La imprevisión puede provocar los desenlaces más dramáticos e inesperados para el funcionamiento normal de un país. Muchas veces, los grandes conflictos sociales no nacen de reclamos inflexibles, sino de torpezas políticas evitables. La rebelión de las fuerzas de seguridad, que ya se extendió a buena parte de la Argentina y se llevó puesta la cabeza de las más altas cúpulas militares, es un ejemplo emblemático de esa afirmación.
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La imprevisión puede provocar los desenlaces más dramáticos e inesperados para el funcionamiento normal de un país. Muchas veces, los grandes conflictos sociales no nacen de reclamos inflexibles, sino de torpezas políticas evitables. La rebelión de las fuerzas de seguridad, que ya se extendió a buena parte de la Argentina y se llevó puesta la cabeza de las más altas cúpulas militares, es un ejemplo emblemático de esa afirmación.
Cuando las llamas están encendidas, los incendios son mucho más proclives a propagarse que a extinguirse. Eso es lo que está ocurriendo con el reclamo que iniciaron los prefectos: lejos de aminorar el conflicto, en menos de 24 horas la protesta ya incluyó a la Gendarmería, a la Fuerza Aérea, a la Armada Argentina y a un sector de la Policía bonaerense. En síntesis, buena parte de la estructura de defensa está movilizada y con un importante grado de malestar entre sus miembros. En un país con altos índices de inseguridad y poca confianza de la sociedad en sus uniformados, esa coyuntura puede transformarse en un combo de impredecibles consecuencias en el corto plazo.
Todo empezó por una inexplicable liquidación de haberes que le descontaba altísimos porcentajes de los sueldos a los subalternos de la Prefectura y Gendarmería. Ahora, con los efectivos en las calles y sin el temor de levantar la voz públicamente, el reclamo se hizo mucho más abarcativo y ya no alcanza con la restitución de esas sumas para poner fin al asunto. Queda claro: el decreto 1307, firmado por la Presidenta de la Nación, fue la gota que rebalsó un vaso que ya venía sobrecargado y que desbordaría en cualquier momento.
Las razones son varias. Al igual que sucede en muchas reparticiones del Estado, las enormes sumas en negro que cobran los efectivos de las fuerzas les impiden acceder a créditos bancarios y les resta una gran cantidad de plata para sus futuras jubilaciones. Parece mentira, pero el Estado es uno de los empleadores que más negrea a sus propios empleados. Este desagradable fenómeno se da a nivel nacional, provincial y municipal: no se salva ninguno.
Otro de los motivos de la protesta se da por la nula participación en las negociaciones salariales que tienen los subalternos, que encima no tienen la chance de sindicalizarse. Ellos, los grandes perjudicados con el decreto, nunca fueron consultados sobre ese documento. Por eso, ahora su reclamo también es por una participación directa en los debates y por una mayor democratización de las negociaciones. Todo se radicalizó al extremo.
El reparto de las culpas
El Gobierno, visiblemente desorientado por las ramificaciones del conflicto, no fue muy original en su argumentación: volvió a denunciar una especie de complot en su contra, ahora de las autoridades de las fuerzas a la hora de aplicar el decreto. El descabezamiento de las cúpulas de Prefectura y Gendarmería parece orientado exclusivamente a desviar el costo político hacia afuera de la Casa Rosada, pero en absoluto a encontrar una solución definitiva a un problema que se agrava con el paso de las horas. ¿Nadie pudo prever lo que sucedería con el decreto 1307? Otra vez, las contradicciones saltan a flor de piel. Si el decreto está bien redactado pero mal aplicado por las cabezas militares, ¿por qué se suspendió momentáneamente su validez? Esa pregunta seguía anoche sin una respuesta coherente.