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En diálogo con El Tribuno, el ministro de Seguridad, Gaspar Solá Usandivaras explica el concepto de persecución penal inteligente, el rol de la Policía en investigaciones complejas y los cambios que se vienen con la reforma del Código Procesal Penal. Además, analiza el fenómeno del delito en Salta y alerta sobre el peso creciente de la violencia social y el consumo problemático de alcohol como disparadores de intervenciones policiales.
Ministro, se vienen tiempos de cambios en la Justicia, en la investigación judicial y en todas las tareas que atañen a la Policía, al Ministerio Público Fiscal, a todos los actores del sistema judicial. Están tratando el proyecto ahora en la Legislatura, pero se aplicaría en febrero de 2026 en el Distrito Judicial Centro y, luego, un año más tarde en los otros distritos. Para que la gente entienda: ¿qué cambia radicalmente? ¿Qué le cambia la vida a alguien cuando tenga un tema judicial?
Esta reforma del Código Procesal Penal era necesaria. No me quiero extender, pero creo que es imprescindible hacer un repaso histórico para entender dónde estamos y hacia dónde vamos. Hasta 1985, Salta tenía un sistema inquisitivo. Resumiendo: un sistema donde el juez investigaba y juzgaba; era escrito y secreto. Ese sistema venía influenciado por el modelo español y francés, concretamente del código criminal francés de 1808. Después pasamos en 1985 a un sistema mixto. Ahí aparece por primera vez la figura del fiscal. Aunque el juez seguía llevando la instrucción, ya había un fiscal como agente controlador. Se empiezan a separar roles. Aparecen las primeras audiencias de juicio.
En ese sistema mixto, y lo viví en la Justicia Federal antes del sistema acusatorip, el juez y el fiscal investigaban, y cuando se elevaba a juicio la causa pasaba a otro fiscal o juez. Muchas veces los mismos investigadores tenían que explicar medidas que tomaron con un juez o fiscal de instrucción ante otros jueces o fiscales en juicio. En 2011 Salta avanzó al sistema acusatorio, pero no era pleno. Había oralidad, pero en parte. La etapa investigativa seguía siendo escrita. Fue un avance clave: se marca el rol del fiscal como director de la investigación y se le quita la instrucción al juez. Es lógico: antes el juez investigaba y juzgaba.Y otro cambio importante: el mismo fiscal que investiga es el que va a juicio. Ya no se cambia de fiscal como en el sistema mixto.
También se crea el Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), lo que permitió profesionalizar la investigación con ciencia forense. Hoy tenemos profesionales de primer nivel, reconocidos internacionalmente. Se avanzó con fiscalías especializadas: homicidios, delitos económicos, delitos contra la integridad sexual, etc. Y en paralelo se trabajó para especializar grupos policiales que dependen funcionalmente de los fiscales especializados. Los investigadores de homicidios trabajan bajo fiscales de homicidios, por ejemplo.
¿Qué incorpora la reforma nueva?
Lleva a un sistema acusatorio adversarial pleno. La diferencia central es que desaparece el proceso escrito. Todo se hará por audiencias, filmadas, públicas salvo excepciones. Y en esas audiencias se resuelve en el momento. Un abogado pide libertad o prisión preventiva: va a audiencia y se decide ahí. No hay escritos esperando semanas o meses. También es más expeditivo para medidas de investigación. Un allanamiento: el fiscal va con investigadores ante el juez y lo pide ahí mismo, en el acto.
En el proyecto se menciona la incorporación del informante, el agente encubierto y el agente revelador. ¿Qué son sus funciones?
Son nuevas técnicas de investigación criminal. En realidad están reguladas desde 2016, pero ahora se incorporan al Código. El informante es una persona civil que provee información. Puede recibir pago según procedimiento. Se cuida la identidad. El agente encubierto es un miembro de una fuerza que se infiltra en una organización criminal. El agente revelador también es de fuerza de seguridad, pero simula una actividad para descubrir al delincuente.
Y el imputado colaborador, ¿cómo funciona?
Ahí entra otra figura: el acuerdo de colaboración. El famoso "arrepentido". El imputado colaborador aporta información a cambio de una negociación sobre su situación procesal o su pena. La idea es llegar al eslabón más alto.
Esto es fundamental para narcotráfico y corrupción. Porque, como sabemos, en corrupción siempre se corta por el hilo más delgado y los verdaderos corruptos nunca terminan respondiendo. Esta herramienta apunta directamente a eso.
Ministro, con todos estos cambios, ¿cómo se está preparando la Policía? Porque entiendo que son tareas de mucho más riesgo, como infiltrarse en organizaciones criminales.
Bueno, claramente esto va a implicar un cambio sustancial, no solamente para prepararse en estas nuevas técnicas —que si bien ya se están utilizando a nivel federal y nosotros también tenemos contacto y trabajamos a diario en coordinación permanente con las fuerzas federales y el Ministerio de Seguridad de la Nación— vamos a ir preparando nuestra fuerza, en eso estamos.
