El jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, anunció que el Estado nacional se hará cargo nuevamente del inmueble denominado Predio Ferial de Palermo al disponer la ‘nulidad absoluta del decreto 2699 del año 91‘ que dispuso la venta directa de ese espacio a la Sociedad Rural Argentina.Abal Medina, en una conferencia de prensa brindada esta tarde en la Casa Rosada, dijo que ‘la Presidenta (Cristina Fernández de Kirchner) firmó ayer el decreto 2552 que en su parte dispositiva‘ establece que se revoca ‘por estar afectado de nulidad absoluta el decreto 2699/91 así como todos los actos dictados en consecuencia del citado decreto por adolecer de igual nulidad En consecuencia, dijo que se instruyó ‘a la Agencia de Administración de Bienes del Estado en su carácter de autoridad de aplicación a que realice todos los actos conducentes a la toma de posesión del inmueble denominado Predio Ferial de Palermo ubicado entre las avenidas Santa Fe y Sarmiento y las calles Cerviño y Oro‘. Señaló que también se instruyó a la Agencia a que haga todo lo inherente ‘a la regularización de la situación jurídica resultante de dicha medida‘. Detalló además, que el artículo 3 del decreto establece que ‘la Agencia de Descentralización de Bienes del Estado, con intervención de la SIGEN, determinará las compensaciones que pudieran resultar de la revocación dispuesta y adoptará las medidas que en su caso pudieran corresponder‘. Luego de la lectura del decreto, Abal Medina recordó que ‘en el año 1991 con el supuesto propósito de poner fin a una situación irregular del predio por parte de la Sociedad Rural Argentina, a través del decreto 2699 se aprobó la venta por parte del Estado nacional de predio en cuestión‘.
‘Esta venta caracterizada por una serie de irregularidades -puntualizó el jefe de los ministros- ha sido definida por el juez Sergio Torres como una sustracción al patrimonio del Estado Nacional‘. ‘En primer lugar -citó Abal Medina- el precio vil de 30 millones de dólares establecido como valor de aquel predio, representa menos de la mitad del valor determinado por el Tribunal de Tasación de la Nación, que determinó el valor real en la suma de 63.615.000 de dólares a valor del año 91‘. ‘En segundo lugar se omitió asignar valor a la tasación realizada en aquel entonces por el ex Banco Hipotecario y el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a los bienes que dentro del predio ya eran propiedad del Estado argentino, por el usufructo que la Sociedad Rural Argentina había realizado el mismo hasta el año 1991‘, agregó el funcionario. ‘En tercer lugar -enfatizó- la venta del predio y sin que mediara justificación alguna, fue realizada en forma directa evitando los mecanismos establecidos por la normativa vigente que eran el remate o licitación pública‘. También recordó que ‘se le concedió a la Sociedad Rural Argentina un plazo de 10 años para saldar el valor del inmueble cuando tal prerrogativa estaba expresamente prohibida‘. Expuso que ‘por las razones expuestas el juez Torres ha procesado a Domingo Felipe Cavallo por entonces ministro de Economía, Obras y Servicios Públicos de la Nación‘. También a ‘Eduardo Agustín Carlos de Zavalía, presidente de la Sociedad Rural, y Juan Alberto Ravangnan, secretario; Raúl Orestes Angelini, Ricardo Isidoro Schapiro y Juan Manuel Insúa, funcionarios por ese entonces del Banco Ciudad de Buenos Aires; Jorte Frost y Carlos Alberto Ratto y David
Ivakhoff, funcionarios del por entonces ex Banco Hipotecario Nacional‘. Asimismo procesó a ‘Matías Lucas Ordóñez, presidente de la por entonces Comisión de Venta de Inmuebles Estatales, y Gastón Ramón Figueroa Alcorta‘, director de esa misma comisión. Especificó Abal Medina que ‘estos 11 ex funcionarios del Estado nacional, el Banco Ciudad y el ex Banco Hipotecario Nacional, han sido procesados por el delito de peculado, previsto en el artículo 261 del Código Penal de la Nación‘. Aseveró que el juez Torres ‘ha considerado que los procesados sustrajeron del patrimonio del Estado nacional el inmueble en el que actualmente se ubica la Sociedad Rural Argentina mediante la maniobra de asignarle un menor valor‘.
