Juan Martín Royano y su esposa, María Magdalena Vélez, recibieron ayer la cédula judicial que tanto esperaron para despertar de una pesadilla que comenzó hace 14 años, cuando un aviso que les prometía el préstamo que tanto necesitaban, para atender a un hijo con mielomeningoceles (espina bifida), los puso en malas manos.
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Juan Martín Royano y su esposa, María Magdalena Vélez, recibieron ayer la cédula judicial que tanto esperaron para despertar de una pesadilla que comenzó hace 14 años, cuando un aviso que les prometía el préstamo que tanto necesitaban, para atender a un hijo con mielomeningoceles (espina bifida), los puso en malas manos.
“Al fin vamos a poder tener un poco de paz”, enfatizó el jubilado del barrio Santa Victoria, tras conocerse que la Corte denegó los recursos extraordinarios que el prestamista Alfredo Flores Torres y la escribana Estela Plaza interpusieron contra las condenas dictadas en julio de 2010. Ambos fueron sentenciados a dos años de prisión, en suspenso, por usura y falsedad ideológica en las escrituras por las que la vivienda de los Royano sigue hipotecada en el pasaje La Poma 2.227. Por tal motivo, la Cámara 4 del Crimen también dispuso para la notaria una inhabilitación profesional de 4 años, la que todavía no se hizo efectiva, porque sendos recursos de casación y posteriores recursos extraordinarios mantuvieron las condenas con efectos suspensivos hasta ayer.
Agotadas todas las instancias ante el más alto nivel de la Justicia salteña, las defensas del prestamista y la escribana podrían apelar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación en queja, aunque ya sin efecto suspensivo sobre la sentencia.
Royano adelantó que antes del viernes solicitará a la Cámara 4 que ordene a los órganos competentes el cumplimiento de la sentencia y la desafectación de la hipoteca que aún grava la vivienda que él, su esposa, tres hijos, una nuera y tres pequeños nietos habitan en el oeste capitalino.
“Nuestra casa es todo lo que tenemos”, remarcó el jubilado que, con su causa testimonial, encarna el drama de cientos de familias salteñas engañadas, esquilmadas y despojadas de sus viviendas a través de operaciones crediticias, ejecuciones hipotecarias, remates y desalojos teñidos de usura y estafa. Aceitadas redes aún siguen agrandando la tragedia social con la intervención de inescrupulosos comisionistas, prestanombres, falsos inversores, notarios y profesionales del derecho. “No todos son iguales”, afirmó Royano, quien dijo tener mil razones para agradecer a los abogados Norma Flores, Matías Adet y a otros letrados que acompañaron su causa en todos estos años.