Nadie discute que fue una década en que la corrupción gubernamental, como una cachetada a la sociedad, alcanzó límites escandalosos y que casi con la suma del poder público fue un gobierno intolerante y autoritario. Si bien el Poder Ejecutivo debió hacerse cargo del Estado, luego de una grave crisis mundial y de la experiencia de un gobierno radical muy debilitado, tuvo a su favor las inmensas riquezas que ingresaron, fundamentalmente, gracias a las exportaciones agropecuarias, que fueron dilapidadas sin lograr que nuestro país se incorporara al concierto de las naciones más desarrolladas. Sin embargo, en el ámbito de las relaciones laborales tuvo importantes aciertos. Efectivamente, se dictaron estatutos para regular relaciones laborales particulares y se dictó una ley que con solo siete artículos serviría de base para la legislación laboral durante casi 40 años.
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Nadie discute que fue una década en que la corrupción gubernamental, como una cachetada a la sociedad, alcanzó límites escandalosos y que casi con la suma del poder público fue un gobierno intolerante y autoritario. Si bien el Poder Ejecutivo debió hacerse cargo del Estado, luego de una grave crisis mundial y de la experiencia de un gobierno radical muy debilitado, tuvo a su favor las inmensas riquezas que ingresaron, fundamentalmente, gracias a las exportaciones agropecuarias, que fueron dilapidadas sin lograr que nuestro país se incorporara al concierto de las naciones más desarrolladas. Sin embargo, en el ámbito de las relaciones laborales tuvo importantes aciertos. Efectivamente, se dictaron estatutos para regular relaciones laborales particulares y se dictó una ley que con solo siete artículos serviría de base para la legislación laboral durante casi 40 años.
Efectivamente, ello ocurrió en 1934... No me diga, entrañable lector, que usted pensó que estábamos hablando de esta última década, la que en estos días estamos celebrando con bombos y platillos (sobre todo con bombos). Bueno, si le interesa el tema dejamos de hablar de la primera década infame (está bien, la única; yo no como vidrio). Solo para completar el relato (que palabra simpática), diremos que en aquel año se dictó la ley 11.729 que se constituyó en la piedra basal del derecho individual del trabajo, hasta su derogación, en 1974, a través de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) que aún nos rige. En la consolidación del derecho del trabajo durante esas cuatro décadas tuvo mucho que ver el hoy vilipendiado Poder Judicial. Un caso paradigmático de la corrupción de esa época (según me contó mi abuelo, ya que no encontré confirmación documental) fue la construcción de la ruta 2 (Buenos Aires-Mar del Plata). La obra, de 404 kilómetros, no podía tener un centímetro de menos. A lo largo, porque, ¿quién se iba a fijar que a lo ancho se le birlaban escasos 20 centímetros a los dos amplios carriles? Parece que la diferencia quedó en manos del gobernador y sus ministros. La obra fue licitada siendo gobernador de la Provincia de Buenos Aires el Dr. Federico Martínez de Hoz, padre de “Joe” Alfredo, nuestro comprovinciano reciente -y felizmente- fallecido. No se malentienda, como buen católico seguramente era feliz aguardando la recompensa de sus obras públicas en la tierra; es decir, también en el más allá proyectaría autopistas de nubes, con su correspondiente tajada. La ruta fue inaugurada por el célebre inventor del “fraude patriótico”, Dn. Manuel Fresco.
