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Con un comunicado difundido a través de su sitio oficial, la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT) informó que se encuentra en trámite un proceso colectivo que la Cámara de Agencias y Remises de Salta (Caresa) entabló contra la Municipalidad de Salta y ese organismo regulador por los servicios de pasajeros que funcionan con plataformas digitales como las de Uber y Didi, entre otras, y que fueron legalizados a través de la ordenanza 16.377, en abril de 2025, en la jurisdicción de la comuna capitalina.
Bajo el título de "Aviso judicial importante", el ente regulador que preside Marcelo Ferraris comunicó a la comunidad de usuarios que en la acción de amparo colectivo tramitada ante la jueza de Minas y en lo Comercial de Registro, María Victoria Mosmann, Caresa tiene reconocida la legitimación extraordinaria. Es decir que es la representante de clase del conjunto de los prestadores permisionarios del servicio público impropio de transporte por automotor de personas en la región metropolitana de Salta, regulado por la AMT, afectados por la presunta desigualdad de condiciones generada por el servicio de movilidad para usuarios de plataformas digitales de transporte instrumentado por el Municipio capitalino.
La AMT aclaró que publicó el aviso en su página web en cumplimiento de una orden judicial emitida por la jueza Mosmann para garantizar el conocimiento de los miembros de la clase involucrada durante toda la tramitación del proceso.
Igualdad de condiciones
El objeto del proceso, según resumió la AMT en el aviso, es la "inconstitucionalidad de la ordenanza 16.377 y/o igualdad de condiciones entre las agencias de remis y las aplicaciones digitales".
La resolución que dictó la jueza Mosmann se enmarca en un amparo colectivo que la Cámara de Agencias de Remises de Salta presentó con el patrocinio legal del abogado Daniel Nallar. Las demandadas son la Municipalidad de Salta y la AMT.
Con la acción las agencias de remises buscan que se garantice igualdad de condiciones entre ellas y las plataformas digitales de transporte, ya sea extendiendo las exigencias que tienen las agencias a las aplicaciones, o eliminando esas exigencias para las agencias.
Legitimación de Caresa
El pasado 29 de diciembre, tras un dictamen emitido por el procurador general de la Provincia, Pedro García Castiella, la jueza Mosmann reconoció la legitimación de la Cámara para representar colectivamente a los prestadores del servicio de remises en el proceso. En ese dictamen, el Procurador se pronunció por la legitimación e idoneidad de la representatividad colectiva de Caresa, instando a intimar a la Cámara de Agencieros al establecimiento de un régimen de atención para los integrantes de la clase postulada, a fin de asegurar la debida publicidad del trámite de la acción de amparo por cuenta de la entidad
Informes circunstanciados
Además de la orden de publicación del trámite del proceso, la jueza emplazó a las demandadas con cinco días para que presenten un informe circunstanciado sobre la cuestión que motivó las actuaciones. La magistrada dispuso que, dentro de los términos perentorios, la Municipalidad y la AMT aporten la totalidad de las pruebas, documentos y disposiciones legales y reglamentarias que estimen pertinentes en sustento de sus derechos.
A su vez, ordenó que la actora establezca un lugar de atención para informar a los integrantes de la clase representada en la demanda colectiva sobre el tramite del expediente.
Comunicación al Registro
En vista de que en la provincia se encuentra vigente la ley 7968, con la cual se creó en el ámbito de la Corte de Justicia el Registro Público de Procesos Colectivos en 2017, la jueza también dispuso que se libre un oficio a la Secretaría de Actuación del máximo tribunal de Salta, en cumplimiento de la correspondiente comunicación de los nombres y domicilios de las partes y de los letrados intervinientes, el tipo de proceso, la identificación de la clase involucrada, el objeto de la pretensión y la intervención otorgada al Ministerio Público.
Tras la sanción de la ordenanza 16.377, en abril de 2025, remiseros y taxistas denunciaron que la irrupción de automóviles e incluso motos que operan con pasajeros a través de aplicaciones como las de Uber, Didi, Salta Taxi y Salta 123, acentuó la desigualdad de condiciones y exigencias con las que operan unos y otros. A medida en que los servicios alternativos legalizados ganan cada vez más terreno, en el sector de taxis y remises ingresos y fuentes laborales se desgranan en un contexto de creciente incertidumbre.