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Un verdadero escándalo comenzó a tomar forma en las últimas horas tras la realización de una fiesta de casamiento en la reserva natural provincial de la Quebrada de las Conchas, Cafayate. Lo que inicialmente parecía un evento exclusivo en un paisaje emblemático del Valle Calchaquí derivó en una investigación judicial por presuntas irregularidades en las autorizaciones, posibles firmas apócrifas y el incumplimiento de normativas ambientales, además de serios cruces políticos sobre las responsabilidades.
La causa es impulsada por la fiscal penal de Cafayate, Sandra Rojas, quien inició actuaciones ante la sospecha de que el permiso presentado para habilitar el evento podría ser falso. La intervención del Ministerio Público Fiscal se produjo luego de la denuncia originada por la circulación de un documento cuya autenticidad fue puesta en duda por organismos competentes, que aseguraron no haberlo emitido.
La celebración se llevó a cabo días atrás en un sector de la Quebrada de las Conchas, un área de alto valor ambiental y turístico. Más allá del impacto que pudo haber generado la instalación de estructuras y el movimiento de asistentes, el foco de la controversia se centra en la legalidad de los permisos.
Desde la Secretaría de Ambiente de la Provincia confirmaron que este tipo de eventos pueden autorizarse, pero únicamente bajo estrictos protocolos de conservación. En ese marco, la eventual falsificación de documentación adquiere especial gravedad.
Al mismo tiempo, guardaparques y técnicos del área ambiental continúan trabajando en el lugar para elaborar informes que permitan determinar si hubo daños en el ecosistema.
La intendenta de Cafayate, Rita Guevara, en diálogo con El Tribuno confirmó que el municipio radicó una denuncia por la realización del evento sin autorización local. "Es una reserva natural provincial, pero como intendenta tengo la obligación de cuidar estos espacios", señaló.
Desde la comuna indicaron que la fiesta se concretó y que incluso varios días después del evento aún se retiraban estructuras del lugar. Informes de la Dirección de Ambiente y de guardaparques municipales forman parte del expediente en curso.
El caso escaló rápidamente al ámbito político. La concejal Romina Mamaní Cabezas quedó en el centro de la polémica luego de difundir información sobre el evento basada -según explicó- en documentación proporcionada por los organizadores. En redes sociales, la edil sostuvo que los permisos estaban aprobados.
Sin embargo, tras las repercusiones, se despegó de cualquier responsabilidad en la autorización.
También cuestionó a dirigentes políticos del departamento y a la propia intendenta, al señalar que -según su versión- tenían conocimiento del evento y no actuaron para impedirlo. "Si sabían, deberían haberlo detenido", afirmó.
Por su parte, Lucía Grajales Soriano, vinculada a la organización del casamiento, defendió la legalidad del evento. En declaraciones radiales, aseguró que la planificación comenzó meses antes y que se realizaron gestiones ante distintas áreas gubernamentales para obtener las autorizaciones correspondientes.
Según explicó, el operativo incluyó la presentación de estudios de impacto ambiental, la coordinación con organismos de turismo y ambiente, y la implementación de protocolos para minimizar el impacto.
Grajales detalló además que se desplegó un sistema de gestión de residuos, que las estructuras fueron retiradas tras la ceremonia y que se contrató mano de obra local para distintas tareas logísticas. El objetivo, sostuvo, fue desarrollar una actividad "controlada" y ajustada a las exigencias técnicas.
Sin embargo, en medio de la creciente polémica, restringió sus perfiles en redes sociales, donde se presentaba como guía de turismo y operadora de ecoturismo en Cafayate.
Investigación en curso
Con el avance de las actuaciones judiciales y administrativas, el eje del caso se concentra ahora en determinar si existió falsificación de documentación pública y quiénes serían responsables, así como establecer si se violaron normas ambientales.
Las distintas líneas de investigación -penal y contravencional- avanzan de manera coordinada. Mientras tanto, el episodio reaviva el debate sobre los límites del uso turístico de áreas protegidas y los controles estatales en uno de los paisajes más emblemáticos de Salta.