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La mesa de conducción de la Comisión Bicameral Examinadora de las Cuentas de Inversión quedó constituida ayer con la diputada Patricia Hucena (del bloque Todos por Salta) en la presidencia y el senador Juan Cruz Curá (Unidos por Salta) en la secretaría. Con el esquema de autoridades encabezado por ambos legisladores de Orán, el cuerpo revisor se dispone a evaluar el crítico informe que remitió la Auditoría General de la Provincia (AGP) sobre el Fondo de Reparación Histórica (FRH).
La resolución conjunta que suscribieron el pasado 17 de marzo los auditores generales Marcos Segura Alzogaray y Gustavo Ferraris, quien preside el organismo de control externo de la Provincia, se considera clave para entender qué sucedió con las 176 obras que debían financiarse en municipios de Orán, San Martín y Rivadavia con el endeudamiento internacional de cerca de 200 millones de dólares contraído en 2012 durante el gobierno de Juan Manuel Urtubey.
La Comisión Bicameral, cuya agenda también abarcará a las cuentas de los ejercicios 2018 y 2019, incluye entre sus miembros a los diputados Germán Rallé (Todos por Salta, General Güemes), Luis Albeza (del mismo bloque, Cerrillos), Eduardo Virgili (La Libertad Avanza, Capital) y Frida Fonseca (bloque Por Salta, Capital), y los senadores Gonzalo Caro Dávalos (bloque 17 de Junio, Cerrillos) y Diego Cari (Compromiso por Salta, Guachipas). En una reunión, en la que también estuvo presente el diputado Gastón Galíndez (Todos por Salta, Capital), los citados legisladores definieron el cronograma de reuniones para evaluar las observaciones de la AGP. En ese encuentro, en el que el que solo Virgili marcó una presencia opositora frente al poblado arco oficialista, legisladores hicieron notar que, además del informe sobre la ejecución de obras, resta la remisión de la auditoría financiera enfocada sobre el uso de los fondos públicos que se diluyeron tras una enorme cantidad de obras inconclusas e incluso nunca iniciadas, pese a millonarios anticipos financieros pagados a contratistas. Esos adelantos fueron restituidos largo tiempo después a la Provincia a valor histórico, sin que funcionarios vinculados a la coordinación, las unidades ejecutoras y los controles del FRH atendieran los altos índices inflacionarios acumulados en aquellos años. El informe de la AGP remarca, como contraste inaudito, que esos índices inflacionarios fueron aplicados sobradamente en las redeterminaciones de precios otorgadas a favor de las empresas sobre los montos originarios de las contrataciones.
Esas y otras contundentes observaciones contenidas en el informe de la auditoría ocuparán a la Comisión Bicameral en reuniones que quedaron acordadas para los miércoles, a las 8.30, con un cronograma de trabajo que arrancaría en dos semanas.
El informe de la AGP dejó traslucir con detalles de las asignaciones presupuestarias, procesos de contratación, niveles de ejecución, desembolsos financieros y estado final de obras incluidas en el programa un sinnúmero de presuntas irregularidades y un pavoroso dispendio de los recursos.
El informe de auditoría precisa que de las 176 obras programadas, solo 84 (el 48%) se finalizaron con el FRH y 92 (el 52%) no se terminaron con los recursos contraídos con el endeudamiento internacional específicamente para financiarlas.
En el informe de la Auditoría quedaron expuestas nueve obras por las que se pagaron anticipos financieros, equivalentes a sumas millonarias en dólares, y no tuvieron ejecución alguna. Los posteriores reintegros, a valor histórico, sumaron otras graves observaciones.
Remarca que, desde el punto de vista financiero, $251.822.368 se afectaron a obras terminadas con el financiamiento del Fondo (24%) y $796.196.889 (76%) fueron a obras que terminaron paralizadas, en curso por tiempo indeterminado o rescindidas sin cierre formal.
Fondos específicos que se diluyeron
El informe de la Auditoría sobre el Fondo de Reparación Histórica (FRH) describe contrataciones, pagos y registros con serias anomalías para investigar y esclarecer en la Justicia. De los cerca de 1.100 millones de pesos asignados a los 176 proyectos de infraestructura, solo $251 millones se tradujeron en obras terminadas con el financiamiento del Fondo. Desde esa óptica, solo el 24% de los fondos se volcó en proyectos concluidos, mientras que 76% se diluyó en obras que terminaron paralizadas, truncas y en muchos casos con los contratos rescindidos.
En cuanto a la verificación del cumplimiento de plazos, la aplicación de multas y el impacto en los costos, organismos involucrados en las cinco unidades ejecutivas del FRH fueron esquivos a suministrar la información requerida por el equipo de auditores. Detrás de ese comportamiento también hay responsabilidades por aclararse.
Hay citadas decenas de obras de agua y saneamiento contratadas en municipios de Oran, San Martín y Rivadavia por las que se pagaron a contratistas millonarios anticipos financieros por trabajos que se iniciaron dos, tres y hasta cuatro años después e incluso nunca. También hay detallados proyectos que tenían asignaciones presupuestarias específicas, pero que no se ejecutaron y más tarde fueron relicitadas con el Plan Bicentenario, otro endeudamiento internacional de 350 millones de dólares, e incluidas posteriormente en programas nacionales.