La granja-penal Comayagua, que ardió el martes en Honduras dejando 355 muertos y 50 desaparecidos, era una cárcel “modelo”, según funcionarios del gobierno de Porfirio Lobo. Dicha afirmación contrasta con la realidad.
inicia sesión o regístrate.
La granja-penal Comayagua, que ardió el martes en Honduras dejando 355 muertos y 50 desaparecidos, era una cárcel “modelo”, según funcionarios del gobierno de Porfirio Lobo. Dicha afirmación contrasta con la realidad.
En primera instancia, la unidad carcelaria estaba al doble de su capacidad y durante el siniestro nunca llegó “el hombre que tenía las llaves” para abrir las celdas y evitar que los presos murieran asfixiados o carbonizados, agarrados a los barrotes.
De acuerdo con el informe oficial que trascendió ante los medios locales, todos los días había en esa cárcel unos 800 reclusos, cuando el cupo era para 500. Solo trabajaban 51 guardias de día y apenas 12 durante la noche, momento cuando ocurrió el incendio. Asimismo, la prisión carecía de profesionales para brindar atención médica o de salud mental y el presupuesto para la alimentación de cada recluso equivalía a menos de un dólar por jornada.
Por otra parte, pesa en su contra un dato muy polémico. Los presos que murieron calcinados, y cuyos restos eran retirados en fragmentos ayer por la mañana, en su mayoría no estaban acusados y mucho menos sentenciados, de acuerdo con un informe gubernamental.
Más de la mitad de los 856 internos de la cárcel de Comayagua, al norte de la capital del país centroamericano, aguardaba juicio o estaba retenido como supuesto integrante de pandillas, según el informe que envió este mes el Gobierno hondureño a las Naciones Unidas.
Con el pasar de las horas las acusaciones contra autoridades y el personal de la cárcel fueron aumentando. El suspendido director de los servicios penitenciarios de Honduras, comisionado Danilo Orellana, señaló: “Los guardias creyeron, en un principio, que se trataba de una fuga masiva de reos, por eso cumplieron la ley y no permitieron el ingreso de nadie a la cárcel”.
Los bomberos corroboraron las palabras del comisionado Orellana, al indicar que habían respondido en diez minutos el llamado de auxilio, pero que habían estado esperando otros treinta hasta que fueron autorizados a ingresar en el penal.
El preso sobreviviente Fabricio Contreras señaló: “La gente (los reclusos) quería salir por el portón, pero nadie nos abría. Levantamos entre todos las láminas del techo y saltamos por el techo, saltamos por el muro”.
Igualmente, familiares de las víctimas denunciaron que los carceleros nunca habían abierto las celdas para que los presos pudiesen escapar de una muerte segura.
Hasta la próxima semana, la Fiscalía de Derechos Humanos podría tener las primeras conclusiones de lo que realmente pasó durante el incendio en la granja penal de Comayagua.
El informe será elaborado por personal de la fiscalía regional de Comayagua, fiscales de derechos humanos e investigadores criminales del Ministerio Público de Honduras, donde se tendrá en cuenta el testimonio de familiares de las víctimas mortales, que se trasladaron a Tegucigalpa.
Como parte de las investigaciones, diez reclusos de los pabellones seis y siete de Comayagua fueron trasladados el miércoles pasado a los Juzgados de Letras, donde declararon como testigos.