La toma del Rectorado de la UNSa cumple hoy 21 días y las diferentes percepciones e interpretaciones acerca de las necesidades y políticas académicas, que deberían orientar la gestión universitaria, son escollos en el camino del diálogo que ambos sectores, los asambleístas y el Rectorado, dicen haber emprendido. Ayer por la mañana voceros de la asamblea de la toma ofrecieron una conferencia de prensa en el campo de Castañares de la UNSa, con el propósito de dar a conocer un acta compromiso y opinar sobre las declaraciones efectuadas a los medios de comunicación el martes pasado por el secretario general de la UNSa, Ing. Ricardo Falú. Falú había anunciado que se iniciarían medidas judiciales contra quienes están participando de la toma “por haber coartado la libertad de las personas”, aunque ayer el rector Víctor Claros y el Consejo Superior desconocieron esta postura y especificaron que “nunca se pensó en judicializar la toma”. Los voceros de Humanidades, las profesoras de las carreras de Historia y Ciencias de la Comunicación Mercedes Quiñones y Mariana Valdez, respectivamente; Jorge Ramírez, secretario general de Adiunsa, y los estudiantes de Filosofía Julio Nieva y de Antropología Paolo Sanguineti manifestaron su perspectiva “frente a los temas en tensión”, sobre todo porque, según Sanguineti, “bajo esas condiciones y amenazas no tiene sentido llevar adelante una mesa de diálogo con las autoridades”. Continúan siendo ejes del pliego de reivindicaciones la derogación de las resoluciones 288, que posibilitó la centralización del uso de las economías por parte de las facultades, y la 340, por la que se congelan las vacantes y se suspenden los llamados a concurso. Además solicitan el acceso público al ejercicio económico y administrativo de la universidad, el respeto de la autonomía de las facultades en el manejo de sus economías, la ampliación del presupuesto e infraestructura del comedor, más y mejores becas, el pronunciamiento del Consejo Superior a favor del boleto estudiantil gratuito y la ampliación de los derechos políticos a toda la comunidad universitaria. También los voceros se refirieron al déficit presupuestario de Humanidades, que según la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales es de $437.003,17, por haberse ejecutado gastos superiores a los autorizados por el Consejo Superior. En este sentido dijeron que se presentó un pedido de auditoría externa para toda la universidad -que el Consejo Directivo ya aprobó- ante la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), que desconfían de la división “entre facultad deficitaria y otras que ahorran en personal” y que por ello requieren acceso inmediato de los decanos y los consejeros superiores al sistema SIU Pilagá, para que vean cómo se administra el inciso 1 de gastos de personal. “Se dice que una facultad ahorra y la otra gasta cuando en realidad se están desnudando necesidades presupuestarias mínimas que no están cubiertas. La pelea no debería ser de un decano contra su par, sino de todos por un mayor presupuesto en general”, expresó Quiñones. Por último, dieron un plazo de 24 horas para que sesione el Consejo Superior y discuta las vías de solución a este conflicto.
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La toma del Rectorado de la UNSa cumple hoy 21 días y las diferentes percepciones e interpretaciones acerca de las necesidades y políticas académicas, que deberían orientar la gestión universitaria, son escollos en el camino del diálogo que ambos sectores, los asambleístas y el Rectorado, dicen haber emprendido. Ayer por la mañana voceros de la asamblea de la toma ofrecieron una conferencia de prensa en el campo de Castañares de la UNSa, con el propósito de dar a conocer un acta compromiso y opinar sobre las declaraciones efectuadas a los medios de comunicación el martes pasado por el secretario general de la UNSa, Ing. Ricardo Falú. Falú había anunciado que se iniciarían medidas judiciales contra quienes están participando de la toma “por haber coartado la libertad de las personas”, aunque ayer el rector Víctor Claros y el Consejo Superior desconocieron esta postura y especificaron que “nunca se pensó en judicializar la toma”. Los voceros de Humanidades, las profesoras de las carreras de Historia y Ciencias de la Comunicación Mercedes Quiñones y Mariana Valdez, respectivamente; Jorge Ramírez, secretario general de Adiunsa, y los estudiantes de Filosofía Julio Nieva y de Antropología Paolo Sanguineti manifestaron su perspectiva “frente a los temas en tensión”, sobre todo porque, según Sanguineti, “bajo esas condiciones y amenazas no tiene sentido llevar adelante una mesa de diálogo con las autoridades”. Continúan siendo ejes del pliego de reivindicaciones la derogación de las resoluciones 288, que posibilitó la centralización del uso de las economías por parte de las facultades, y la 340, por la que se congelan las vacantes y se suspenden los llamados a concurso. Además solicitan el acceso público al ejercicio económico y administrativo de la universidad, el respeto de la autonomía de las facultades en el manejo de sus economías, la ampliación del presupuesto e infraestructura del comedor, más y mejores becas, el pronunciamiento del Consejo Superior a favor del boleto estudiantil gratuito y la ampliación de los derechos políticos a toda la comunidad universitaria. También los voceros se refirieron al déficit presupuestario de Humanidades, que según la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales es de $437.003,17, por haberse ejecutado gastos superiores a los autorizados por el Consejo Superior. En este sentido dijeron que se presentó un pedido de auditoría externa para toda la universidad -que el Consejo Directivo ya aprobó- ante la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), que desconfían de la división “entre facultad deficitaria y otras que ahorran en personal” y que por ello requieren acceso inmediato de los decanos y los consejeros superiores al sistema SIU Pilagá, para que vean cómo se administra el inciso 1 de gastos de personal. “Se dice que una facultad ahorra y la otra gasta cuando en realidad se están desnudando necesidades presupuestarias mínimas que no están cubiertas. La pelea no debería ser de un decano contra su par, sino de todos por un mayor presupuesto en general”, expresó Quiñones. Por último, dieron un plazo de 24 horas para que sesione el Consejo Superior y discuta las vías de solución a este conflicto.