Abal Medina agregó que también ‘ha habido un dictamen de la Procuración del Tesoro de la Nación avalando declarar nulo de nulidad absoluta el decreto 2699 del 91‘. En ese sentido, sostuvo que ‘la propia doctrina de la Procuración del Tesoro de la Nación, tiene dicho que una transferencia de bienes estatales que es efectuada con sustento en un precio vil, resulta ilícita‘. Agregó que ‘el precio vil pagado de este inmueble del Estado nacional se suma el gravísimo hecho de que la Sociedad Rural Argentina ha dejado de pagar los compromisos contraídos por aquel acto administrativo‘. Citó Abal Medina que ‘la deuda asciende calculando los intereses y
penalidades previstas a 157.397.269,53 pesos‘. Subrayó que ‘estaríamos incumpliendo con nuestros deberes de funcionarios públicos si permitiésemos que este daño fuese consumado‘. El jefe de Gabinete adelantó que mañana, las autoridades de la Agencia de Administración de Bienes del Estado ‘notificarán a los ocupantes del predio‘ el decreto que lleva la firma de la Presidenta, y les comunicaran ‘la obligación que el bien que ocupan sea restituido al patrimonio del Estado nacional, en las actuales condiciones y a la brevedad posible‘. ‘Esta decisión que ha tomado nuestra Presidenta, obviamente, no es un hecho aislado sino que se inscribe claramente en la política de recuperación del Estado, de sus capacidades, sus propiedades, sus condiciones, que venimos desarrollando desde 2003 en adelante con Néstor Kichner y profundizado con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner‘, subrayó Abal Medina. Aseguró que ‘esta recuperación de un Estado que había sido prácticamente destruido a partir del año 76 con las consignas del neoliberalismo, con la destrucción del Estado, con su enajenación, hemos podido ir revirtiendo ese proceso con una decisión estatal de recuperar los bienes del Estado‘. Definió como ‘cuestiones centrales para todos‘ el ‘compromiso de desendeudamiento que ha tomado la Argentina, que nos ha permitido retomar nuestra soberanía y que hoy las decisiones se tomen acá en esta casa y en la casas donde ocupan los funcionarios electos como la Constitución prescribe,
y no por los organismos internacionales de crédito‘. Ponderó que ‘en este mismo sentido, la recuperación de Aerolíneas Argentinas, otra de las empresas que habían sido malvendidas en los años 90 que nos permitió volver a integrar el país‘. Asimismo resaltó ‘la recuperación de los fondos de todos los trabajadores en
las antiguas AFJP, nos habla de una misma política que este año concretamos claramente con la recuperación de nuestra YPF‘. ‘Esta política que hoy estamos decidiendo tiene simplemente que ver con eso, recuperar para todos los argentinos sus propiedades, sus capacidades, su decisión de autonomía‘, afirmó el jefe de Gabinete. Reafirmó ‘ese compromiso profundo de este Estado y de esta Presidenta de continuar encaminándonos por esta senda que en un momento tan difícil del mundo es la que nos garantiza poder afrontar exitosamente como venimos haciendo los desafíos de una economía internacional cada vez más convulsionada y compleja‘.
inicia sesión o regístrate.
El jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, anunció que el Estado nacional se hará cargo nuevamente del inmueble denominado Predio Ferial de Palermo al disponer la ‘nulidad absoluta del decreto 2699 del año 91‘ que dispuso la venta directa de ese espacio a la Sociedad Rural Argentina.Abal Medina, en una conferencia de prensa brindada esta tarde en la Casa Rosada, dijo que ‘la Presidenta (Cristina Fernández de Kirchner) firmó ayer el decreto 2552 que en su parte dispositiva‘ establece que se revoca ‘por estar afectado de nulidad absoluta el decreto 2699/91 así como todos los actos dictados en consecuencia del citado decreto por adolecer de igual nulidad En consecuencia, dijo que se instruyó ‘a la Agencia de Administración de Bienes del Estado en su carácter de autoridad de aplicación a que realice todos los actos conducentes a la toma de posesión del inmueble denominado Predio Ferial de Palermo ubicado entre las avenidas Santa Fe y Sarmiento y las calles Cerviño y Oro‘. Señaló que también se instruyó a la Agencia a que haga todo lo inherente ‘a la regularización de la situación jurídica resultante de dicha medida‘. Detalló además, que el artículo 3 del decreto establece que ‘la Agencia de Descentralización de Bienes del Estado, con intervención de la SIGEN, determinará las compensaciones que pudieran resultar de la revocación dispuesta y adoptará las medidas que en su caso pudieran corresponder‘. Luego de la lectura del decreto, Abal Medina recordó que ‘en el año 1991 con el supuesto propósito de poner fin a una situación irregular del predio por parte de la Sociedad Rural Argentina, a través del decreto 2699 se aprobó la venta por parte del Estado nacional de predio en cuestión‘.
