Durante el proceso nacieron organizaciones que representan tanto aborígenes como a criollos. En 1998 una de esas entidades, que agrupa a varias comunidades indígenas, llevó el reclamo por las tierras a los tribunales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En respuesta a la demanda de la asociación Lhaka Honhat, el organismo internacional recomendó al Estado argentino que cualquier acción o medida sobre el territorio sea previamente consultada con las comunidades. También sugirió que se entreguen a las comunidades indígenas 400.000 hectáreas libres de establecimientos criollos, para que los pueblos originarios puedan seguir viviendo de acuerdo a sus tradiciones ancestrales. Por otra parte, a los criollos se les reconocerían 243.000 hectáreas, que hasta el momento no están claramente definidas. Para que esto suceda, cientos de criollos deberían relocalizarse de forma voluntaria, con la promesa de nuevos servicios básicos e instalaciones, y lejos del lugar donde están las tumbas de sus padres y abuelos.
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Durante el proceso nacieron organizaciones que representan tanto aborígenes como a criollos. En 1998 una de esas entidades, que agrupa a varias comunidades indígenas, llevó el reclamo por las tierras a los tribunales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En respuesta a la demanda de la asociación Lhaka Honhat, el organismo internacional recomendó al Estado argentino que cualquier acción o medida sobre el territorio sea previamente consultada con las comunidades. También sugirió que se entreguen a las comunidades indígenas 400.000 hectáreas libres de establecimientos criollos, para que los pueblos originarios puedan seguir viviendo de acuerdo a sus tradiciones ancestrales. Por otra parte, a los criollos se les reconocerían 243.000 hectáreas, que hasta el momento no están claramente definidas. Para que esto suceda, cientos de criollos deberían relocalizarse de forma voluntaria, con la promesa de nuevos servicios básicos e instalaciones, y lejos del lugar donde están las tumbas de sus padres y abuelos.
En 2007 se alcanzó un acuerdo, algunos criollos y aborígenes lo desconocen, siguiendo los parámetros de las recomendaciones del tribunal internacional. De las 643.000 hectáreas de los lotes 14 y 55, 113.000 están libres de reclamo aborigen y podrían utilizarse para reubicar a los criollos que acepten el traslado. En las 530.000 hectáreas restantes se encuentran superpuestas las 400.000 hectáreas de ocupación indígena y otras 130.000 hectáreas de ocupación criolla. El órgano provincial encargado de ordenar el proceso es la Unida Ejecutora Provincial (UEP), que en la actualidad intenta avanzar con los casos de criollos que podrían aceptar una reubicación, aunque el problema será con los que se niegan a irse.
“Es imposible que se traslade a todos los criollos, aunque hay pobladores criollos cerca de las comunidades que expresan su voluntad de relocalizarse. La realidad de la zona no es la que mencionan las recomendaciones del tribunal internacional, que nos piden definir 400.000 hectáreas libres de puestos criollos. Eso es imposible. Los mismos denunciantes, Francisco Pérez y Rogelio Segundo, que son la cabeza visible de Lhaka Honhat, se dan cuenta que aplicar al pie de la letra esas recomendaciones sería un problema para llegar a una verdadera solución”, explicó Daniel Barroso, subsecretario de Desarrollo Rural, dependiente de la secretaría de Desarrollo Comunitario, que dirige Ricardo Echenique, una de las autoridades de la UEP.
Las recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos generaron descontento entre habitantes criollos y también en algunas comunidades originarias. Ellos sostienen que la solución tiene que salir de negociaciones entre vecinos, previendo la posibilidad de respetar los puestos criollos que hayan alcanzado un acuerdo entre partes. Lhaka Honhat planteaba originalmente un título único para las 400.000 hectáreas, aunque desde hace meses asegura estar abierta a la posibilidad de que cada asentamiento indígena tenga su propio título, noción que también apoya la UEP.