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La jueza Penal Juvenil 1, Tatiana Dip, explicó que la mayoría de los delitos cometidos por jóvenes en la provincia están vinculados contra la propiedad, principalmente hurtos y robos. Sin embargo, aclaró que no todos los hechos son punibles, ya que esto depende tanto de la edad como de la calificación del delito. En ese sentido, destacó que la nueva normativa ampliará la punibilidad a partir de los 14 años, aunque con un enfoque que prioriza medidas alternativas a la detención y la reinserción social.
Durante 2024, un total de 1.272 niños, niñas y adolescentes ingresaron al sistema penal juvenil en la provincia de Salta, en el marco de 1.416 causas, según datos aportados por los juzgados y tribunales de menores al mapeo nacional de la Corte de Justicia de la Nación. Aún no se cerraron los datos del 2025. El panorama, que refleja el funcionamiento actual del sistema, pone en evidencia la necesidad de fortalecer recursos estatales y ajustar protocolos de intervención de cara a la implementación de la nueva Ley 17.801 de Responsabilidad Penal Juvenil.
Plazo hasta septiembre
De cara a la entrada en vigencia de la ley, la magistrada advirtió que el principal desafío será garantizar condiciones reales para su aplicación. Señaló que existe un plazo hasta septiembre para evaluar con qué recursos cuentan el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y el Ministerio Público, y remarcó que la efectividad del nuevo régimen dependerá de la articulación entre todos los actores involucrados. En ese marco, insistió en que no alcanza con modificar la edad de punibilidad si no se desarrollan programas de acompañamiento, educación y contención que eviten la reincidencia.
Dip también puso el foco en una serie de conductas de riesgo que se repiten entre adolescentes y que, en muchos casos, derivan en intervenciones judiciales. Mencionó situaciones de violencia de género en los primeros vínculos afectivos y conductas sexuales no consentidas, especialmente en ámbitos escolares y comunitarios. Según indicó, estos escenarios vienen siendo abordados desde hace años a través de protocolos de prevención que buscan promover el respeto y reducir la violencia.
Situación en Salta
En términos estadísticos, el informe revela que 398 menores de entre 13 y 17 años estuvieron sujetos a medidas de privación de la libertad o alojamientos institucionales, incluyendo centros de detención judicial, comisarías, dispositivos de régimen semi restringido y modalidades domiciliarias. A pesar de estos números, la jueza subrayó que Salta presenta índices más bajos de delitos cometidos por menores en comparación con otras provincias, aunque advirtió que la prevención sigue siendo un eje central.
Finalmente, la magistrada insistió en que el abordaje del fenómeno no debe centrarse únicamente en la sanción penal, sino en estrategias integrales de prevención. Destacó el rol de la escuela y de los espacios comunitarios en la formación de conductas y en la comprensión de las consecuencias de los actos, como herramientas clave para disminuir situaciones de riesgo. En ese contexto, el fortalecimiento de políticas públicas y la preparación institucional aparecen como aspectos fundamentales para consolidar un sistema de justicia juvenil orientado a la contención y la reinserción.