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El casamiento de Nicole Pocovi y Federico Maran en la Quebrada de las Conchas, en Cafayate, sigue generando repercusiones y ahora suma un nuevo foco: los vínculos de la pareja con figuras del poder. La boda, realizada en un área natural protegida, es investigada por la Justicia ante sospechas de autorizaciones irregulares.
En medio de la polémica, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, salió a desmentir versiones que lo vinculaban con el evento. “Nunca estuve ni yo ni Lule”, aseguró, luego de que trascendiera que habría sido invitado junto a su primo Eduardo “Lule” Menem.
La novia es hija de Marcelo Adolfo Pocovi, quien tuvo una relación con Zulemita Menem, madre de su hijo menor. En ese contexto, también se conocieron declaraciones públicas de Zulemita sobre ese vínculo.
Además, uno de los hermanos de la novia, Kevin Pocovi, aparece vinculado a la empresa Inversora Eslava S.A., que firmó un contrato millonario con el PAMI en 2024 por el alquiler de oficinas en Buenos Aires. Ese inmueble habría sido utilizado en actividades políticas. También constituyó una sociedad en Salta, con múltiples rubros que incluyen desde indumentaria hasta construcción e inmobiliaria.
Otro de los hermanos, Alan Pocovi, está mencionado en la denominada “causa Andis”, donde se investigan presuntas maniobras de direccionamiento de contratos para insumos destinados a personas con discapacidad y el posterior manejo de fondos.
Por su parte, el novio, Federico Maran, mantiene un perfil más bajo y es socio de la concesionaria Auto Milano.
La causa judicial por el casamiento avanza en paralelo. La celebración se realizó en un sector protegido por la ley provincial 6806. Según denuncias, el evento se llevó adelante con una supuesta autorización ambiental que fue calificada como “documento apócrifo” por la Secretaría de Ambiente de la provincia.
La intendenta de Cafayate, Rita Guevara, confirmó que realizó una denuncia penal antes de la boda al no contar con información oficial sobre la actividad. También señaló que se solicitó intervención policial para verificar lo que ocurría en el lugar.
La investigación está a cargo de la fiscal penal de Cafayate, Sandra Rojas, quien analiza si se utilizó documentación falsa para habilitar el evento. En paralelo, interviene la Unidad Fiscal Contravencional por la posible realización de la fiesta sin cumplir con las autorizaciones administrativas correspondientes.