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La fuerte caída de la coparticipación encendió una señal de alerta en Salta y obligó al gobierno de Gustavo Sáenz a avanzar con un plan de austeridad por 180 días para ordenar las cuentas públicas sin trasladar el impacto a los sectores más vulnerables.
La medida fue confirmada por la vocera de Gobierno, Paula Benavides, quien explicó que el descenso en los recursos coparticipables responde directamente a la caída del consumo. En ese contexto, sostuvo que “el ejemplo debe empezar por casa”, por lo que el ajuste estará enfocado en el funcionamiento del Estado.
El decreto establece el congelamiento total de las remuneraciones de los funcionarios de mayor jerarquía, incluyendo al gobernador, vicegobernador, jefe de Gabinete, ministros, secretarios y subsecretarios, además de autoridades de organismos descentralizados, entes autárquicos y empresas del Estado.
A su vez, se dispuso la suspensión de nuevas contrataciones en la administración pública provincial, lo que implica que no se incorporará personal durante el período de vigencia de la medida.
Entre otros puntos, el plan de austeridad incluye la prohibición de comisiones de servicio al exterior —salvo casos excepcionales—, la suspensión de gastos de protocolo y cortesía, y la revisión de todos los contratos en moneda extranjera, que deberán ser renegociados en un plazo de 60 días.
El control del gasto también alcanzará a los organismos descentralizados, que deberán rendir cuentas mensualmente al Ministerio de Economía. Además, se implementará un seguimiento estricto del uso del parque automotor oficial, especialmente en lo referido al consumo de combustible.
Desde el Gobierno remarcaron que la decisión se toma en un contexto económico complejo, con una caída sostenida de los ingresos y una retracción del consumo que impacta directamente en la coparticipación. En ese marco, se planteó la necesidad de ordenar el funcionamiento del Estado para evitar desequilibrios financieros.
La vocera también indicó que se invitó a los otros poderes del Estado —Legislativo y Judicial— y a los municipios a adoptar medidas similares, en línea con la política de control del gasto.
Pese al ajuste administrativo, el Ejecutivo provincial aseguró que continuará sosteniendo áreas sensibles, como el subsidio al transporte, el incentivo docente y la asistencia a instituciones sociales. También advirtió sobre el impacto de decisiones nacionales, como la eliminación del programa “Volver al Trabajo”, que afecta a miles de salteños y reduce la circulación de dinero en la economía local.
En ese escenario, el Gobierno provincial busca equilibrar las cuentas sin afectar la asistencia social, en medio de un contexto marcado por la caída de recursos y mayores demandas.