El Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), como su nombre lo indica, era un ejército en el sentido militar del término. Fue creado por el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) con el específico objetivo de tomar el poder en la Argentina a través de la guerra revolucionaria. Nunca ocultaron esas intenciones. Al contrario, asumieron inequívocamente en los hechos lo que afirmaban en las palabras. Asaltaban cuarteles, asesinaban a militares, policías, sindicalistas y empresarios; secuestraban, extorsionaban, torturaban y encabezaban sus comunicados públicos con el título: “parte de guerra”.
Uno de esos hechos ocurrió el primero de diciembre de 1974 en la ciudad de Tucumán, cuando el ERP atentó contra el capitán Humberto Viola en momentos en que este, con su familia a bordo, llegaba a la casa de sus padres manejando su Citroen Ami 8. Allí, aún con la ventaja decisiva que da la planificación, la sorpresa y el número (dieciséis contra uno), el ERP no se anduvo con “prejuicios burgueses” y disparó al bulto. El resultado fue una masacre con el saldo siguiente: el capitán Viola, asesinado; su hija María Cristina, de tres años, asesinada; María Fernanda, su hija de cinco años, con un balazo en la cabeza; su esposa embarazada, María Cristina Picón, “ilesa”. A propósito, ¿por qué las organizaciones de derechos humanos no piden justicia para con los asesinos de la niñita María Cristina Viola?
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El Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), como su nombre lo indica, era un ejército en el sentido militar del término. Fue creado por el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) con el específico objetivo de tomar el poder en la Argentina a través de la guerra revolucionaria. Nunca ocultaron esas intenciones. Al contrario, asumieron inequívocamente en los hechos lo que afirmaban en las palabras. Asaltaban cuarteles, asesinaban a militares, policías, sindicalistas y empresarios; secuestraban, extorsionaban, torturaban y encabezaban sus comunicados públicos con el título: “parte de guerra”.
Uno de esos hechos ocurrió el primero de diciembre de 1974 en la ciudad de Tucumán, cuando el ERP atentó contra el capitán Humberto Viola en momentos en que este, con su familia a bordo, llegaba a la casa de sus padres manejando su Citroen Ami 8. Allí, aún con la ventaja decisiva que da la planificación, la sorpresa y el número (dieciséis contra uno), el ERP no se anduvo con “prejuicios burgueses” y disparó al bulto. El resultado fue una masacre con el saldo siguiente: el capitán Viola, asesinado; su hija María Cristina, de tres años, asesinada; María Fernanda, su hija de cinco años, con un balazo en la cabeza; su esposa embarazada, María Cristina Picón, “ilesa”. A propósito, ¿por qué las organizaciones de derechos humanos no piden justicia para con los asesinos de la niñita María Cristina Viola?
El 28 de mayo de 1975, seis meses después y en la misma provincia de Tucumán, un grupo de diez soldados salteños y dos suboficiales de la Companía de Ingenieros C5, mientras se encontraba pintando la escuela de Manchalá, fueron atacados por 114 hombres del ERP (entre estos, los asesinos del capitán Viola y su hija). Los agresores se dirigían al pueblo de Famaillá, sede del comando táctico del ejército, con el objetivo de tomarlo, asesinar a los oficiales y suboficiales y, en virtud de ello, dar un golpe de efecto político-militar al país.
La férrea resistencia de los salteños abortó los planes de los sediciosos, quienes se desperdigaron por los cañaverales cuando llegaron los refuerzos de Famaillá. Cabe consignar, aunque resulte obvio, que los soldados no se encontraban allí por voluntad propia. Estaban cumpliendo con el servicio militar obligatorio y, bajo tal circunstancia, enviados por las autoridades peronistas de entonces a defender el gobierno constitucional de aquellos que le habían declarado la guerra. Es por eso que el Combate de Manchalá debe entenderse, también, como una victoria del gobierno peronista contra la subversión. Además, menos de un año antes, el 22 de enero de 1974, a apenas tres meses de haber asumido la presidencia y después que el ERP atacara la Guarnición de Azul, el presidente Juan Perón, en dos mensajes, uno al pueblo y otro a los militares de Azul, habló de “aniquilar” y “exterminar uno a uno” a los guerrilleros a quienes calificó de psicópatas.
Una decisión incomprensible
No entiendo, entonces (y además repudio), que el Concejo Deliberante de la Ciudad de Salta (con amplia mayoría peronista) haya aprobado una resolución en la que solicita al secretario de Derechos Humanos de la Nación, Dr. Eduardo Luis Duhalde, para que, por su intermedio, el Ministerio de Defensa de la Nación ordene el retiro y que el Ejército remueva el denominado “Monumento al Combate de Manchalá”, sito en el predio del Batallón M5 de ingeniería en la avenida Arenales de esta ciudad.
¿Qué anima a los señores concejales contra los salteños homenajeados en el monumento?¿Por qué se la toman con ellos? Si, verdaderamente, están convencidos de que no había que reprimir a los guerrilleros que asesinaban por cuenta y riesgo propio están errando el viscachazo. Porque deben apuntar al que daba las órdenes de represión y no a los últimos “orejones del tarro” que estaban obligados a cumplirlas. En ese sentido, es mucho más apropiado empezar con la demolición de los miles de bustos del general Juan Domingo Perón que con el monumento al Combate de Manchalá.