inicia sesión o regístrate.
El escándalo por la presentación de postítulos apócrifos en el sistema educativo de Salta ya tiene 53 docentes imputados por la Justicia y el Ministerio de Educación avanza en paralelo con sumarios administrativos que podrían derivar en sanciones severas, incluida la cesantía.
La investigación está a cargo de la fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, y se inició tras una denuncia formal presentada el 17 de diciembre de 2025 por el secretario de Gestión Educativa, Williams Becker, luego de una auditoría interna que detectó una maniobra masiva de certificados irregulares.
En declaraciones a Radio Salta, Becker respaldó el avance judicial y sostuvo que las pruebas reunidas son "contundentes". "Nosotros sabíamos al principio que la prueba era muy contundente, por eso tomamos la decisión con la ministra de hacer la denuncia", afirmó. Y agregó: "La celeridad de estas medidas pone de relieve que esto era verdaderamente así".
Según detalló la investigación, los docentes eran captados a través de Facebook mediante perfiles como "Cursos Educar" o bajo el alias "Ana Guzmán". Allí se ofrecían diplomaturas y postítulos con puntaje docente, supuestamente avalados por instituciones reales. El mecanismo era simple: tras el contacto inicial, se enviaba un listado —una suerte de "menú"— de opciones disponibles.
"Había una racionalidad del vendedor que decía: mirá, si vos tenés que hacer una diplomatura son meses, tenés que hacer trabajos, pagar cuotas. Acá es más sencillo: hacés una sola transferencia y en un par de horas tenés el certificado", relató Becker, quien aseguró haber aportado audios como prueba en la causa.
Hasta el momento se identificaron 237 docentes involucrados en distintos niveles de análisis, aunque 53 ya fueron formalmente imputados.
Los pagos iban desde los 95.000 hasta los 360.000 pesos, aunque el funcionario señaló que incluso detectaron montos superiores. A cambio, los docentes recibían certificados en formato PDF, con firmas y sellos escaneados. El análisis posterior de la Dirección de Control y Acreditación de Títulos confirmó que la mayoría de los números de registro no existían en bases oficiales, presentaban duplicaciones o correspondían a numeraciones inexistentes.
Para Becker, el argumento de que algunos involucrados serían "víctimas" no resiste análisis. "No había un cursado ni un itinerario formativo. Era simplemente una transacción comercial. Pagarte conscientemente por obtener puntaje para acceder a un cargo en el Ministerio de Educación", sostuvo. Y añadió: "Los docentes sabían perfectamente que estaban contribuyendo a una estafa al sistema educativo".
Los certificados falsos se ofrecían a través de perfiles de Facebook. Se entregaban en PDF con firmas y sellos escaneados. Se pagaba entre 95 y $360.000.
Hasta el momento, la investigación determinó que 53 docentes mejoraron su orden de mérito y que 9 accedieron a horas cátedra con documentación apócrifa. Sin embargo, Becker fue prudente respecto a la posibilidad de que el número crezca.
Explicó que la Fiscalía está realizando un trabajo técnico para "deslindar responsabilidades" y determinar en qué casos los certificados falsos incidieron directamente en el acceso a cargos. "Eso es algo que hay que determinar de una manera muy técnica y específica. Quizá en las próximas semanas o meses pueda ir aumentando ese número", señaló.
En paralelo a la causa penal, el Ministerio activó la vía disciplinaria interna. "La vía sumarial tiene sus propios procesos e incluye instancias en las que los docentes pueden plantear sus descargos", explicó Becker. Confirmó que ya se abrieron algunos expedientes y que siguen llegando actuaciones desde las Juntas Calificadoras de nivel primario y secundario.
Sobre las posibles sanciones, fue claro: "No queda descartado retirarle el cargo, obviamente después de que esto se confirme. Es una de las posibilidades en razón de la gravedad de las faltas que cometieron".
La investigación también permitió identificar una estructura organizada con ramificaciones en el norte y sur de la provincia y conexiones en San Carlos de Bariloche. Según consta en la causa, una docente del sur provincial cumplía el rol de captación y nexo territorial; otra mujer en el norte brindaba soporte y canalizaba consultas bajo identidad ficticia.