La ley es una sola y para todos por igual, pero en el Chaco salteño la política impone su propia justicia.
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La ley es una sola y para todos por igual, pero en el Chaco salteño la política impone su propia justicia.
Marcos Lucas, auxiliar docente bilingûe de la escuela de La Puntana, un poblado de unos 300 habitantes en Santa Victoria Este, pedía ser reincorporado después de quedar cesante en su escuela con una causa penal a cuestas. Disconforme, sacó de su casa a la directora casi arrastrándola. Cuando llegó la Policía se produjo un enfrentamiento que terminó en una represión que incluyó a mujeres y niños, además de patrulleros destruidos y uniformados heridos. Lucas escapó por la frontera y quedó prófugo unos días.
Esta semana Lucas, que es además un cacique wichi, fue ratificado en su cargo por dos ministros provinciales. Después de 62 días sin clases, los chicos volvieron a las aulas, pero el problema no quedó superado. Este lunes podrían tomar la escuela los aborígenes que no responden a Lucas y que repudian su reincorporación.
Investigado por la Justicia
La Justicia lo investiga penalmente. Había cruzado a Bolivia por unos días, después de escapar de un operativo policial que quería hacer cumplir la orden judicial que pedía su captura. Las fuerzas de seguridad lo señalaban como el principal responsable de desatar una ola de violencia en La Puntana, a 40 kilómetros del pueblo de Santa Victoria Este, en el impenetrable Chaco salteño. La represión de la guardia de Infantería llegó a finales de febrero y se repitió a mediados de este mes, llegando a los medios nacionales y hasta el Senado de la Nación, que repudió el hecho.
Mujeres y niños corrían entre gases lacrimógenos y balas de goma. Por el otro lado se destruyeron tres patrulleros y siete policías resultaron heridos, entre los que estaba el jefe del operativo. Los mecanismos legales apuntaron de inmediato contra Marcos Lucas que minutos antes habló por la radio local convocando al enfrentamiento, según confirmaron fuentes policiales.
Lucas había quedado cesante como auxiliar bilinge en la escuela y pedía ser ratificado en su puesto de forma permanente. Después de escapar por el monte asediado por los proyectiles que le picaban cerca, el cacique wichi se refugió del otro lado de la frontera imposibilitando la tarea de sus perseguidores, que aguardaban su regreso para detenerlo.
Pero esta semana, el prófugo declaró ante la Justicia sobre la causa penal que corre en su contra, acusado de haber resistido y atacado a la autoridad. Luego consiguió que lo reincorporen a sus tareas, según le prometieron los ministros de Educación y de Salud de la Provincia.
La mayoría de los diez caciques que hay en La Puntana repudiaron la reincorporación de Lucas, al que califican de violento y podrían tomar nuevamente la escuela el lunes, aunque hasta el cierre de esta edición analizaban otra modalidad de protesta, por lo que podrían llevar personalmente el reclamo hasta la Capital.
Dos sectores se disputan la autoridad
Marcos Lucas negó ante El Tribuno haber llamado a la violencia y haber arrastrado de los pelos a la directora de la escuela. Dijo que en la primera represión él solo reclamaba una rendición de cuentas de los fondos que maneja la institución y que en la segunda batalla pedían Justicia para que se lo reincorpore. Afirma que la Policía empezó a disparar contra mujeres y niños sin previa advertencia. El Tribuno fotografió a un pequeño wichi que recibió un disparo de bala de goma en el brazo. “La gente está indignada y esto no quedará fácilmente en el olvido. Fue muy feo lo que pasó, una vergüenza. Queremos Justicia y castigo a los responsables. Es lamentable ver a chicos heridos de bala”, dijo.
Además indicó que la Policía les tendió una trampa en el segundo enfrentamiento donde varios aborígenes quedaron detenidos. “Nos dijeron que en la escuela había un ministro para hacernos entrar y resulta que era uno de ellos y no un funcionario. Cuando entraron a negociar cerraron las puertas y quedaron detenidos. La Infantería comenzó a los tiros directamente contra los chicos y madres que tenían carteles pacíficos”, aseguró. Por el contrario, fuentes incuestionables de las fuerzas de seguridad dijeron que Lucas usaba a las mujeres y niños de escudo mientras otros atacaban con palos, piedras y gomeras. Desmintieron haber informado falsamente la presencia de un ministro y aseguraron que se trataba de un funcionario del Ministerio de Seguridad que siempre se identificó como tal. “Estaba para tener una opinión que no sea únicamente policial”, dijeron.
Testigos presenciales contaron que el jefe del operativo le advirtió a Lucas que retire a las mujeres y chicos del lugar cuando comenzaron a volar piedras contra los guardias.
Antecedentes
Fuentes policiales afirmaron que Lucas, en realidad, sería oriundo de Mosconi. Una mujer, señalada como su pareja y también de esa localidad, quedó detenida el mes pasado en Paraguay con 50 kilos de marihuana”, aseguraron.
Por su parte, al menos cinco de los diez caciques de La Puntana negaron tajantemente el cargo de “cacique general” que los seguidores le asignan a Lucas.
“Yo soy cacique de mi gente y no hay nadie por encima mío ni de ninguno de los otros caciques. Es una falta de respeto y un atropello. No tiene autoridad. Es un cacique más”, dijo Abel Santillán, uno de ellos. Por el otro lado se pudo saber que organizaciones aborígenes de Santa Victoria Este analizaban la posibilidad de denunciar al Gobierno de Salta frente a organismos internacionales.
Los vecinos culpan a políticos
La comunidad de La Puntana está dividida en bandos antagónicos. Tiene también, la mejor escuela del municipio, la 4216 “Olof Fabian Severin Jonsson” construida con fondos nacionales. Hay aborígenes que responden al senador provincial Mashur Lapad y otros que responden al diputado local Jesús Ramón Villa. La confrontación de los dirigentes políticos deja como rehenes a pobladores originarios que se disputan puestos municipales o empleos en las obras públicas. Según Villa esto no es cierto, “ya que tengo dirigentes en ambos bandos, lo mismo que Lapad, aseguró.
Pablo Solís, cacique del lugar, repudió la situación planteada. “La ley nos hace iguales y el que la viola la tiene que pagar. Estas locuras le hacen pensar a la gente que los aborígenes somos todos delincuentes y nos hacen quedar mal como argentinos. Acá no hay Justicia. Pedimos que los responsables paguen para que no se repita, pero en lugar de eso parece que les dan un premio”, dijo.
En contra de la designación
“No podemos tolerar que este hombre, que ha dado evidentes pruebas de ser violento, irrespetuoso, autoritario y manipulador, sea el responsable de educar a nuestros hijos. Como aborigen, cacique y padre de familia le pido a las autoridades que no lo reincorporen”, enfatizó Abel Santillán, otro de los caciques junto a cuatro de sus pares. Y explicó que la directora lleva 21 años en La Puntana “y nunca tuvo un problema, pero Lucas violentó su hogar. La arrastraba como a un animal. Nos dejó sin clases por 62 días solo porque no había salido su designación como permanente, ya que estaba temporalmente en el cargo. Dijo por la radio que si no salía su nombramiento iba a incendiar la escuela y casi lo logra. El Gobierno lo tiene que meter preso. Pero ahora nos quieren hacer creer que acá no pasó nada”, ratificó.