La diputada del FAP Margarita Stolbizer ratificó hoy que existen ‘sobrados elementos‘ para acusar al vicepresidente Amado Boudou del ‘delito de negociados incompatibles con la función pública‘ en el caso de la ex Ciccone Calcográfica y consideró que la Justicia, que en las últimas horas allanó la imprenta, ‘está en el buen sentido‘.
Stolbizer estimó que el procedimiento de ayer en la planta de la localidad bonaerense de Don Torcuato apuntó a la ‘búsqueda de un elemento que también va a ser valioso en la investigación: saber cómo se llegó a desinteresar en la quiebra (de la imprenta) a los demás acreedores, ¿Qué se les dijo?, ¿Quién negoció?‘ ‘De la misma manera, qué se les dijo a los trabajadores de la Ciccone. Creo que a los trabajadores se les dijo: ’Quédense tranquilos que acá vienen buenos negocios’, ¿No?‘, deslizó la titular del GEN, en declaraciones a radio Mitre.
Por orden del juez federal Daniel Rafecas, a pedido del fiscal Carlos Rívolo, Gendarmería nacional allanó ayer la sede de la ex Ciccone, en la Panamericana, en busca de documentación y pruebas sobre The Old Fund, la firma de Alejandro Vandenbroele -sospechado de ser el testaferro de Boudou- que adquirió recientemente la imprenta, ahora llamada Compañía de Valores Sudamericana.
La Justicia intenta determinar cómo el fondo de inversión The Old Fund asumió el control de la ex Ciccone, en el marco del expediente en el que se investiga si Boudou, cuando era ministro de Economía, intercedió a favor de que un grupo de sus allegados se quedara con la imprenta, que en ese momento enfrentaba un pedido de quiebra. Stolbizer, quien ya en 2010 había denunciado presuntas maniobras irregulares de parte de funcionarios públicos para salvar a Ciccone, evaluó que existen ‘sobrados elementos‘ en la causa para probar que Boudou está involucrado ‘por lo menos en la comisión del delito de las negociaciones incompatibles con la función pública‘.
‘Creo que la investigación está en el buen sentido‘, resaltó la titular del GEN.
La legisladora nacional recordó que ‘desde el comienzo hicimos hincapié en la cantidad de funcionarios públicos involucrados‘ en este escándalo.
‘Por eso en algún momento nos preocupó que, en gran parte, la investigación judicial o periodística iba encaminada hacia la probanza sobre relaciones personales, de amistad o familiares, como si la responsabilidad penal del entonces ministro de Economía pudiera surgir por sí había intercedido para que un amigo se quedara con una empresa‘, advirtió.
En tal sentido, explicó que ‘en realidad, el delito que la justicia investiga son las negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, donde el tipo penal se configura solamente con que el funcionario se interese en una causa‘.
‘Y eso está suficientemente probado: cuando el propio (titular de la AFIP, Ricardo) Echegaray saca de la galera esa nota firmada por Boudou que autoriza el levantamiento de la quiebra y las concesiones especiales que se le hacen a la empresa para facilitar el levantamiento, eso termina de configurar un delito‘, enfatizó.
La diputada insistió en afirmar que detrás de ‘ese delito, para que se llegara a configurar ese negociado, hay una cantidad de funcionarios que han participado necesariamente para eso‘.
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La diputada del FAP Margarita Stolbizer ratificó hoy que existen ‘sobrados elementos‘ para acusar al vicepresidente Amado Boudou del ‘delito de negociados incompatibles con la función pública‘ en el caso de la ex Ciccone Calcográfica y consideró que la Justicia, que en las últimas horas allanó la imprenta, ‘está en el buen sentido‘.
Stolbizer estimó que el procedimiento de ayer en la planta de la localidad bonaerense de Don Torcuato apuntó a la ‘búsqueda de un elemento que también va a ser valioso en la investigación: saber cómo se llegó a desinteresar en la quiebra (de la imprenta) a los demás acreedores, ¿Qué se les dijo?, ¿Quién negoció?‘ ‘De la misma manera, qué se les dijo a los trabajadores de la Ciccone. Creo que a los trabajadores se les dijo: ’Quédense tranquilos que acá vienen buenos negocios’, ¿No?‘, deslizó la titular del GEN, en declaraciones a radio Mitre.
Por orden del juez federal Daniel Rafecas, a pedido del fiscal Carlos Rívolo, Gendarmería nacional allanó ayer la sede de la ex Ciccone, en la Panamericana, en busca de documentación y pruebas sobre The Old Fund, la firma de Alejandro Vandenbroele -sospechado de ser el testaferro de Boudou- que adquirió recientemente la imprenta, ahora llamada Compañía de Valores Sudamericana.
La Justicia intenta determinar cómo el fondo de inversión The Old Fund asumió el control de la ex Ciccone, en el marco del expediente en el que se investiga si Boudou, cuando era ministro de Economía, intercedió a favor de que un grupo de sus allegados se quedara con la imprenta, que en ese momento enfrentaba un pedido de quiebra. Stolbizer, quien ya en 2010 había denunciado presuntas maniobras irregulares de parte de funcionarios públicos para salvar a Ciccone, evaluó que existen ‘sobrados elementos‘ en la causa para probar que Boudou está involucrado ‘por lo menos en la comisión del delito de las negociaciones incompatibles con la función pública‘.
‘Creo que la investigación está en el buen sentido‘, resaltó la titular del GEN.
La legisladora nacional recordó que ‘desde el comienzo hicimos hincapié en la cantidad de funcionarios públicos involucrados‘ en este escándalo.
‘Por eso en algún momento nos preocupó que, en gran parte, la investigación judicial o periodística iba encaminada hacia la probanza sobre relaciones personales, de amistad o familiares, como si la responsabilidad penal del entonces ministro de Economía pudiera surgir por sí había intercedido para que un amigo se quedara con una empresa‘, advirtió.
En tal sentido, explicó que ‘en realidad, el delito que la justicia investiga son las negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, donde el tipo penal se configura solamente con que el funcionario se interese en una causa‘.
‘Y eso está suficientemente probado: cuando el propio (titular de la AFIP, Ricardo) Echegaray saca de la galera esa nota firmada por Boudou que autoriza el levantamiento de la quiebra y las concesiones especiales que se le hacen a la empresa para facilitar el levantamiento, eso termina de configurar un delito‘, enfatizó.
La diputada insistió en afirmar que detrás de ‘ese delito, para que se llegara a configurar ese negociado, hay una cantidad de funcionarios que han participado necesariamente para eso‘.