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Tras las 165 intervenciones por amenazas en establecimientos educativos de Salta, con 20 personas demoradas y 6 detenidas semanas atrás, la problemática no solo encendió las alarmas en el sistema escolar sino que también abrió un nuevo escenario: la proliferación de proyectos impulsados desde distintos sectores, en medio de una disputa por instalar respuestas y capitalizar políticamente un tema que mantiene en vilo a la comunidad educativa.
En ese contexto, comenzaron a ingresar a la Legislatura provincial distintas iniciativas, con enfoques que van desde la regulación del entorno digital hasta el fortalecimiento de los mecanismos de seguridad y actuación ante situaciones de crisis.
Uno de los proyectos, correspondiente a los expedientes 91-53.861/26 y 91-53.541/25, propone regular el acceso y uso de redes sociales en niñas, niños y adolescentes, con el objetivo de proteger su desarrollo integral, la salud mental y la integridad en entornos digitales.
La iniciativa, impulsada por los diputados Guillermo Kripper y Nicolás Taibo, junto a un proyecto de declaración del diputado Omar Exeni, establece una restricción de acceso a redes sociales para menores de 13 años y un régimen de acceso condicionado para adolescentes de entre 14 y 16 años, basado en la supervisión de los progenitores.
El proyecto se apoya en el principio del interés superior del niño, reconocido en la Constitución Nacional y en la Ley 26.061, y se enmarca en la adhesión de la provincia a la Ley 27.590, conocida como "Ley Mica Ortega". Sus autores advierten que los riesgos no se agotan en el grooming, sino que abarcan múltiples situaciones que requieren un abordaje preventivo más amplio.
En ese sentido, también prevé un régimen sancionatorio para las plataformas digitales, en tanto actores con capacidad técnica y económica para implementar medidas de verificación y protección orientando la norma hacia un esquema de corresponsabilidad que no recaiga sobre los menores.
En ese aspecto, ya distintas voces advierten que se trata de actores globales de enorme escala, cuya regulación excede en muchos casos el ámbito provincial, lo que podría dificultar la aplicación efectiva de este tipo de medidas y abrir un interrogante sobre su alcance real.
En paralelo, el expediente 91-53.972/26, impulsado por diputados del bloque La Libertad Avanza, propone la creación de un Sistema de Seguridad Escolar y Prevención de Amenazas, con una estructura basada en cuatro pilares: prevención, protocolo unificado, seguimiento y responsabilidad.
La iniciativa incorpora un Programa de Convivencia Digital en las aulas, define procedimientos claros de actuación ante situaciones de riesgo, crea un registro provincial para monitorear los casos y establece responsabilidades compartidas entre adultos, plataformas y adolescentes.
En esa línea, el diputado Eduardo Virgili, uno de los autores del proyecto, sostuvo que la propuesta busca ordenar la respuesta estatal ante una problemática que hoy se aborda con herramientas dispersas.
"Hoy, cuando hay una amenaza vinculada a la integridad y seguridad de los chicos, se activan protocolos genéricos y muchas veces los actores, es decir, la Justicia, seguridad, la comisaría, la Policía, la comunidad educativa hacen lo que pueden con las herramientas que tienen. Lo que viene a proponer esta Ley es la creación de un sistema que integre todo eso y genere protocolos para la actuación enfocándose en la prevención", explicó a Radio Salta.
Las medidas son talleres o tratamientos familiares interdisciplinarios. La intervención judicial se establece como último recurso.
El legislador remarcó que el eje está puesto en la prevención, pero también en la intervención en situaciones críticas. "Se establecen pautas claras para una situación de crisis: qué hacer y que no hayan dudas sobre eso, quién da directivas, cuáles son los puntos de encuentro, cómo tiene que intervenir la Policía y cómo tiene que desenvolverse el comité", puntualizó.
Al mismo tiempo, buscó despegar el proyecto de una mirada exclusivamente punitiva. "No buscamos criminalizar a un chico que decidió seguir un reto de Tiktok, pero tampoco podemos permitir que esto pase como si nada", afirmó.
Virgili advirtió que las amenazas "no son un juego, afectan muchísimo a escuelas, niños, familias. Hubo demorados, detenidos, imputados y una comunidad con miedo porque no sabemos hasta donde puede llegar".
Retos virales: prevención, proyectos en espera y nueva ley
Sobre el impacto de los retos virales, el diputado, Eduardo Virgili, señaló que el Estado no puede controlar lo que ocurre dentro de las redes, pero sí fortalecer la concientización. En ese marco, destacó que el proyecto prevé herramientas concretas, como una declaración jurada de los padres al inicio del ciclo lectivo sobre el entorno de menor para detectar factores de riesgo, además de reforzar el seguimiento de los casos y el rol de equipos como psicopedagogos para la contención socioemocional. "Es una iniciativa que planteo no solo como legislador, sino también como padre", finalizó.
En casos de reincidencia, la Ley 8530 prevé la posibilidad de duplicar las sanciones e incorporar medidas complementarias.
Cabe señalar que ni este proyecto, ni el que propone regular el acceso y uso de redes a niños y adolescentes cuenta aún con dictamen de las comisiones correspondientes. En ese marco, también surgen cuestionamientos por la proliferación de iniciativas sobre un mismo eje, lo que, según advierten en ámbitos legislativos, podría diluir los esfuerzos si no se avanza en un trabajo articulado que permita unificar criterios y optimizar recursos en una respuesta más integral.
En paralelo a este debate, no hay que perder de vista que la provincia ya avanzó con la sanción de la Ley 8530, que incorpora al Código Contravencional de la Provincia, dentro del apartado "Contravenciones contra el sano desarrollo del menor", el artículo 88 bis, denominado "Incumplimiento de los deberes parentales frente al acoso escolar", que establece sanciones para los adultos responsables.
La norma, sancionada el 7 de abril pasado y promulgada por el gobernador Gustavo Sáenz el 4 de mayo pasado, determina que padres, madres, tutores o representantes legales podrán ser sancionados con arresto de hasta 30 días o multas equivalentes, en caso de no adoptar medidas de supervisión, no acompañar al menor o incumplir compromisos asumidos ante las autoridades, tras haber sido notificados.