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Tal como lo había adelantado El Tribuno con fuentes francesas, Jean-Michel Bouvier, padre de una de las jóvenes francesas que fueron asesinadas en Salta en julio de 2011, se presentó ayer ante la Unidad Fiscal que se conformó en febrero de 2025 para reimpulsar la investigación del doble femicidio.
El padre de Cassandree Bouvier (29), cuyo cuerpo fue hallado en la Quebrada de San Lorenzo el 29 de julio de 2011 junto al de Houria Moumni (24), tras un martirio de golpes, violación y disparos a sangre fría rodeado de sombras, encubrimientos e impunidad, llegó a la sede judicial a las 8,30 y se retiró pasado el mediodía sin hacer declaraciones.
Durante más de cuatro horas, prestó ante Unidad conformada con los fiscales María Luján Sodero, Pablo Rodrigo Paz, Gabriel González y Daniel Espilocín una testimonial que ampliará hoy, a partir de la misma hora, en espera de que se oriente la búsqueda de la verdad real tras una instrucción originaria a la que calificó de farsa judicial y policial.
Bouvier, que se presentó sin abogado y con un traductor francés, formuló severos cuestionamientos a la investigación judicial que se llevó adelante en los primeros años del caso.
Según fuentes vinculadas al expediente, realizó "duras críticas" al trabajo realizado en la instrucción inicial, particularmente al entonces juez y actual camarista Martín Pérez y las presiones que bajaron desde el poder político, con Juan Manuel Urtubey siendo gobernador, a operadores judiciales y policiales.
En esos términos definió Bouvier a la deplorable instrucción que tuvo el caso desde el momento en que se hallaron los cuerpos.
El padre de la joven francesa cuestionó aspectos centrales del proceso, entre ellos la determinación de la data de muerte y el modo en que se desarrolló la investigación. En ese contexto sostuvo que el expediente estuvo marcado por "muchos vicios e irregularidades" durante la etapa inicial.
Las fuentes señalaron que su testimonio de la víspera no incluyó el aporte de nuevas pruebas, lo que no se descarta que pueda tener previsto hacer hoy, y que agradeció a los fiscales de la nueva Unidad Fiscal por haber decidido reabrir el caso y avanzar en una revisión del expediente para esclarecer los aberrantes hechos de los que, en cuatro meses, se cumplirán 15 años.
Otro de los puntos que abordó Bouvier en su declaración fue la situación de las personas que estuvieron involucradas en el proceso judicial. Bouvier reiteró que descarta cualquier responsabilidad de Santos Clemente Vera en el crimen. El jardinero, que colaboró como vaquiano con policías y luego fue imputado por una supuesta confesión de Gustavo Lasi que en el juicio de 2014 se concluyó maquinada, terminó absuelo por falta de pruebas. Sin embargo, dos años después, una de las salas del tribunal de Impugnación revocó su absolución y lo condenó a perpetua, extendiendo de esa forma un largo encarcelamiento al que Bouvier, nunca dudó en tildar de injusto. En diciembre de 2023, la Corte Suprema anuló la sentencia con severos reproches a la Justicia salteña por la arbitrariedad procesal y ordenó su inmediata liberación.
Cuestionó duramente las presiones que bajaron desde el Ejecutivo, a cargo de Juan Manuel Urtubey, a operadores judiciales y policiales. Recordó que tres perfiles genéticos, recuperados por forenses franceses, no fueron individualizados porque no se los investigó.
Un año después, otra sala del Tribunal de Impugnación decidió sobreseerlo por considerar excedido el plazo razonable constitucionalmente consagrado. De esa forma, con la acción penal en su contra caída en una insubsistencia definitiva, Vera quedó en un limbo en el que no es ni culpable ni inocente. Y siendo cosa juzgada, ya no podrá volver a ser investigado ni juzgado por el hecho del que quedó completamente desvinculado. Otro de los imputados, Daniel Vilte Laxi también fue absuelto en el juicio de 2014, por lo que el doble femicidio tiene hoy un solo condenado, Gustavo Lasi. En este contexto, y lo planteó Bouvier, es absurdo sostener que una sola persona pudo haber reducido, golpeado y asesinado a las dos jóvenes, tras violar a una de ellas, en la tarde del 15 de julio en el lugar donde 14 días después fueron hallados sus cuerpos. En este punto, Bouvier cuestionó la seria divergencia entre el informe de las primeras autopsias, que estableció la data de las muertes entre los días 26 y 27 de julio (es decir entre las 48 y 72 horas anteriores al momento en que los cuerpos fueron levantados de la presunta escena del doble crimen) y las posteriores rectificaciones periciales con las que se ajustó la data de las muertes al 15 de julio, fecha en la que se sustentó la única línea investigativa que llevó al juez Pérez a dar por cerrado el plexo probatorio que naufragó en el juicio.