Pero acá lo más importante es que esta reforma va a implicar que los plazos se acorten y vamos a necesitar investigaciones más efectivas y eficientes. ¿Por qué? Porque cuando un fiscal vaya a defender una prisión preventiva, ya va a tener que ir casi con una investigación terminada, con elementos fuertes para pedir la preventiva. Esto nos pone a todos los actores a trabajar de manera más eficiente y también a especializarnos.
Tenemos convenios de especialización, pero creo que hay que avanzar hacia una ley que especialice a la Policía de investigación. Y, por sobre todo, todos los actores de la política criminal —Poder Judicial, Ministerio Público Fiscal y fuerzas de seguridad— vamos a tener que trabajar juntos y coordinar para una persecución penal inteligente.
Ese concepto lo repetís: persecución penal inteligente. ¿Qué significa en concreto?
Exactamente. Muchas veces se malinterpreta. Persecución penal inteligente no significa seleccionar qué delitos investigar. Todos los delitos se investigan. Lo que significa es enfocar recursos, esfuerzos y capacidades en los fenómenos que afectan a una jurisdicción en determinado momento.
Por ejemplo: microtráfico, violencia de género, delitos contra la propiedad. Se reúnen los actores, se define el fenómeno y se destinan recursos de manera inteligente, y luego se evalúa si se logró bajar o erradicar ese fenómeno. Así trabajan países como Chile, que planifican a cinco años y alinean Ministerio Público y fuerzas de seguridad.
También se menciona que los investigadores podrán ingresar a dispositivos de forma remota. ¿Esto ya funciona? ¿Cómo es?
Son técnicas investigativas para ciberdelito. Ya estaban en una ley del año pasado o anterior. Pero para que quede claro: no significa que los investigadores ingresan porque sí. Toda medida invasiva requiere autorización judicial. Siempre. Un fiscal propone, un juez autoriza. La reforma marca roles claros: fiscal que acusa e investiga, defensor que defiende y plantea su teoría del caso, y juez imparcial que decide. Toda medida de invasión a la intimidad la toma un juez.
¿Cómo se garantizan derechos en esos casos? ¿Quién define qué investigar y los plazos?
El fiscal es titular de la acción. Se propone una medida, el fiscal evalúa y la pide al juez. Y en la planificación general, entra otra vez la persecución penal inteligente: se define que una jurisdicción va a priorizar microtráfico, por ejemplo, y se planifica. Además, hay que empezar a medir de otro modo: no solo por cantidad de requerimientos de elevación a juicio o sentencias, sino por si bajó la conflictividad. Esta reforma nos lleva hacia eso.
Otro punto: la reiterancia. Se pidió en distintas provincias. ¿Qué cambia?
La reiterancia permite considerar no solo antecedentes condenatorios, sino la conducta delictiva total de una persona. Hoy, para decidir una prisión preventiva se mira si tiene condena. Con la reforma, si tiene varias causas abiertas por hurto, robo, etc., eso podrá ser considerado por el juez para dejarlo detenido. Es fundamental.
¿Todos estos cambios van a implicar más recursos, más policías? ¿Llegan para febrero de 2026?
Estamos trabajando en eso. Este año ingresaron más de 850 efectivos. Sí va a implicar mayores recursos, pero sobre todo mayor formación y capacitación, tanto para la Policía como para la Justicia. La Corte ya está reestructurando áreas y funciona una Oficina Judicial de Gestión de Audiencias y Casos: el juez ya no gestiona el expediente, solo va a audiencias a decidir. Eso se implementó por acordada en un plan piloto y ahora se formaliza por ley.
Si habrá más rapidez, ¿eso implica más detenidos? ¿Cómo está la capacidad carcelaria?
No necesariamente implica más detenciones, sí procesos más rápidos. Pero es un buen punto: la política criminal debe incluir al servicio penitenciario. Durante mucho tiempo no se trabajó en políticas penitenciarias ni infraestructura. Ya presentamos en el presupuesto 2026 mejoras de infraestructura, informatización y gestión.
También trabajamos en régimen correccional, beneficios, y agilización de análisis de penados. Hace dos días nos reunimos con la presidenta de la Corte, el Procurador y el Defensor General para esto.
Cuando hablás de infraestructura, ¿a qué te referís concretamente?
Ampliación de pabellones en unidades carcelarias. Estamos avanzando en un nuevo pabellón en la Granja Penal de Cerrillos; ampliación en la unidad de Tartagal —ya en proceso licitatorio, esperamos módulos nuevos para enero o febrero—; ampliación en Orán; obras de sanidad; y un pabellón de alto perfil en Villa Las Rosas que se inaugura en un mes. Son previsiones que se incluirán el Presupuesto 2026.
