mazza.
En mayo de 2020, el intendente de Aguaray Jorge Prado fue imputado por el robo de caños del Gasoducto NEA y en noviembre de ese año ordenaron su detención mientras intervenian el municipio. Un año más tarde fue condenado a la pena de seis años, pero la justicia decidió, en un polémico fallo, que no pase ese tiempo en prisión. Sin embargo Casación revocó la decisión y el exjefe comunal terminó en prisión.
Un año más tarde, Salvador Mazza corrió con la misma suerte: en octubre de 2021 fue ley la intervención al Ejecutivo de la mencionada localidad y Rubén Méndez dejó de ser el intendente.
¿Qué pasó? Méndez y varios de sus funcionarios fueron imputados por numerosos delitos, entre ellos, de enriquecimiento y asociación ilícita, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Durante el allanamiento le secuestraron 200 millones de pesos en efectivo.
En marzo de este año, casi tres años más tarde, el Cuerpo de Investigaciones Fiscales detalló que aún se aguardaba que el Tribunal de Juicio de Tartagal fije la fecha de inicio de la audiencia debate contra Méndez.
La causa de Aguas Blancas
Al intendente Carlos Alfredo Martínez, el pasado 6 de septiembre, la Unidad Fiscal actuante lo imputó por los delitos de entorpecimiento de acto funcional y violación de secretos. Fue convocado a declarar el 12 de septiembre, optando por hacerlo ante el Juez de Garantías. La misiva destaca que "son consortes de causa el Juez de Garantías N.º 2 del Distrito Judicial Norte, circunscripción Orán, Claudio Alejandro Parisi, y el abogado Roberto Ortega Serrano", bajo la sospecha fundada de que Ortega accedió al expediente a cargo del Juez Parisi sin justificación procesal, en el cual la mencionada Unidad Fiscal solicitaba allanamientos en los domicilios del intendente, antes de que fueran autorizados.
Esta información fue encontrada en los mensajes de WhatsApp del titular del ejecutivo municipal.
Cabe recordar que este lunes una Unidad Fiscal había solicitado la detención del jefe comunal, el juez de Orán Claudio Parisi y del abogado Ortega Serrano. Por ahora el único que se encuentra en libertad es el magistrado.