Los desaparecidos
La dictadura del genocida que murió la semana pasada no solo dejó su saldo de víctimas humanas, sino que también hizo “desaparecer” casi la mitad de los derechos individuales del trabajo (contenidos en la LCT, Ley de Contrato de Trabajo), y la totalidad de los derechos gremiales (sindicalización, huelga y el derecho de negociación colectiva). Estos últimos fueron gradualmente restituidos por el mismo régimen. Sin embargo, los derechos individuales cercenados a los trabajadores permanecieron cercenados y sepultados. Durante el gobierno del presidente Menem, inclusive se le echó alguna paladita más de tierra. Y es aquí donde debe reconocerse que durante el kirchnerismo se fueron recuperando normas equitativas que se le debían a los trabajadores. Para los sectores ultra obreristas las reformas serán solo mera cosmética, mientras que para los conservadores significará una especie de revolución del proletariado. En nuestra opinión, las reformas, en términos generales, fueron acertadas y moderadas. Pero el gran acierto de Néstor Kirchner fue la designación de una Corte Suprema de gran nivel académico y de aguda sensibilidad social, que hizo rajatabla con las interpretaciones violatorias de los derechos humanos. Claro está, en la medida en que esta Corte demostró su independencia y castigó al mismo gobierno K, comenzó a ser denostada y junto con ella todo el Poder Judicial.
Luces y sombras
La extensión del espacio para esta nota y la paciencia del lector no permiten un análisis pormenorizado de lo ocurrido en materia de legislación social durante la década pasada (lo que haremos en una próxima nota). En términos generales, no puede afirmarse que sea la “década ganada”, ya que la mayoría de las normas importantes fueron sancionadas en el último tramo. En todo caso se perdieron diez años, ya que nada explica por qué teniendo “mayoría automática” legislativa recién se hayan sancionado en el último tiempo los estatutos de domésticos y rurales. Lo notable es que prácticamente se sancionaron a “libro cerrado”, lo que arrojó normas improvisadas con muchos defectos de técnica legislativa.
Pero veamos lo bueno, lo malo y lo feo. Entre lo bueno contabilizamos el nuevo régimen para el personal de servicio doméstico y el nuevo régimen de trabajo agrario, si bien ambos, con algunas incoherencias fruto de haber sido votados en sesiones legislativas maratónicas. La asignación universal por hijo fue una buena medida; ha sido encomiable que el mismo gobierno se desprendiera de las herramientas clientelísticas de los planes trabajar y lo reemplazara con esta asignación que llega sin discriminación a los más necesitados. Sin embargo, su permanencia es síntoma de la falta de éxito de las políticas de pleno empleo. La estatización de las AFJP fue una excelente medida que, contra lo que muchos creen, no expropió sino que salvó a muchos aportantes de jubilaciones miserables. Lamentablemente el Gobierno se apropió de los fondos del Anses usándolo con diversos fines, menos el de pagar a los jubilados y darles prestaciones más cercanas al anhelado 82% móvil. Se reformaron positivamente varios artículos de la LCT, ampliando la irrenunciabilidad de los derechos de los trabajadores, protegiéndolos contra la discriminación, extendiendo la limitación de la jornada de trabajo, estableciendo presunciones favorables en la interpretación de la prueba, etc. Pero, quizá sin advertirlo, se ha producido una peligrosa concentración de beneficios para el trabajador al momento de su despido, por lo que, de alguna manera, se fomenta que los trabajadores formulen reclamos que derivan en cuantiosas e indemnizaciones, pero finiquitan el empleo.
Otra decisión encomiable fue la reactivación del Consejo del Salario Mínimo, estableciendo pautas más cercanas a la realidad. Lamentablemente en una omisión bochornosa se ha mantenido el monto máximo del seguro de desempleo en irrisorios $400, siendo que ese valor debería ser superior a los $2.500, como mínimo. También, como aspecto negativo, se ha mantenido el vergonzoso negocio de las Administradoras de Riesgo de Trabajo (ART) y el Gobierno tampoco tuvo el valor de reformar la ley sindical, dandole un contenido democrático y participativo, del que hoy carece.
Finalmente hay varios proyectos, algunos necesarios para un mejor regulación de las conductas laborales, como el caso del teletrabajo y el acoso laboral (con sus variantes de mobbing, acoso sexual, etc.) y otros que permitirían sencillas soluciones para evitar conflictos (juntas médicas en licencias por enfermedad, régimen de sanciones disciplinarias, etc.), que también permanecerán como bellos durmientes hasta que el hada madrina los despierte de su letargo con su poderosa varita K (o cambien las mayorías legislativas).