Ese pabellón de alto perfil, ¿cómo va a funcionar?
Justamente va a tener capacidad para diez o doce personas.
¿Y qué condiciones va a tener ese pabellón?
La idea es que las personas que, de acuerdo a una evaluación del servicio y con consentimiento del juez, puedan generar o alterar situaciones dentro del penal, puedan estar de alguna manera aisladas, con todas las condiciones y derechos que corresponden, pero más controladas.
También aquellas que puedan tener contacto con el exterior para manejar cierta organización criminal. Van a estar más controladas y supervisadas, en un pabellón específico con un grupo especial específico y seguridad específica. Hoy no hay eso en Villa Las Rosas. Por eso hicimos un convenio con Nación hace tres meses para poder trasladar presos de alto perfil a cárceles federales que sí tienen esos módulos.
¿Qué pasó el domingo pasado en la Alcaidía? Hay internos hospitalizados.
Sí. Fue una tragedia. Se originó en una celda donde había alrededor de veinte internos. Prendieron fuego un colchón. El personal del servicio actuó rápido, sofocó el incendio. Costó entrar porque habían trabado la puerta. Bomberos voluntarios de Castañares entraron luego para enfriar. Tenemos entre siete y ocho internos con lesiones considerables. El servicio está atento para brindar apoyo a familiares y personal. Todavía no se sabe el motivo; es materia de investigación penal.
Circuló la versión de que hubo demora en intervenir.
No, la intervención fue rápida. Si no, podría haber sido un desastre. Se hubiera propagado el fuego y no estaríamos hablando de lesionados, sino de veinte fallecidos. No queremos que vuelva a ocurrir. También hay que mejorar infraestructura penitenciaria.
Cuando asumí dije me iba a enfocar en el Servicio Penitenciario, Desde la primera entrevista planteé que había que trabajar no sólo con la Policía y la Justicia, sino en los penales. No se puede pensar en seguridad sólo como sacar delincuentes de la calle, también hay que tener infraestructura para recibirlos. Todos los actores de la política criminal debemos trabajar en el triángulo: servicio penitenciario, policía y justicia. No sólo policía y justicia.
¿Qué aprendiste como ministro de Seguridad que te sorprendió?
Aprendo a diario, sobre todo de la fuerza de seguridad. Pese a falta de recursos en muchos casos, hay compromiso total para cuidar la calle y al ciudadano. Ver cómo trabajan me enseñó que uno tiene que dejarlo todo. Lo que me llevo es que hay gente muy comprometida con la sociedad.
Si te tuvieras que ir, ¿qué te decepcionaría no haber cumplido?
Hay mucho por mejorar. Pero si me preguntás, me gustaría dejar áreas de investigación fuertes, sólidas, formadas y con recursos. La manera de bajar la conflictividad es sacando al delincuente de la calle, y eso se logra con investigadores fuertes, equipados y capacitados. Si me voy, quisiera irme dejando eso.
¿Qué delito está picando en punta hoy?
Más que delitos, si hablamos de intervención policial, el top ten de intervenciones tiene dos hechos vinculados a conflictividad social. El 80% de las intervenciones policiales están relacionadas a conflictividad social: violencia intrafamiliar, alcohol, desorden en vía pública, contravenciones.
En intervención policial, delitos contra la propiedad aparecen en el puesto doce. El alcohol está segundo. El alcohol está causando estragos. Un conflicto familiar puede terminar en tragedia. Muchas veces en seis cuadras hay dos hechos: violencia intrafamiliar y un robo en curso. Y el despachante debe decidir qué atender primero. No podés dejar un caso de violencia intrafamiliar porque puede haber riesgo de vida.
¿Cómo interviene la Policía en ese escenario?
Hoy la Policía también cumple un rol de contención social. El vecino reclama a la Policía porque es el único funcionario 24/7. Hay que trabajar en reducir la violencia no sólo desde el Estado sino también desde el sector privado y organizaciones intermedias.
Estamos bajando algunos delitos contra la propiedad con planificación, mapas del delito, datos del sistema de denuncias y operativos de protección ciudadana.
Este año detectamos más de 600 códigos rojos —personas con pedidos de comparendo o captura— circulando libremente. Eso lo logramos con operativos.
Es importante que les asignen recursos...
Sí. Queremos mejorar tiempos de respuesta y patrullaje. Se entregaron más de 140 unidades policiales este año, incluyendo 50 motos en la última entrega.
Pero no es sólo recurso material, también es planificación. A veces se dice "tal jurisdicción no tiene móvil", pero puede haber móviles de otras divisiones —motorizada, caballería, DSU, etc.— que se asignan vía Centro de Coordinación Operativa. No es sólo tener un móvil en la comisaría, sino administrar recursos desde el 911 y el CCO.