Ella parecía una vecina más. Conversaba con alguien que la escuchaba desde su moto. Hacía calor la noche del 16 de febrero en la esquina de Sarmiento y Colón.
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Ella parecía una vecina más. Conversaba con alguien que la escuchaba desde su moto. Hacía calor la noche del 16 de febrero en la esquina de Sarmiento y Colón.
Al personal de la Brigada Drogas Peligrosas de Tartagal no le llamó tanto la atención que la pareja charle en la vereda, sino que cada tanto la mujer aceptaba plata de transeúntes y motociclistas ocasionales. “En ese instante la mujer arrojó una riñonera e intentó abordar la motocicleta, pero fueron demorados”, dice el parte de la Policía. En la riñonera había $11,50 y 56 envoltorios de cocaína.
Un día después, en una plaza del barrio San Francisco Solano de la capital provincial, oficiales interceptaron a Claudia Olmos y Roberto Tapia cuando circulaban distribuyendo mercancía a bordo de un taxi. Llevaban 241 gramos de marihuana y más de un kilo de pasta base de cocaína. Estos son solo dos casos reales, pero representan la máxima preocupación de las fuerzas de seguridad de la Provincia: el microtráfico de drogas.
“El microtráfico, entendido como la venta al menudeo de pequeñas cantidades de drogas de baja calidad, que se efectúa en los barrios y villas de las ciudades salteñas, es nuestra principal preocupación”, le había dicho a El Tribuno el secretario de Seguridad, Eduardo Sylvester. No se trata de la droga que entra por Salta para terminar en Europa, sino de la que se queda en los hogares de miles de salteños. ¿Pero cómo funcionan estas organizaciones que abastecen el mercado interno de estupefacientes?
Según se desprende del primer estudio de diagnóstico sobre narcotráfico en la provincia, el tráfico de drogas a menor escala impide la generación de una dinámica de acumulación de capital, por lo que para la mayoría de los vendedores es una economía de subsistencia. De las condenas en Salta, el 45% son por pasta base o paco; el 38% por clorhidrato de cocaína y el 13% por marihuana. La mayoría de los condenados tienen entre 20 y 30 años de edad, el 70% son varones. El 24% de los condenados son de nacionalidad boliviana.
“Existen quienes se meten en el negocio de la droga por necesidad. Son los vendedores al menudeo en los barrios y en las ciudades. En la venta al por menor participan, tal vez, familias muy humildes. Esas personas lo hacen por las condiciones de una necesidad que es tremenda y que muchas veces no llegan a comprender la magnitud del daño que provocan con su accionar hormiga o barrial. Día a día nos vamos a sorprender de las formas de las organizaciones y de los individuos que se juegan el pellejo pasando drogas”, había dicho el abogado Ramón Valor, quien durante enero ejerció como juez subrogante del Juzgado Federal de Orán.
En ese mismo sentido, el diagnóstico destaca que, a nivel local, los comerciantes provienen de segmentos marginados de la población y que la mayoría da cuenta de una situación de pobreza y vulnerabilidad social”.