‘Esta venta caracterizada por una serie de irregularidades -puntualizó el jefe de los ministros- ha sido definida por el juez Sergio Torres como una sustracción al patrimonio del Estado Nacional‘. ‘En primer lugar -citó Abal Medina- el precio vil de 30 millones de dólares establecido como valor de aquel predio, representa menos de la mitad del valor determinado por el Tribunal de Tasación de la Nación, que determinó el valor real en la suma de 63.615.000 de dólares a valor del año 91‘. ‘En segundo lugar se omitió asignar valor a la tasación realizada en aquel entonces por el ex Banco Hipotecario y el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a los bienes que dentro del predio ya eran propiedad del Estado argentino, por el usufructo que la Sociedad Rural Argentina había realizado el mismo hasta el año 1991‘, agregó el funcionario. ‘En tercer lugar -enfatizó- la venta del predio y sin que mediara justificación alguna, fue realizada en forma directa evitando los mecanismos establecidos por la normativa vigente que eran el remate o licitación pública‘. También recordó que ‘se le concedió a la Sociedad Rural Argentina un plazo de 10 años para saldar el valor del inmueble cuando tal prerrogativa estaba expresamente prohibida‘. Expuso que ‘por las razones expuestas el juez Torres ha procesado a Domingo Felipe Cavallo por entonces ministro de Economía, Obras y Servicios Públicos de la Nación‘. También a ‘Eduardo Agustín Carlos de Zavalía, presidente de la Sociedad Rural, y Juan Alberto Ravangnan, secretario; Raúl Orestes Angelini, Ricardo Isidoro Schapiro y Juan Manuel Insúa, funcionarios por ese entonces del Banco Ciudad de Buenos Aires; Jorte Frost y Carlos Alberto Ratto y David
Ivakhoff, funcionarios del por entonces ex Banco Hipotecario Nacional‘. Asimismo procesó a ‘Matías Lucas Ordóñez, presidente de la por entonces Comisión de Venta de Inmuebles Estatales, y Gastón Ramón Figueroa Alcorta‘, director de esa misma comisión. Especificó Abal Medina que ‘estos 11 ex funcionarios del Estado nacional, el Banco Ciudad y el ex Banco Hipotecario Nacional, han sido procesados por el delito de peculado, previsto en el artículo 261 del Código Penal de la Nación‘. Aseveró que el juez Torres ‘ha considerado que los procesados sustrajeron del patrimonio del Estado nacional el inmueble en el que actualmente se ubica la Sociedad Rural Argentina mediante la maniobra de asignarle un menor valor‘.
Abal Medina agregó que también ‘ha habido un dictamen de la Procuración del Tesoro de la Nación avalando declarar nulo de nulidad absoluta el decreto 2699 del 91‘. En ese sentido, sostuvo que ‘la propia doctrina de la Procuración del Tesoro de la Nación, tiene dicho que una transferencia de bienes estatales que es efectuada con sustento en un precio vil, resulta ilícita‘. Agregó que ‘el precio vil pagado de este inmueble del Estado nacional se suma el gravísimo hecho de que la Sociedad Rural Argentina ha dejado de pagar los compromisos contraídos por aquel acto administrativo‘. Citó Abal Medina que ‘la deuda asciende calculando los intereses y
penalidades previstas a 157.397.269,53 pesos‘. Subrayó que ‘estaríamos incumpliendo con nuestros deberes de funcionarios públicos si permitiésemos que este daño fuese consumado‘. El jefe de Gabinete adelantó que mañana, las autoridades de la Agencia de Administración de Bienes del Estado ‘notificarán a los ocupantes del predio‘ el decreto que lleva la firma de la Presidenta, y les comunicaran ‘la obligación que el bien que ocupan sea restituido al patrimonio del Estado nacional, en las actuales condiciones y a la brevedad posible‘. ‘Esta decisión que ha tomado nuestra Presidenta, obviamente, no es un hecho aislado sino que se inscribe claramente en la política de recuperación del Estado, de sus capacidades, sus propiedades, sus condiciones, que venimos desarrollando desde 2003 en adelante con Néstor Kichner y profundizado con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner‘, subrayó Abal Medina. Aseguró que ‘esta recuperación de un Estado que había sido prácticamente destruido a partir del año 76 con las consignas del neoliberalismo, con la destrucción del Estado, con su enajenación, hemos podido ir revirtiendo ese proceso con una decisión estatal de recuperar los bienes del Estado‘. Definió como ‘cuestiones centrales para todos‘ el ‘compromiso de desendeudamiento que ha tomado la Argentina, que nos ha permitido retomar nuestra soberanía y que hoy las decisiones se tomen acá en esta casa y en la casas donde ocupan los funcionarios electos como la Constitución prescribe,
y no por los organismos internacionales de crédito‘. Ponderó que ‘en este mismo sentido, la recuperación de Aerolíneas Argentinas, otra de las empresas que habían sido malvendidas en los años 90 que nos permitió volver a integrar el país‘. Asimismo resaltó ‘la recuperación de los fondos de todos los trabajadores en
las antiguas AFJP, nos habla de una misma política que este año concretamos claramente con la recuperación de nuestra YPF‘. ‘Esta política que hoy estamos decidiendo tiene simplemente que ver con eso, recuperar para todos los argentinos sus propiedades, sus capacidades, su decisión de autonomía‘, afirmó el jefe de Gabinete. Reafirmó ‘ese compromiso profundo de este Estado y de esta Presidenta de continuar encaminándonos por esta senda que en un momento tan difícil del mundo es la que nos garantiza poder afrontar exitosamente como venimos haciendo los desafíos de una economía internacional cada vez más convulsionada y compleja‘.