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El ministro de Seguridad de Salta, Nicolás Avellaneda, habló con El Tribuno sobre el mapa del delito en Salta, los operativos en barrios críticos, la lucha contra el narcotráfico, la realidad de los efectivos policiales y el refuerzo de controles con fuerzas federales que pretende realizar en Anta.
La gente en los barrios reclama más seguridad, cámaras y más presencia policial...
En primer lugar, como sabés, llevo un mes y medio como ministro, aunque ya hace un año y ocho meses que estoy trabajando en el área de Seguridad. Antes de asumir como ministro me desempeñaba como secretario.
Una de las metas que nos planteamos en esta nueva etapa, y que le solicité a la nueva cúpula policial, es fortalecer la cercanía con el vecino. Entendemos que el diálogo permanente con los ciudadanos y con los referentes de los centros vecinales es fundamental porque nos permite conocer la situación de cada barrio y recibir información directa sobre las problemáticas que existen.
Más allá de eso, hemos creado una Unidad de Análisis Criminal donde realizamos un seguimiento permanente mediante un mapa del delito, especialmente en las zonas más conflictivas. Este trabajo se desarrolla no solamente a través de los 14 distritos de prevención que tiene la provincia, sino también con cada comisaría y sus referentes. Por eso, frente a la demanda de los vecinos, implementamos los Operativos de Protección Ciudadana Integral.
¿Por qué se denomina así?
Porque sumamos diferentes unidades especiales de la Policía, como Infantería, para que tengan una mayor presencia en el territorio. También avanzamos en la creación de subbases. Próximamente vamos a inaugurar una en Tartagal y estamos trabajando en otros sectores de la provincia.
Lo que buscamos son operativos permanentes. En los últimos días tuvimos intervenciones importantes, como el operativo realizado en Salvador Mazza, que fue supervisado directamente por el subjefe de Policía, comisario general (Guido) Burgos, con más de 200 efectivos.
El objetivo es generar un impacto inmediato: identificar personas, ingresar a los puntos críticos y trabajar directamente en los barrios donde existen mayores conflictos. Los resultados han sido positivos. En los últimos meses tenemos alrededor de 260 códigos rojos.
¿Qué significa tener 260 códigos rojos?
Son personas con pedido de captura que se encontraban prófugas de la Justicia. Además, venimos trabajando fuertemente con la Dirección de Drogas Peligrosas. Desde enero hasta la fecha hemos secuestrado más de 700 kilos de droga entre cocaína y marihuana. También realizamos alrededor de 4.000 allanamientos y tenemos más de 300 personas detenidas.
¿Cuántos efectivos tiene actualmente la Policía de Salta?
La Policía de la Provincia tiene aproximadamente unos 12.000 efectivos, entre personal activo y las distintas áreas operativas. Por supuesto que siempre hay una demanda de mayor presencia policial porque la provincia es extensa y tiene realidades muy diferentes. Por eso no solamente trabajamos en incrementar los recursos humanos, sino también en mejorar la distribución del personal, fortalecer la prevención y sumar herramientas que permitan hacer más eficiente el trabajo policial. Próximamente se incorporarán a la fuerza 289 aspirantes, agentes de calle que tienen que entrar ya de manera efectiva, una vez que avance la parte presupuestaria.
Hoy la estrategia está enfocada en tener mayor presencia territorial, principalmente en los barrios donde se generan mayores conflictos, y acompañar esa tarea con tecnología, análisis criminal y nuevos recursos operativos.
De esos 12.000 efectivos siempre se hace un cálculo que por lo menos 3.000 están con licencia médica, licencia reglamentaria, ¿alcanza con ese número que queda?
Como bien mencionás, es como cualquier ámbito laboral, siempre se presentan situaciones de carpeta médica o cualquier otra situación, o también el tema de las consignas policiales, que esto justamente lo determina y son ordenadas por la Justicia, donde obviamente se reduce la cantidad de números, se reduce operativamente en la calle la presencia policial. Siempre decimos que a veces no alcanzan los recursos, pero sí hemos conseguido optimizar este número y de esta manera podemos realizar estos operativos que te menciono.
