El juez federal Ariel Lijo dio por válida la declaración de Laura Muñoz, la exmujer de Alejandro Vandenbroele, quien denunció que su marido sería el testaferro del vicepresidente Amado Boudou, lo que permitió avanzar en la causa por supuestos tráfico de influencias y lavado de dinero en la exCiccone Calcográfica.
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El juez federal Ariel Lijo dio por válida la declaración de Laura Muñoz, la exmujer de Alejandro Vandenbroele, quien denunció que su marido sería el testaferro del vicepresidente Amado Boudou, lo que permitió avanzar en la causa por supuestos tráfico de influencias y lavado de dinero en la exCiccone Calcográfica.
El magistrado rechazó el planteo de Vandenbroele, dueño de la nueva exCiccone, contra el testimonio de su mujer, así como otras nulidades pedidas por José María Núñez Carmona, amigo y socio de Boudou, contra la investigación de Carlos Rívolo, el primer fiscal de la causa, entre ellas el allanamiento al departamento del vicepresidente, informaron fuentes judiciales.
De esta manera, Lijo mantiene abierta la investigación, ya que de haber aceptado las nulidades la causa se hubiera caído. “Mi marido sería testaferro de Boudou”, dijo Muñoz en distintos medios de prensa cuando el caso Ciccone comenzó a hacerse público, y dijo que Vandenbroele -con quien está tramitando el divorcio- comenzó a cambiar su estilo de vida desde que dijo que trabajaba para gente del vicepresidente de la Nación.
La mujer declaró en febrero en la causa, cuando el fiscal Rívolo viajó a Mendoza a tomarle testimonial, y luego allanó su vivienda en Chacras de Coria para recolectar pruebas.
La defensa de Vandenbroele pidió la nulidad de la declaración por considerar que fue la que abrió la causa y la ley establece que ninguna persona puede denunciar ni testificar contra su cónyuge.
Además, sostuvo que el allanamiento a la vivienda fue para “subsanar vicios procesales y ausencia de pruebas” que le habían dejado al fiscal la declaración de Boudou.
Sin embargo, el juez Lijo rechazó el planteo al señalar que la causa se inició en la Justicia con una denuncia de Jorge Pacífico realizada en diciembre de 2011, previo a las declaraciones de Muñoz en los medios, y que tras ellas se presentaron otras dos denuncias de parte de Jorge Luis Vitale y Ricardo Monner Sans.
“La forma en que se inició la investigación fue por medio de la denuncia de tres personas distintas que, además, se valieron de diversas fuentes: Internet, publicaciones periodísticas anteriores a la aparición de Muñoz en los medios, entre otras”, explicó Lijo, dijeron las fuentes.
El magistrado también rechazó la nulidad por el vínculo entre Muñoz y Vandenbroele al señalar que “la familia pretendidamente protegida ya perdió los lazos parentales que la unía”, porque están separados de hecho.
“Laura Muñoz no registra, al menos de las constancias de la causa no se desprende ello, alguna relación familiar con las restantes personas que mencionó en su declaración”, consideró Lijo, y agregó que la mujer, “de Ciccone no sabía nada, por lo que no se comprende cuál es el sentido de la sanción procesal que se pretende”.
La resolución del juez se da en la causa en la que investiga si Boudou cometió tráfico de influencias para que The Old Fund, de Vandenbroele, se quede con la exCiccone.
La causa estaba a cargo del fiscal Rívolo y del juez Daniel Rafecas, quienes fueron apartados del expediente y reemplazados por Jorge Di Lello y Lijo.
El fiscal Di Lello pidió avanzar en la causa para conocer quiénes son los dueños de The Old Fund y Comisión de Valores Sudamericana (la nueva Ciccone), por lo que le pidió a la Casa de Moneda que informe en qué cuentas bancarias depositó los pagos que hizo a la compañía por la impresión de billetes que le ordenó hacer.
También investigan a Boudou en otra causa por presunto enriquecimiento ilícito, junto a su novia, Agustina Kämpfer, Vandenbroele y Núñez Carmona.
En tanto, en otro expediente el fiscal Luis Comparatore pidió hoy investigar a Boudou por presuntas irregularidades en el manejo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES (Administración Nacional de la Seguridad Social) a través de la presunta “utilización ilegítima de información privilegiada” de la que habrían gozado sociedades anónimas, según la denuncia que presentó el diputado del FAP Claudio Lozano.