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El sector comercial atraviesa uno de sus momentos más complejos en Salta y el país. Mientras los trabajadores cuestionan paritarias limitadas al 1% y pérdida del poder adquisitivo, los empresarios advierten una fuerte caída en las ventas que va del 10 al 30% según el rubro, junto a la presión impositiva y la competencia con la informalidad y el contrabando.
El secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio de Salta, César Guerrero, describió a El Tribuno un escenario crítico para los trabajadores del sector. "Estamos mal como todos los trabajadores desde que está este Gobierno que no permite que las paritarias superen un índice del 1% porque supuestamente esa es la inflación, pero es la que ellos dibujan o la que quieren hacer creer que está y dicen que no se va a homologar aumentos que superen ese porcentaje", sostuvo.
Según explicó, el problema central es la pérdida del poder adquisitivo. "El poder adquisitivo de los salarios de cada uno de los trabajadores y trabajadoras se vino al piso. No se recompone, no hay manera de recomponerlo", sostuvo.
En ese sentido, cuestionó que el Gobierno se oponga a acuerdos firmados entre las partes en el marco de negociaciones nacionales, más precisamente entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) y entidades empresarias como la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) y la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA).
Y advirtió que incluso convenios ya consensuados entre las partes pueden ser observados por el Gobierno: no sólo se fija un techo, sino que "si le encuentran algo que no les guste, se ponen en reparo".
"Hasta eso, no sólo te ponen un límite en los porcentajes, sino que te dicen: 'esto no me gusta, hay que arreglarlo'", remarcó.
Guerrero advirtió que la caída del consumo impacta directamente en el comercio: "Al no haber consumo, el sector empleador se ve ante la imposibilidad de tener los volúmenes de venta que tenían normalmente o que les eran redituables en su negocio". Como consecuencia, señaló un fuerte proceso de cierres: cerca de 22.000 pymes dejaron de funcionar en el país en los últimos años y se perdieron casi 200.000 puestos de trabajo, siendo el comercio uno de los sectores más castigados.
"Se abrieron las importaciones, lo que va en desmedro de la industria nacional y sobre todo de los comerciantes más pequeños, de los cuales más nos nutrimos", aseguró.
En este sentido, el dirigente remarcó que el 75% del empleo del sector proviene de pequeñas y medianas empresas, y no de grandes superficies como hipermercados, corralones o grandes tiendas. "Son esos pequeños negocios de 2, de 3, de 5 empleados los que se están cerrando", explicó, por lo que el impacto en el empleo es directo.
En cuanto al impacto en Salta, Guerrero admitió que no cuenta con cifras precisas de despidos, pero describió una dinámica constante y preocupante. "Se da como a goteo: todos los días hay compañeros que se acercan al sindicato para hacer sus liquidaciones finales", señaló.
El dirigente advirtió que la situación no se limita a pequeños comercios. Incluso mencionó el cierre de una sucursal de una cadena nacional en pleno centro salteño, sobre calle 20 de Febrero, que dejó a una importante cantidad de trabajadores sin empleo. "Hay una gran cantidad de empleados y empleadas de comercio que quedaron sin trabajo, no sólo en capital sino en localidades como Tartagal", sostuvo.
"Los compañeros de esa localidad sufren en gran medida el cierre por las importaciones".
Sobre la cantidad de casos, Guerrero insistió en que no hay un número consolidado, pero sí una tendencia clara. "Llegan de a uno, de a dos, de a tres", detalló, y aclaró que no todos los despidos pasan por el sindicato: algunos trabajadores acuden directamente a la Secretaría de Trabajo y otros acuerdan de forma directa con sus empleadores. "Nos encontramos con que arreglan en el comercio", indicó, y advirtió sobre la existencia de "despidos encubiertos".
Reforma laboral y un futuro incierto
Sobre el futuro, Guerrero fue contundente al cuestionar la reforma laboral vigente, a la que calificó como "este mamarracho de reforma laboral o de modernización". Advirtió que, pese a los amparos y medidas cautelares impulsadas por la CGT y otros gremios, ya está en vigencia y anticipa un escenario complejo: "Se viene un panorama muy complicado para los empleados. Van a ser muy marcados los problemas que se van a suscitar y lógicamente uno lo que más quiere es que el rumbo de la economía cambie y que dejen de atrás estas mentiras de que no hay inflación", hizo hincapié.
En ese marco, cuestionó la brecha entre ingresos y gastos: "El boleto urbano aumentó un 26% y a nosotros nos planchan una paritaria de un 1%". También enumeró aumentos en nafta, alimentos y medicamentos, especialmente para jubilados del sector, que ya no reciben cobertura como antes. "Es un combo", sintetizó, y reclamó "un cambio de rumbo económico que permita recuperar el consumo y el poder adquisitivo de cada uno de los trabajadores y trabajadoras".