La Auditoría General de la Nación (AGN) publicó un informe en el que confirmó las vinculaciones del juez federal Luis Armella con empresas contratadas para llevar a cabo el Plan Integral de Saneamiento de la Cuenca Matanza-Riachuelo.
Según el informe presentado por la AGN ante la Corte Suprema de Justicia, seis empresas contratadas no sólo guardan vínculos entre sí, sino que algunos de sus socios tienen lazos familiares con el juez Armella, a cargo de ejecutar el fallo que ordenó las tareas de saneamiento.
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La Auditoría General de la Nación (AGN) publicó un informe en el que confirmó las vinculaciones del juez federal Luis Armella con empresas contratadas para llevar a cabo el Plan Integral de Saneamiento de la Cuenca Matanza-Riachuelo.
Según el informe presentado por la AGN ante la Corte Suprema de Justicia, seis empresas contratadas no sólo guardan vínculos entre sí, sino que algunos de sus socios tienen lazos familiares con el juez Armella, a cargo de ejecutar el fallo que ordenó las tareas de saneamiento.
“Se trata de una situación de mucha gravedad ante la posibilidad de un fraude a los bienes del Estado, a los fondos públicos destinados al programa de saneamiento”, señaló el titular de la AGN, Leandro Despouy, y agregó que la situación de Armella “es complicada y deberá ser examinada por los canales pertinentes”, no sólo en el Consejo de la Magistratura, donde ya fue denunciado, sino también por la Corte Suprema.
En el documento se menciona a las empresas San Martín 264 Bernal S.A, Gildin S.A, Tierras Provinciales S.A, Vial Rogo Constructora S.A, Compañía Constructora M&T S.A y Kartonsec S.A, todas ellas vinculadas al matrimonio de Francisco González y Graciela Pizzera y sus cinco hijos, que participan alternadamente las seis sociedades. El dato que sobresale es que la empresa San Martín 264 Bernal S.A es presidida por Francisco Groba, “suegro del juez a cargo del Juzgado Federal de Primera Instancia de Quilmes, Luis Armella”.
Además, una de las socias que forman parte de esta empresa es Marina Groba, “hija de Francisco Groba y esposa del juez Luis Armella”, según detalla el informe de la AGN, organismo que preside Leandro Despouy. El resto de la sociedad está conformado por “Gabriela Aparicio, integrante del primer directorio de Compañía Constructora M&T S.A; Lorena González, directora de Kartonsec S.A y socia de Vial Rogo Constructora S.A; y Romina González, directora suplente de Kartonsec S.A. y socia de Vial Rogo S.A”.
Las empresas “se encuentran vinculadas por la composición de sus órganos de administración y fiscalización; la identidad de sus socios; la coincidencia de sus domicilios; sus integrantes presentan relaciones familiares entre sí y cuatro de ellas fueron instrumentadas por el mismo escribano”, indica el informe de la AGN. Señala además que “ACUMAR tenía conocimiento de las contrataciones directas realizadas por AySA con Compañía Constructora M&T S.A.”, una empresa que -señaló Despouy- “se creó en 2008 y tenia como capital suscrito 15 mil pesos y capital integrado 3 mil, pero que logró obtener contrataciones del Estado por 130 millones de pesos en obras”.
El documento remarca que, en todos los casos, “los requerimientos del juez Armella en los que AySA y CEAMSE fundan la urgencia/emergencia para las contrataciones directas” de las empresas mencionadas para realizar obras del Plan Integral de Saneamiento elaborado por la Autoridad de Cuenca Matanza- Riachuelo.