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Por Facundo Wierna
En la Cámara de Senadores de Salta comienza a debatirse un proyecto de ley que busca visibilizar, prevenir y concientizar sobre el llamado "chineo", una práctica que afecta a mujeres y niñas de comunidades originarias de la provincia.
El tratamiento de la iniciativa puso en el centro del debate una problemática históricamente invisibilizada: la violencia sexual contra mujeres, niñas y adolescentes de pueblos originarios. En ese contexto, Yesica Mamaní, integrante de la Red de Mujeres Indígenas, cuestionó el uso del término "chineo", al considerar que contribuye a minimizar la gravedad de los hechos.
"Es violación, es violencia sexual hacia mujeres indígenas", sostuvo en diálogo con El Tribuno. Y reforzó su postura al insistir en la necesidad de nombrar correctamente la problemática: "No se trata de chineo, porque no es chineo, es violación y hay que llamar las cosas por su nombre. Si no lo hacemos, lo que no se dice es como que no existe".
El proyecto es impulsado por legisladores provinciales, principalmente por el senador Walter Cruz, y establece como objetivo la visibilización, sensibilización y educación para prevenir crímenes de odio vinculados a agresiones sexuales contra personas de pueblos originarios. Además, contempla la implementación de campañas de concientización, la elaboración de estadísticas oficiales, la protección de las víctimas y la articulación de políticas públicas con perspectiva intercultural, de género y derechos humanos.
La iniciativa ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados
Mamaní destacó que la iniciativa ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados y que durante esta semana comenzaría su tratamiento en comisiones del Senado. Según indicó, existe un escenario favorable para su aprobación definitiva. "Hay un compromiso para que se trate en el corto plazo, con la expectativa de que pueda sancionarse en las próximas semanas. Antes del otro mes ya estaríamos celebrando su aprobación", señaló.
La referente remarcó que la ley "no es perfecta ni el ideal", pero consideró que su sanción representaría un avance significativo y un punto de partida para comenzar a trabajar en el territorio con políticas públicas más eficaces. En ese sentido, sostuvo que la norma permitiría reconocer esta práctica no solo como violencia sexual, sino también como un delito de odio racial.
Según explicó, se trata de hechos atravesados por relaciones de poder y desigualdad, donde "el hombre criollo se cree superior a otra etnia". Esa mirada, advirtió, resulta clave para entender la persistencia de estas situaciones en distintos territorios y su naturalización en ciertos contextos.
Más allá del avance legislativo, Mamaní vinculó esta problemática con condiciones estructurales que persisten en el norte provincial, como la pobreza, la desigualdad y la falta de acceso a la educación. También alertó sobre discursos que intentan justificar estas prácticas como parte de la cultura, una postura que rechazó de manera tajante.
"Las niñas en las comunidades están muy alejadas, lo tienen naturalizado, pero es la violación a niñas indígenas por parte del criollo", expresó.
Existe una deuda histórica
En relación con el rol del Estado, sostuvo que existe una deuda histórica en la atención de las problemáticas que atraviesan a los pueblos originarios. No obstante, reconoció algunos avances: "Nuestro gobernador ha acompañado en muchas cosas, pero todavía quedan demandas pendientes, sobre todo en políticas públicas que lleguen efectivamente al territorio".
Otro de los puntos impulsados por la Red de Mujeres Indígenas es que, en caso de aprobarse, la ley lleve el nombre de "Ley Octorina", en reconocimiento a Octorina Zamora, referente indígena que visibilizó esta problemática desde la década del 90. Según explicó Mamaní, la propuesta no responde a un sector en particular, sino que "es una bandera del común de la gente", ya que distintos espacios la identifican de ese modo.
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