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Los viejos dobles fondos soldados debajo de un vehículo no es novedad. Hoy las organizaciones narcocriminales invierten miles de dólares para construir compartimientos hidráulicos, mecanismos de apertura ocultos y estructuras especialmente diseñadas para burlar los controles de las fuerzas de seguridad.
El reciente secuestro de 446 kilos de cocaína es uno de los ejemplos más claros de esa evolución. Según la investigación de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar NOA), la droga habría sido acondicionada en un galpón ubicado sobre la Circunvalación Oeste de la ciudad de Salta, donde la organización preparó el cargamento antes de iniciar el viaje hacia Santiago del Estero. El sofisticado escondite logró superar una primera inspección y recién fue descubierto mediante un escáner móvil y perros detectores de narcóticos.
Ese procedimiento volvió a instalar una discusión que desde hace tiempo mantienen investigadores de fuerzas provinciales y federales: si las bandas criminales evolucionan, también deben hacerlo los controles.
Fuentes consultadas por El Tribuno coincidieron en que ampliar la cantidad de escáneres disponibles se convirtió en una prioridad. Explican que estos equipos ya no representan un recurso complementario, sino una herramienta indispensable para detectar compartimientos ocultos y reunir los primeros elementos que luego permiten solicitar medidas judiciales dentro del sistema acusatorio.
Los especialistas explican que actualmente existen distintas generaciones de escáneres.
Los más pequeños son equipos portátiles que permiten inspeccionar sectores específicos de un vehículo y cuya utilización requiere personal especialmente capacitado para interpretar las imágenes.
Un segundo nivel corresponde a equipos montados sobre utilitarios, similares a los utilizados en aeropuertos, capaces de diferenciar materiales orgánicos e inorgánicos mediante un sistema de imágenes por colores.
Luego aparecen los escáneres móviles de gran porte, utilizados principalmente por Gendarmería, que permiten inspeccionar camiones completos sin necesidad de desarmarlos, detectando dobles fondos y compartimientos agregados.
En el escalón más alto se encuentran los grandes escáneres de carga utilizados por la Aduana, considerados actualmente los equipos de mayor precisión para controlar vehículos pesados.
Las fuentes consultadas reconocen que Gendarmería Nacional dispone de escáneres, aunque consideran que resultan insuficientes para la extensión territorial de Salta y la cantidad de rutas utilizadas por las organizaciones narcocriminales.
La situación es todavía más compleja para otras fuerzas. Investigadores señalaron que la Policía Federal debe recurrir, en algunos procedimientos, a un escáner ubicado en San Pedro de Jujuy para realizar determinados controles.
Por eso sostienen que sería conveniente incorporar nuevos equipos fijos en los principales accesos provinciales y complementarlos con escáneres móviles capaces de desplazarse hacia distintos corredores viales según las investigaciones en curso.
La necesidad de sumar tecnología coincide con un cambio en el mapa del narcotráfico.
Desde diciembre de 2024, el Plan Güemes reforzó de manera histórica la presencia del Estado en la frontera norte de Salta. El operativo concentra recursos en Aguas Blancas, donde trabajan coordinadamente Gendarmería Nacional, Policía Federal Argentina y Prefectura Naval Argentina, y la Policía Provincial para combatir los delitos complejos vinculados con la frontera.
Sin embargo, investigadores consultados por este diario sostienen que las organizaciones comenzaron a modificar parte de su logística. Mientras la presión aumentó sobre la frontera, crecieron las maniobras de acopio y "enfriamiento" de cargamentos en el centro y sur de la provincia. Desde allí, explican, la droga continúa viaje hacia Santiago del Estero, Tucumán o incluso por el corredor de Cafayate.
Debilitar económicamente a las bandas, un paso más que clave
Debilitar económicamente a las organizaciones narcocriminales. Ese es, según fuentes vinculadas a la investigación, el próximo gran desafío en la lucha contra el narcotráfico en el norte del país. Consideran que los importantes procedimientos realizados en los últimos meses permitieron golpear a distintas bandas mediante el secuestro de cargamentos y la detención de sus integrantes, pero advierten que ahora es necesario avanzar con la misma intensidad sobre sus estructuras financieras.
Las fuentes sostienen que las investigaciones no deberían limitarse al decomiso de la droga y la identificación de los responsables del transporte o la logística. Plantean que, en paralelo, deberían profundizarse las pesquisas destinadas a determinar si existieron maniobras de lavado de activos, identificar el patrimonio de las organizaciones e inmovilizar rápidamente bienes, vehículos, empresas y cuentas bancarias que podrían haber sido adquiridos con dinero proveniente del narcotráfico.
"La clave es debilitar económicamente a las bandas. Si conservan sus recursos, tienen la posibilidad de reorganizarse, financiar nuevas operaciones o reemplazar a los integrantes detenidos", resumió una de las fuentes consultadas.
En ese sentido, las fuentes señalan como referencia el modelo aplicado por Estados Unidos durante la administración de Barack Obama, cuando la estrategia contra el narcotráfico en la frontera con México no solo reforzó la vigilancia y el despliegue de fuerzas de seguridad, sino que también integró investigaciones financieras para detectar maniobras de lavado de dinero, decomisar activos y privar a las organizaciones criminales de su capacidad económica.
La ruta del dinero
Uno de los principales problemas, explican, es que cuando las investigaciones patrimoniales se demoran, los bienes pueden ser transferidos a familiares, testaferros o terceros, lo que luego dificulta los decomisos y prolonga los procesos judiciales. Destacan que el Plan Güemes permitió reforzar los controles en la frontera con Bolivia, pero entienden que el siguiente paso debería ser fortalecer las herramientas destinadas a seguir la ruta del dinero.