¿Cuántas cámaras de seguridad hay y proyectan instalar más?
Hoy tenemos aproximadamente 2.127 cámaras en toda la provincia, de las cuales funcionan casi en su totalidad, salvo 20 cámaras, 25 cámaras. Ahora estamos hablando de un porcentaje de un 4% o 5% que no es que no funcione, sino que por una cuestión lógica de mantenimiento o por situaciones de vandalismo que se producen, permanentemente hacemos un relevamiento y vamos detectando aquellas cámaras que no funcionan e inmediatamente se las cambia, se las arregla o se va modificando el lugar. Estamos trabajando con la empresa prestataria del servicio. Hay un contrato vigente desde hace varios años que continúa hasta aproximadamente 2031 o 2032. Junto al área logística y al sistema 911 analizamos la posibilidad de sumar más cámaras.
En una primera etapa vamos a trabajar con cámaras destinadas a los móviles policiales. También tenemos proyectada la incorporación de nuevos dispositivos en distintos puntos de la provincia. Pero esto no depende solamente de una decisión del Ministerio, porque implica presupuesto. No solamente es adquirir las cámaras, sino también sostener el servicio que debe pagarse mensualmente.
Con la situación económica y la crisis actual, ¿notan mayor conflictividad social o un crecimiento del delito?
Sí, nosotros notamos principalmente un crecimiento de la conflictividad social. Hoy entendemos que una gran parte de los delitos que se generan, aproximadamente un 80%, tienen relación con esa conflictividad. Lo hemos evaluado y vemos que está vinculada al exceso de consumo de alcohol, las peleas permanentes entre grupos antagónicos en los barrios, vecinos que tienen enfrentamientos y también la problemática de las adicciones. Esto genera situaciones lamentables que, en muchos casos, terminan en homicidios.
Es un tema que nos preocupa y nos ocupa. Lo estamos trabajando de manera integral con otras áreas del Gobierno porque entendemos que esta problemática social debe ser abordada desde distintos organismos.
¿Qué balance hacen del Plan Güemes? ¿Cómo se viene trabajando?
Justamente ayer (por el lunes) estuve en Buenos Aires en una reunión convocada por la ministra de Nación, (Alejandra) Monteoliva, junto a otros funcionarios del Ministerio de Seguridad de la Nación. Nosotros ya veníamos trabajando con el Plan Güemes y solicité redoblar los esfuerzos.
Existe una buena predisposición por parte de Nación, pero entendemos que es necesario reforzar algunos puntos de control, como se hacía inicialmente. Hay que recordar que este convenio fue firmado por el gobernador Gustavo Sáenz en diciembre de 2024.
Consideramos que fue un programa muy positivo porque las estadísticas lo demuestran. Es histórico el volumen de droga secuestrado. El año pasado hablamos de cerca de 6 toneladas de droga incautadas a través del Plan Güemes. Es un trabajo conjunto entre las fuerzas federales y la Policía de la Provincia de Salta.
¿Buscan reforzar o ampliar el Plan Güemes?
Entendemos que debe continuar, pero revisando algunos puntos de control y reforzando determinadas áreas. Además, solicité trabajar junto a las fuerzas federales en otros puntos de la provincia, como la zona de Anta, Rosario de la Frontera y Metán. No podemos encuadrarlo dentro del Plan Güemes porque el convenio está destinado específicamente a la problemática de la frontera norte.
Pero lo importante es la voluntad de acompañamiento y generar controles integrales entre Gendarmería, Policía Federal y la Policía provincial. La idea es intensificar controles con los recursos humanos que tienen las fuerzas federales en zonas como Joaquín V. González, Metán y Rosario de la Frontera para fortalecer la lucha contra el narcotráfico.
Entendemos que la problemática de frontera se extendió. Tenemos reclamos permanentes de vecinos del norte de la provincia por el paso de avionetas y vuelos rasantes que, en algunos casos, los radares no logran detectar. Esto fue planteado a la ministra Monteoliva porque genera mucha preocupación.
