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La caída de la recaudación nacional y provincial impacta de lleno en las finanzas de los municipios salteños. Con menor coparticipación y recursos propios limitados, las comunas enfrentan crecientes dificultades para sostener gastos básicos, pagar salarios y responder a una demanda social en aumento.
El intendente de Apolinario Saravia y presidente del Foro de Intendentes, Marcelo Moisés, describió un escenario complejo que, según afirmó, se extiende a toda la provincia. "Hace siete meses que viene cayendo la coparticipación", señaló en diálogo con Radio Salta, y precisó que entre 2024 y 2025 la merma fue cercana al 20%, mientras que en lo que va de este año ronda el 14%.
El impacto es doble: por un lado, la reducción de ingresos; por otro, el aumento de costos. Moisés mencionó especialmente el encarecimiento del combustible y la energía, dos componentes centrales del gasto corriente municipal. "Hoy el combustible es uno de los gastos más importantes que tenemos para poder garantizar los servicios", explicó.
A esto se suma una presión social creciente, sobre todo en localidades pequeñas donde la cercanía con los vecinos amplifica la demanda.
En ese contexto, varios municipios dependen casi exclusivamente de la coparticipación para pagar salarios. "Hoy muchos están pagando sueldos con la coparticipación y con lo poco que recaudan ayudan en lo social", advirtió.
Impacto desigual
Si bien la crisis es transversal, no todos los municipios la atraviesan con la misma intensidad. Las comunas con menor desarrollo económico y escasa recaudación propia son las más expuestas, mientras que aquellas con mayor base tributaria logran amortiguar parcialmente el impacto.
En ese grupo se encuentra la ciudad de Salta, cuyo municipio cuenta con una estructura de ingresos más diversificada a partir de tasas y tributos locales. Esa capacidad le permite sostener servicios y salarios con mayor margen que el resto de las comunas del interior.
La mayoría de los municipios ya recurre a adelantos de coparticipación, lo que implica comprometer ingresos futuros y achicar aún más el margen financiero mes a mes.
Sin embargo, incluso en la capital provincial se registran pérdidas millonarias de ingresos en términos reales, producto de la caída de la actividad económica y la desaceleración de la recaudación. La diferencia, en este caso, no es la ausencia de impacto, sino una mayor capacidad de absorción frente al mismo fenómeno.
Frente a la caída de ingresos, los municipios comenzaron a recurrir a adelantos de coparticipación para cumplir con sus obligaciones.
La tensión también se traslada al interior de las administraciones. En algunos casos, los intendentes optan por diferir pagos a funcionarios o dividir salarios. "A veces se les paga en dos partes o se prioriza a los empleados de planta", explicó.
Reflejo de la crisis
La situación general tiene expresiones concretas en distintos puntos de la provincia, donde la falta de recursos ya derivó en conflictos políticos, sociales y administrativos.
A mediados de marzo, En Hipólito Yrigoyen, la intendenta Soledad Cabrera debió retirarse bajo custodia policial tras la apertura de sesiones del Concejo Deliberante, en medio de protestas vecinales por la falta de obras, deficiencias en los servicios y cuestionamientos al manejo de fondos. El municipio también quedó expuesto por el corte del suministro eléctrico en dependencias oficiales debido a deudas impagas.
En Salvador Mazza, en tanto, el Concejo Deliberante aprobó la emergencia económica, financiera y administrativa. La medida habilita al Ejecutivo a reorganizar la estructura municipal, revisar designaciones y limitar nuevos ingresos.
Por su parte, en General Mosconi, la intendenta Ana Guerrero Palma solicitó la renuncia de funcionarios y personal de planta política incorporados en 2023, ante la imposibilidad de garantizar el pago de salarios en tiempo y forma. La decisión se enmarca en la caída de fondos coparticipables y regalías, y en el aumento sostenido de los costos operativos.