Continúa el fuego cruzado entre la Nación y Santa Fe tras el escándalo por narcotráfico y la crisis policial, que no da respiro al primer mandatario santafesino Horacio Bonfatti.
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Continúa el fuego cruzado entre la Nación y Santa Fe tras el escándalo por narcotráfico y la crisis policial, que no da respiro al primer mandatario santafesino Horacio Bonfatti.
Es que un día después de que la ministra de Seguridad de la Nación, Nilda Garré, apuntara que esa provincia como la más conflictiva en la lucha contra la droga y dejara entrever que se convirtió en una zona liberada, la respuesta de Bonfatti no se hizo esperar.
“Si miramos por donde entra la droga, yo puedo hacerle una imputación al Gobierno de la Nación porque entra por las fronteras”, advirtió ayer el mandatario socialista.
Pero, en un intento de no ser tan confrontativo lanzó un pedido a las autoridades nacionales: “Hagámonos cargo, sentémonos juntos para buscar soluciones”.
De todos modos en mandatario santafesino también reclamó que haya más jueces federales para atender las causas por narcotráfico y “que articulemos entre las fuerzas la seguridad provincial y nacional” labores contra esos delitos.
Cabe recordar que la polémica entre los dos estados se abrió desde la detención del ex jefe de la Policía santafesina, Hugo Tognoli, en el marco de una investigación de la justicia federal y la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que depende de la Nación, por su aparente vinculación a mecanismos de protección para narcotraficantes.
Con el escándalo que originó la renuncia y arresto de Tognoli, la administración Bonfatti implementó cambios en la cúpula de Seguridad.
Es más, ahora, adelantó que las reformas se extenderán a la Policía.
“Los cambios de cargos en la Policía se realizarán los que correspondan cuando haya vacantes, aunque si el ministro de Seguridad, Raúl Lamberto, quiere, podrá hacer los que considere necesarios”, aseguró.
Finalmente adelantó que “en los próximos días se dará a conocer una fuerte reestructuración de la policía y hay un montón de medidas”.
Por su parte, el candidato a diputado nacional por el PRO en Santa Fe Miguel Del Sel, salió ayer a alimentar la diferencia entre ambos gobiernos y afirmó que “hay que pedir que se investigue” el accionar del narcotráfico en la provincia y su presunto vínculo con el Estado.
“Ahora salen los kirchneristas a matar al gobierno de Bonfatti cuando la Presidenta nunca habló de la droga”, concluyó.
Pero lo cierto es que tras el escándalo de Raúl Garré, hermano de la ministra, quien a comienzo de octubre fue apuntado como el autor del decreto 1307 que recortó los salarios de los agentes de Prefectura y Gendarmería, y que originaron un “alzamiento” en todo el país que se centró en los edificios “Guardacostas” y “Centinela”, la tormenta sobre Seguridad sigue con grandes nubarrones.
El descabezamiento de los líderes de la protesta creó un malestar que aún se percibe en estas fuerzas, sobre todo en Gendarmería, que se encarga de la custodia de la frontera argentina con cinco países y en donde Salta y Jujuy deben compartir una denominada “frontera caliente”.
Los casos salteños
Triple crimen en Acambuco
A comienzo del mes pasado tres hombres fueron hallados acribillados a balazos en el interior de un automóvil detenido sobre la ruta provincial 46, en un paraje cercano a la localidad salteña de Acambuco y la principal hipótesis que aún manejan los investigadores se inclina hacia la posibilidad de un triple homicidio por un ajuste de cuentas ligado al narcotráfico.
Ambulancia “muy blanca”
El 20 e junio pasado una ambulancia del Gobierno salteño que llevaba 25 kilos de cocaína fue interceptada en el en el paraje Cuña Muerta, próximo a Tartagal. Había atravesado a gran velocidad, con las balizas encendidas y la sirena activada, por un control de Gendarmería de la localidad de Aguaray. Los apresados fueron el chofer, la enfermera y un “paciente”.
En Senda Hachada
A mediados de septiembre en el paraje Senda Hachada, Gendarmería interceptó un vehículo en que se transportaban unos 200 kilogramos de cocaína de máxima pureza, valuados en $2.000.000, cifra que se cuadriplica en Buenos Aires y que se eleva a 8 millones de euros en los puertos del Viejo Continente.