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Una fuerte polémica se desató en las últimas horas en torno a la realización de una fiesta privada en la Quebrada de las Conchas, un área natural protegida ubicada sobre la ruta nacional 68, en el paraje La Punilla, a 17 kilómetros de Cafayate. El caso escaló rápidamente tras la difusión de imágenes del evento y la sospecha de que se habría llevado a cabo sin los permisos correspondientes.´
La controversia sumó otro capítulo cuando el Ministerio de Producción y Minería de la Provincia, a través de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, advirtió que el documento que circuló como supuesta autorización "no fue emitido por la autoridad ambiental competente". A partir de ello, se iniciaron actuaciones administrativas y una denuncia formal para esclarecer los hechos.
El eje del conflicto radica en la validez de una autorización que habría sido presentada para la realización del evento. Desde la Provincia fueron categóricos: el permiso es apócrifo y no cuenta con respaldo oficial.
El propio secretario de Ambiente, Alejandro Aldazábal, aseguró que su firma habría sido falsificada. "No autoricé nada, ese documento es falso", sostuvo, al tiempo que confirmó la radicación de una denuncia penal por presunta falsificación de instrumento público. La causa quedó registrada el 23 de marzo en la Fiscalía Penal de Cafayate.
El funcionario también remarcó la gravedad institucional del hecho, no solo por la posible adulteración documental, sino por la realización de una actividad sin control ambiental en un área protegida.
En paralelo, la Municipalidad de Cafayate informó que también avanzó con una denuncia y remarcó que el evento -una boda- se realizó en una zona donde rigen normativas específicas de preservación.
La intendenta Rita Guevara señaló que existieron consultas previas por parte de los organizadores, aunque no se habrían concretado los trámites formales exigidos. "Tengo la obligación de salvaguardar los espacios y el ambiente", afirmó.
Las actividades en áreas protegidas están reguladas por la Ley Provincial de Medio Ambiente y el Sistema de Áreas Protegidas, que exigen evaluaciones de impacto ambiental previas y autorizaciones formales con respaldo técnico y jurídico.
Desde la Secretaría de Ambiente recordaron que ningún permiso es válido si no se tramita por canales oficiales y bajo los procedimientos establecidos.
El expediente ahora busca determinar si efectivamente hubo falsificación documental, responsabilidades administrativas y eventual daño ambiental. La intervención del Ministerio Público podría ampliar el alcance de la investigación.
Mientras tanto, el episodio volvió a poner en el centro del debate los controles sobre las áreas protegidas en Salta y el equilibrio entre el uso privado de la tierra y la preservación de patrimonios naturales de alto valor.
Boda familiar y un descargo en las redes
Del otro lado, una mujer que se identificó como propietaria de un inmueble en el lugar, defendió la realización del evento y aseguró que contaban con los permisos necesarios. Incluso planteó si no tiene derecho a celebrar una boda familiar dentro de su propiedad, lo que reavivó el debate en redes sociales. Más allá de la discusión administrativa, especialistas advierten sobre el impacto que este tipo de eventos puede generar en ecosistemas frágiles. La presencia masiva de personas, junto con iluminación artificial, sonido y movimiento, puede alterar la fauna, afectar la flora y acelerar procesos de erosión.