Por la autonomía de estas aeronaves y la capacidad de carga que pueden transportar, existe la posibilidad de que terminen operando en el sur de la provincia. Por eso necesitamos reforzar controles, verificar posibles pistas clandestinas y trabajar en esos sectores. La provincia tiene una geografía muy extensa, con fincas de más de 15.000 hectáreas, lo que hace necesario un despliegue permanente.
El interventor de Aguas Blancas, Adrián Zigarán, planteó que Nación no se hace cargo de algunos gastos logísticos de las fuerzas federales y que eso termina siendo absorbido por la provincia. ¿Es así?
Cuando nació el convenio del Plan Güemes existía un compromiso donde Nación y Provincia compartían los costos de implementación del operativo. La provincia, junto con el municipio de Orán y otros municipios cercanos, se hacía cargo del alojamiento y la alimentación de los efectivos federales. Actualmente existe una partida especial y la provincia continúa absorbiendo el costo del alojamiento.
Nación cubre otra parte, pero entendemos que debemos aportar entre todos porque, más allá de que el control de frontera es competencia de las fuerzas federales, el gobernador entendió que debe existir un acompañamiento y un compromiso provincial.
En el último tiempo hubo varios casos de policías que decidieron quitarse la vida. ¿Cómo trabajan esa problemática dentro de la fuerza?
Hemos creado un área de coordinación de bienestar policial que trabaja permanentemente junto al área de bienestar de la Policía de la Provincia. Realizamos un seguimiento y, en su momento, firmamos un convenio con el Colegio de Psicólogos.
Cuando llegamos al área de Seguridad nos encontramos con situaciones vinculadas a aspirantes y cadetes de la escuela policial que lamentablemente terminaron en hechos de esta naturaleza. También ocurrió con personal que ya estaba ejerciendo funciones dentro de la Policía.
¿Cómo se está abordando para evitar nuevos casos?
Entendemos que es un tema que debemos trabajar fuertemente. Por eso, en esta nueva etapa como ministro, solicité que exista un seguimiento desde el día cero, desde el momento en que una persona ingresa a la escuela de suboficiales o de cadetes. Queremos acompañar a cada integrante desde el primer día para evitar situaciones que puedan aparecer durante la formación o después del egreso.
Una persona que ingresa a la fuerza debe estar contenida no solamente en lo físico y académico, sino también en lo psicológico. Su salud mental es fundamental porque luego serán policías que estarán en la calle y portarán un arma.
¿Cómo están trabajando la problemática de violencia de género, especialmente después del caso ocurrido en Campo Quijano donde una mujer que tenía consigna policial terminó asesinada?
Fue un caso que nos llevó a reunirnos inmediatamente no solamente con el Ministerio Público Fiscal, sino también con la Corte de Justicia. Es un tema que ya existía, pero solicitamos trabajar de otra manera el circuito de las consignas policiales.
Las medidas de protección, como las consignas ante casos de violencia de género, son ordenadas directamente por la Justicia y deben cumplirse de manera inmediata.
¿Qué cambios implementaron internamente?
Existe un circuito desde que sale el oficio judicial hasta que llega a la dependencia policial o a la Jefatura. Internamente implementamos un seguimiento permanente para verificar que las consignas se cumplan. También solicitamos evaluar junto con la Justicia la implementación de tobilleras electrónicas.
¿Ya se utilizan tobilleras electrónicas?
Sí, ya se utilizan en algunos casos. Tenemos tobilleras electrónicas dentro del área dependiente de la Subsecretaría 911 y hemos solicitado que los jueces evalúen esta herramienta cuando corresponda. Todo esto debe complementarse con tecnología.
También existe el botón antipánico, que actualmente puede utilizarse mediante un dispositivo celular, permitiendo que una víctima pueda contar con una herramienta de alerta. De todas formas, en los casos de mayor riesgo debe mantenerse la consigna física del policía y complementarla con tecnología.
¿Cuántas consignas policiales tienen actualmente?
Es un número que varía porque depende de las decisiones que toma la Justicia. Tenemos consignas fijas y ambulatorias. Algunas duran meses, otras 15 días o una semana. En algún momento, meses atrás, detectamos alrededor de 1.800 consignas policiales activas. Ese número cambia permanentemente de acuerdo con las determinaciones judiciales.