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La Sala IV del Tribunal de Impugnación redujo a tres años y seis meses las condenas de prisión efectiva que habían recibido hace un año atrás Patricia del Valle Argañaraz, exsecretaria general de la Asociación Docente Provincial (ADP), y Ana María Cerezo, extesorera de la entidad gremial, como coautoras de administración fraudulenta y 26 hechos de estafas reiteradas en el Fideicomiso Virgen de Urkupiña.
El tribunal, integrado por los jueces Guillermo Gustavo Akemeier y Federico Javier Armiñana Dohorman, también redujo a un año y seis meses las penas de ejecución condicional que fueron dictadas hace 12 meses para Raúl Dante Argañaraz y Nicolás Demetrio Zissi, como partícipes necesarios de administración fraudulenta y coautores de estafas reiteradas, en el sonado caso.
En noviembre de 2024, el juez José Luis Riera, de la Sala VI del Tribunal de Juicio, había condenado a Patricia Argañaraz y Cerezo a seis años de prisión efectiva. Esa sentencia había incluido penas de tres años, de ejecución condicional, para Raúl Argañaraz y Zissi.
En el juicio, la fiscal penal Ana Inés Salinas Odorissio, de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), había solicitado para la extitular y la extesorera de la ADP penas de siete años, argumentando que el grado de afectación económica y social de los delitos ameritaba una sanción ejemplar. En el debate se habían presentado testimonios de asociados perjudicados y pruebas reunidas durante la investigación que dirigió Salinas Odorissio. Entre los elementos que sostuvieron la acusación hubo constancias con las que se acreditó que los acusados habían utilizado facturas y documentos falsificados para justificar gastos inexistentes, desviando recursos económicos de la entidad gremial hacia fines personales. La Fiscalía, además, demostró que fueron promovidos contratos fraudulentos, ya que través del citado Fideicomiso se ofrecieron a asociados, a cambio de desembolsos económicos, viviendas que no les fueron entregadas.
Casación
Contra las condenas dictadas por el juez Riera las defensas técnicas presentaron recursos de casación, a los que la Sala IV del Tribunal de Impugnación no hizo lugar. Sin embargo, en el fallo que se conoció ayer, los magistrados Akemeier y Armiñana Dohorman decidieron casar la sentencia de noviembre de 2024 tras concluir que los 26 hechos de estafa atribuidos a los encausados constituyeron "un único hecho de estafa continuada" que concurrió con el delito de administración fraudulenta. Sobre ese razonamiento, los jueces de Impugnación fijaron para Patricia Argañaraz y Cerezo penas de tres años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo, más accesorias legales y costas. A su vez, para Raúl Argañaraz y Zissi establecieron penas de un año y seis meses de prisión de ejecución condicional, con costas, y manteniendo las reglas de conducta que les impuso el tribunal de grado. Dichas reglas incluyeron para ambos la obligación de presentarse cada seis meses ante la Dirección de Inserción Social y Supervisión de Liberados, abstenerse de consumir estupefacientes o abusar del alcohol, y evitar cometer nuevos delitos.
Sin inhabilitación
Para la exsecretaria general y la extesorera de la ADP, la Fiscalía había solicitado en el juicio una inhabilitación especial por diez años para ejercer cargos electivos en la ADP. Ese requerimiento fue rechazado por el juez Riera, quien tras dictar la sentencia ordenó la inmediata detención y traslado de ambas a la Unidad Carcelaria 4 de Villa Las Rosas.