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Avances ilegales sobre territorio argentino, desmontes en zonas protegidas, alambrados que bloquean caminos comunitarios y una frontera cada vez más movilizada hacia el este. Esa es la realidad que denuncian desde hace años las comunidades originarias asentadas a la vera del río Grande de Tarija, en el departamento San Martín, jurisdicción de General Mosconi, donde productores cañeros bolivianos continúan operando pese a haber sido formalmente intimados a cesar sus actividades.
El conflicto se concentra en una franja de cientos de hectáreas de selva pedemontana y yungas, donde productores provenientes del departamento de Tarija cruzan el río -transitable en épocas de estiaje-, desmontan, plantan caña de azúcar y luego trasladan la producción y la madera desforestada en forma ilegal, hacia Bolivia. Todo ocurre en suelo argentino, sin títulos de propiedad, sin autorizaciones ambientales y con denuncias reiteradas ante organismos nacionales.
"Es como estar encerrados en nuestro propio país", resume Natalí Vázquez, cacique de la comunidad aba guaraní de El Trementinal, una de las más afectadas por el avance irregular. Según relató, los cañeros colocaron alambrados, portones con cadenas y candados que impiden el paso por caminos ancestrales que las familias utilizan para abastecerse, acceder a atención médica o trasladarse entre parajes.
Fuerzas extranjeras
Las denuncias no se limitan al aspecto productivo. Las comunidades aseguran ser víctimas de amenazas permanentes por parte del líder de los cañeros bermejeños, Horacio Cruz, quien -según los testimonios- se desplaza armado y actúa con respaldo de fuerzas militares bolivianas que llegan a operar directamente en territorio argentino.
"Cuando reclamamos, traen a la policía boliviana. Como acá no hay autoridades permanentes, entran, se paran en los caminos y no nos dejan pasar. Si hay un enfermo o un niño, igual bloquean el paso", denunció Vázquez. La situación se agrava porque muchos pobladores temen realizar presentaciones formales: quienes lo hacen, aseguran, luego son denunciados en Bolivia y amenazados con detenciones al cruzar la frontera. Cabe recordar que, ante lo alejado del paraje, los pobladores argentinos se ven obligados en muchas situaciones a entrar a territorio boliviano para buscar víveres y atención en Aguas Blancas.
Claves del conflicto
- Zona afectada: Ribera del río Grande de Tarija, en el departamento San Martín.
- Impacto ambiental: Desmontes ilegales en selva pedemontana y yungas
- Actividad denunciada: Desforestación, plantación y contrabando de caña de azúcar
- Afectados: Entre 90 y 100 familias aba guaraníes
- Riesgo institucional: Intervención de fuerzas bolivianas en suelo argentino
- Estado actual: Denuncias en trámite, sin controles permanentes
- Acciones en territorio: Efectivos de Gendarmería nacional llegan al lugar en recorridas, pero sin puesto fijo.
Intervención parcial en la zona
Intervención parcial en la zona Según relataron los pobladores, en 2024 se concretaron algunas intervenciones oficiales: relevamientos de hitos fronterizos, inspecciones técnicas y la presencia temporaria de fuerzas federales. Sin embargo, ninguna de esas acciones se tradujo en una solución estructural.
"Cuando Gendarmería se retira, ellos vuelven. Es siempre lo mismo", repiten los referentes comunitarios, que insisten en la necesidad de un puesto fijo.
Un negocio ilegal impune y que no se detiene
Además del impacto social y ambiental, el conflicto tiene una dimensión económica y penal. Según consta en presentaciones judiciales, más de 150.000 toneladas de caña de azúcar habrían sido extraídas ilegalmente de territorio argentino y trasladadas en camiones hacia Bolivia, con destino al ingenio Industrias Agrícolas.
El esquema se repite: durante el estiaje, los camiones cruzan el cauce "a piso", cargan caña cultivada en campos desmontados del lado argentino y regresan sin controles efectivos. La madera de la deforestación también es retirada del lugar.
La espera desespera
Las comunidades aseguran haber cumplido todos los pasos administrativos y judiciales. Intervinieron Gendarmería Nacional, técnicos para la verificación de hitos fronterizos y abogados enviados por el Estado. También hubo contactos con la Dirección Nacional de Fronteras y presentaciones ante la Justicia Federal. Sin embargo, los operativos no fueron permanentes.
"Gendarmería viene un tiempo y después se va. Cuando se retiran, ellos vuelven como si nada. No les secuestran camiones, no les quitan las máquinas. Así se sienten impunes", explicó la cacique.
Desde las comunidades reclaman la instalación urgente de un puesto fijo de Gendarmería, el replanteo definitivo de los mojones fronterizos en zonas firmes y una intervención sostenida del Estado nacional.
Excede lo local
El caso ya generó presentaciones ante la Fiscalía Federal de Orán y alertas a organismos como el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, la Aduana y áreas de Seguridad. Sin embargo, en el territorio, la sensación es de abandono. Desde las comunidades recuerdan que incluso se detectó el corrimiento intencional de mojones internacionales, aprovechando la dinámica natural del río y la ausencia de controles constantes.
"Nos están sacando el monte, el sustento, la tranquilidad. Y todo pasa delante de todos, como si esta parte del país no existiera", advierten desde El Trementinal. Mientras tanto, la frontera sigue corriéndose, hectárea a hectárea, en silencio.