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La referente de Comerciantes Unidos, Carol Ramos, trazó un panorama complejo sobre la realidad del comercio en la ciudad de Salta, durante su encuentro con los periodistas de "La mañana en Radio Salta". Según explicó, los negocios locales enfrentan una combinación de caída del consumo, incrementos abruptos en los costos operativos y sanciones oficiales que consideran excesivas.
Desde la organización sostienen que los organismos de control aplican multas con valores que no guardan relación con las faltas que se penalizan y que, en muchos casos, resultan imposibles de afrontar para pequeños y medianos comercios. La lógica sancionatoria, afirman, se percibe como recaudatoria y genera preocupación e incertidumbre entre quienes dependen de la actividad para sostener sus negocios.
A esta situación se suma una marcada retracción de las ventas, producto de la falta de circulante y del escenario económico nacional. Para los comerciantes, la recesión se refleja de manera directa en las cajas diarias, y no se esperan mejoras en el corto plazo.
En el plano local, la dirigente señaló que muchos negocios optaron por trasladarse a zonas con costos más bajos o reconvertirse a otras actividades ante la imposibilidad de sostener alquileres que, combinados con las facturas de energía, resultan inviables. Incluso mencionó que Comerciantes Unidos presentó un recurso judicial frente al aumento de tarifas, aunque sin avances concretos.
La organización alcanzó alrededor de mil comercios adheridos en su punto más alto y remarca que su rol es representar al conjunto del sector, independientemente de la afiliación formal.
Entre las medidas que consideran prioritarias, proponen una auditoría nacional sobre organismos reguladores, la revisión de las unidades tributarias municipales, un sistema de multas proporcional y transparente, paritarias negociadas por empresa y una reforma laboral que contemple la realidad de las pymes.
Según Comerciantes Unidos, estas acciones serían pasos esenciales para evitar el cierre de más locales y recuperar un mínimo de estabilidad para quienes sostienen su actividad diaria en un contexto económico adverso.