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La polémica por la realización de una boda en la Quebrada de las Conchas sumó un capítulo clave con la intervención de la Fiscalía. La fiscal penal de Cafayate, Sandra Rojas, inició una investigación ante la sospecha de que el evento se realizó con un permiso presuntamente falso en un área natural protegida. La causa se activó tras la circulación de un documento que habría sido presentado como autorización para el evento, pero que, según las autoridades, no fue emitido por el organismo ambiental competente.
Desde el Ministerio Público Fiscal se investiga si existió falsificación de instrumento público, un delito que podría derivar en consecuencias penales para los responsables.
El expediente busca determinar la autenticidad del permiso presentado y establecer si hubo maniobras irregulares para habilitar el evento.
Foto: enzobarrios (Instagram)
Intervención paralela por infracción contravencional
En paralelo, la Unidad Fiscal Contravencional tomó intervención por la posible realización del evento sin cumplir con la autorización administrativa exigida.
Este aspecto apunta a determinar si se violaron normativas vigentes en materia ambiental y de uso de espacios protegidos.
Foto: enzobarrios (Instagram)
El origen del escándalo
El caso se hizo público tras la difusión de imágenes de una boda realizada en la zona de La Punilla, sobre la Ruta Nacional 68, a pocos kilómetros de Cafayate.
La viralización generó una fuerte reacción y encendió alarmas sobre el cumplimiento de las normas ambientales en uno de los paisajes más emblemáticos de Salta.
El permiso bajo sospecha
El eje de la investigación gira en torno a la validez del documento presentado por los organizadores.
Desde la Provincia fueron contundentes: el permiso es apócrifo y no cuenta con respaldo oficial.
El secretario de Ambiente, Alejandro Aldazábal, afirmó que su firma habría sido falsificada: “No autoricé nada, ese documento es falso”, aseguró el funcionario.
Denuncia penal y gravedad institucional
A partir de esta situación, se radicó una denuncia penal que quedó registrada el 23 de marzo en la Fiscalía Penal de Cafayate.
Las autoridades remarcaron la gravedad institucional del hecho, no solo por la posible falsificación documental, sino también por la realización de una actividad sin control ambiental.
La Municipalidad también intervino
La Municipalidad de Cafayate también avanzó con una denuncia y remarcó que el evento se llevó a cabo en una zona con normativas específicas de preservación.
La intendenta Rita Guevara indicó que existieron consultas previas, pero que no se concretaron los trámites formales requeridos.
Un área protegida bajo normativa estricta
Las actividades en la Quebrada de las Conchas están reguladas por la Ley Provincial de Medio Ambiente y el Sistema de Áreas Protegidas.
Estas normativas exigen evaluaciones de impacto ambiental previas y autorizaciones formales con respaldo técnico.
El caso reavivó la discusión sobre el uso de áreas protegidas para eventos privados.
También puso en el centro del debate los controles del Estado y la preservación de patrimonios naturales.
La defensa de los organizadores
Desde el entorno del evento, una mujer que se identificó como propietaria del lugar defendió la realización de la boda.
Aseguró que contaban con permisos y planteó si no tenía derecho a realizar un evento familiar en su propiedad.
Más allá del aspecto legal, especialistas advierten sobre el impacto que estos eventos pueden generar en ecosistemas frágiles.
La presencia de personas, iluminación y sonido puede alterar la fauna, la flora y el equilibrio natural.