Los concejales ratificaron la adhesión a la ley nacional N§ 7.411 la cual le da origen al Registro de Deudores Alimentarios. Pero, además, en el proyecto presentado los ediles incluyeron una nueva norma la cual fue aprobada, y establece que los deudores alimentarios solo podrán renovar sus licencias de conducir por un período de 90 días. Si en ese plazo de tiempo no cancelan la deuda alimentaria, el deudor no podrá obtener su carné nuevamente.
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Los concejales ratificaron la adhesión a la ley nacional N§ 7.411 la cual le da origen al Registro de Deudores Alimentarios. Pero, además, en el proyecto presentado los ediles incluyeron una nueva norma la cual fue aprobada, y establece que los deudores alimentarios solo podrán renovar sus licencias de conducir por un período de 90 días. Si en ese plazo de tiempo no cancelan la deuda alimentaria, el deudor no podrá obtener su carné nuevamente.
Pero no solo en la licencia de conducir encontrarán una limitación, sino que tampoco podrán obtener una habilitación comercial por más de 3 meses si es que figuran en el Registro de Deudores Alimentarios.
“En este tipo de conflicto los más débiles son los niños, que son aquellos a los que no se les puede negar ni restringir el derecho a alimentarse y a tener salud”, sostuvo en el recinto el presidente del Frente Salteño, Raúl Romeo Medina, autor de la iniciativa que ya se implementa en otras ciudades como Córdoba.
La presidenta del bloque del PJ, Frida Fonseca, también explicó que “la cantidad de deudores alimentarios en Salta es mucho mayor al número que hay en el registro que tiene la Justicia. Es un flagelo y los más perjudicados son los chicos que tienen que pagar por conflictos familiares que no generaron”.
Quien presentó resistencia al proyecto fue la concejal Socorro Villamayor, del bloque unipersonal Fe Peronista, quien consideró que esto perjudicará a aquellas personas que necesitan el carné de conducir para trabajar diariamente.
La edil Lucrecia Lambrisca, del Frente Salteño, fue quien solicitó que las empresas también sean incluidas en el proyecto en cuanto a quedar inhabilitadas en caso de que no cumplan con el pago de las cuotas alimentarias (ya que actúan como agentes de retención) al momento de presentarse como contratistas del Estado o en casos de habilitaciones comerciales necesarias.
El 3 de abril los ediles irán al vertedero San Javier y recorrerán la planta de biogas que se inauguró este año, mediante la cual se transforma el gas metano en dióxido de carbono para reducir el efecto invernadero.