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La postal se repite cada vez con más frecuencia en Salta: trabajadores en relación de dependencia, sin bienes a su nombre, que llegan a Tribunales con una decisión extrema: pedir su propia quiebra. Lejos de la imagen tradicional ligada a empresas, el fenómeno expone el impacto de la crisis económica.
El crecimiento de las quiebras personales dejó de ser una rareza. Según confirmó a Radio Salta la jueza de 1ra. Instancia de Concursos, Quiebras y Sociedades de 2da. Nominación, Victoria Ambrosini, en lo que va del 2026, su juzgado ya registra 40 pedidos de quiebra, cifra que debe duplicarse al considerar los dos juzgados en la provincia. Esto anticipa un escenario similar al de 2025, cuando los expedientes superaron los 300 en todo el fuero.
La tendencia no es nueva: comenzó a observarse alrededor de 2018, pero tuvo un incremento significativo el año pasado y, según la magistrada, "este año parecería indicar que va a ser como el año pasado".
A diferencia de lo que ocurre con las personas físicas, Ambrosini aclaró que no se registra un incremento importante en quiebras o concursos de empresas o PyMEs.
El perfil del deudor es claro y rompe con varios estereotipos: son personas que están trabajando, en relación de dependencia, tanto en el ámbito público como privado, pero que no poseen bienes registrables a su nombre.
"No tienen casa, no tienen auto", explicó la jueza, quien además indicó que la mayoría se encuentra en edad activa, con un promedio estimado entre los 30 y 50 años. No hay un monto promedio de deuda: cada caso depende de la situación financiera individual.
Detrás de cada pedido de quiebra hay un patrón que se repite: deudas de consumo en general que se vuelven impagables. En muchos casos, el origen está en el uso de tarjetas de crédito, seguido por la toma de préstamos personales para cubrir compromisos previos.
De la tarjeta a la deuda impagable
"En general, son deudas financieras que acá llegan con el paquete entero. Parecería que se inicia por ahí con la tarjeta y después se va refinanciando", explicó Ambrosini.
El problema se agrava cuando las cuotas superan los ingresos y la situación se vuelve insostenible.
"No hay, en términos generales, mala fe de la gente porque hay un ideario popular de ´me endeudo y después no pago´, pero no, esta es una situación, una circunstancia en la que se encuentra un sector de la población que recurre a esta herramienta legal que encontró porque le sirve, aunque no es la legislación más apropiada para eso, por supuesto", hizo hincapié.
La quiebra, en términos legales, es un proceso pensado para liquidar bienes y distribuirlos entre acreedores. Pero en estos casos ocurre lo contrario: quienes la solicitan no tienen bienes que liquidar, lo que convierte al procedimiento en algo atípico.
"No hay, en general, mala fe de la gente. Esta es una circunstancia en la que se encuentra un sector de la población que recurre a esta herramienta legal que encontró"
"La quiebra es un proceso donde se liquidan bienes, y estas son personas que la piden y no tienen bienes", advirtió la jueza.
Aun así, el trámite sigue su curso como cualquier quiebra: interviene un síndico que analiza la situación patrimonial y la deuda. En muchos casos, al tratarse de trabajadores en relación de dependencia, se dispone el embargo de hasta el 20% del salario. Sin embargo, lo recaudado no siempre alcanza para cubrir todo el proceso.
"Los que cobran muy poco, casi nada, son los acreedores", señaló Ambrosini, aunque aclaró que en sus expedientes sí se logra pagar al síndico.
El aumento de estos casos también impacta en el funcionamiento del sistema judicial. La jueza remarcó que prestar el servicio hoy requiere de un esfuerzo extra para todo el juzgado y planteó la necesidad de reformar la ley nacional para que exista un procedimiento específico para estas personas, sin bienes.
En un contexto económico donde las deudas se vuelven cada vez más difíciles de sostener, evitar endeudarse más allá de lo posible aparece como una clave para no llegar a una instancia extrema.