Para los padres que integran la Comisión de Familiares contra la Impunidad, las respuestas que recibieron ayer, después de marchar a Ciudad Judicial y a la Legislatura, fueron “poco sustanciales”.
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Para los padres que integran la Comisión de Familiares contra la Impunidad, las respuestas que recibieron ayer, después de marchar a Ciudad Judicial y a la Legislatura, fueron “poco sustanciales”.
La Comisión decidió manifestarse para proclamar su desacuerdo con la vigencia de uno de los cambios más polémicos del nuevo Código Procesal Penal. Se trata del cambio de los jueces de los juzgados salteños, lo que para los familiares representa una gran retroceso, “es volver a foja cero”, afirmaron.
El objetivo de la movilización fue pedir que se considere una prórroga en el cambio de los jueces que siguen las causas de la Comisión de Familiares contra la Impunidad.
En Ciudad Judicial no obtuvieron respuestas, pero en la Legislatura un grupo de diputados recibió a los padres para escuchar su pedido.
La concejal Gabriela Cerrano (PO), integrante de la Comisión, explicó a El Tribuno: “Los diputados dijeron que iban a elevar un pedido a la Corte para que los jueces que estaban en las causas puedan colaborar con el nuevo juez designado”.
Para la concejal y para los padres “la propuesta fue ridícula, inconsistente y sin posibilidad de que solucione su demanda. Dejó el temor de que todo vuelva a foja cero”.
Cerrano advirtió que el cambio se pone en marcha con el decreto de necesidad y urgencia 1643 por el que las causas como las de Cintia Fernández, Cristian Luna, Mirta Llanos, entre otras, cambiarían de juez. “Si los jueces actuales no tomaron la decisión, qué se puede esperar de los nuevos jueces”, sostuvo la concejal Cerrano.