Vecinos de General Güemes buscan apoyo para que la situación que atraviesan deje de ser considerada ante los ojos de las autoridades provinciales una percepción de amenaza para la salud pública y se transforme en un hecho científicamente respaldable. Para ello, presentaron ante la Justicia provincial un recurso precautorio mediante el cual el Estado deberá producir medidas de prueba -de forma anticipada a un posible juicio- que demuestren la existencia de una relación causal entre la presencia de cuatro antenas en el casco urbano y numerosos casos de cáncer -y otras enfermedades asociadas a la electropolución- que comenzaron a sucederse entre los pobladores cercanos a estos equipos. Los moradores de las calles Gorriti, Alberdi, Leandro Alem y Rodríguez; Saravia, San Martín, Alberdi y Leandro Alem; Rivadavia, Jujuy, 20 de Febrero y Calixto Gauna -donde se encuentran las antenas- iniciaron en 2009 un reclamo social que abarcó desde marchas y caminatas hasta trabajos de medición técnica y relevamiento sanitario. Desde aquel año hasta la fecha vieron cómo el Ejecutivo municipal vetaba en dos oportunidades ordenanzas para que las antenas fueran relocalizadas. La norma también propugnaba que nuevas estructuras de este tipo solo se instalaran si cuentan con habilitación municipal y se ubicaran a más de 1.500 metros de zonas urbanas. Asimismo se mostraron escépticos cuando en junio de 2010 un equipo de la sede salteña de la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC) -organismo cuya función es regular y controlar aspectos vinculados a la prestación de los servicios de telecomunicaciones- concluyó que los valores obtenidos en los sectores más críticos oscilaban muy por debajo de los niveles máximos establecidos como seguros.
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Vecinos de General Güemes buscan apoyo para que la situación que atraviesan deje de ser considerada ante los ojos de las autoridades provinciales una percepción de amenaza para la salud pública y se transforme en un hecho científicamente respaldable. Para ello, presentaron ante la Justicia provincial un recurso precautorio mediante el cual el Estado deberá producir medidas de prueba -de forma anticipada a un posible juicio- que demuestren la existencia de una relación causal entre la presencia de cuatro antenas en el casco urbano y numerosos casos de cáncer -y otras enfermedades asociadas a la electropolución- que comenzaron a sucederse entre los pobladores cercanos a estos equipos. Los moradores de las calles Gorriti, Alberdi, Leandro Alem y Rodríguez; Saravia, San Martín, Alberdi y Leandro Alem; Rivadavia, Jujuy, 20 de Febrero y Calixto Gauna -donde se encuentran las antenas- iniciaron en 2009 un reclamo social que abarcó desde marchas y caminatas hasta trabajos de medición técnica y relevamiento sanitario. Desde aquel año hasta la fecha vieron cómo el Ejecutivo municipal vetaba en dos oportunidades ordenanzas para que las antenas fueran relocalizadas. La norma también propugnaba que nuevas estructuras de este tipo solo se instalaran si cuentan con habilitación municipal y se ubicaran a más de 1.500 metros de zonas urbanas. Asimismo se mostraron escépticos cuando en junio de 2010 un equipo de la sede salteña de la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC) -organismo cuya función es regular y controlar aspectos vinculados a la prestación de los servicios de telecomunicaciones- concluyó que los valores obtenidos en los sectores más críticos oscilaban muy por debajo de los niveles máximos establecidos como seguros.
Si bien la labor de documentación de los vecinos -encabezados por Beatriz Palacios- tuvo permanencia en el tiempo, el tema se reinstaló hace unas semanas cuando Virginia Cornejo, diputada provincial por capital, del Partido Propuesta Salteña, realizó una visita a la localidad para tomar contacto con el caso. Luego presentó un proyecto de resolución a través del cual solicita que el ministro de Ambiente y Producción Sustentable de la Provincia informe a la Cámara de Diputados cuántas antenas de telefonía celular y telecomunicaciones están instaladas en la provincia, detallando cuáles son las empresas titulares y su localización. También que se provea copia de los estudios de impacto ambiental y social presentados por esas empresas. En particular pidió el registro de atención y defunción por edad y sexo de pacientes oncológicos del hospital Dr. Joaquín Castellanos, de General Güemes. Irene Soler, diputada por el Partido Conservador Popular, también se interesó en el problema.
El recurso precautorio
A partir de julio de 2012, Tomás Aranda es el representante legal de más de cien familias residentes en seis localidades salteñas, entre las que se encuentran General Güemes. Campo Quijano y El Carril. En diálogo con El Tribuno, el letrado manifestó que solicitaron a la Provincia un recurso precautorio, trámite que está en sus primeros pasos, “para darle un marco de legalidad, veracidad y pertinencia, y recién promover las acciones que se crean convenientes”. El Dr. Raúl Montenegro actuará de perito de parte para certificar la presunta lesividad de las antenas.
“Los profesionales tenemos la obligación de dar sustento intelectual y científico a nuestras pretensiones para que no generemos aventuras procesales, sino juicios con respaldo técnico. En este momento estamos bajo reserva, porque se están haciendo las pruebas verificatorias”, explicó. Luego afirmó que desde un punto de vista lógico solo se regula aquello que tiene por exceso o carencia efecto sobre la salud. “No estamos haciendo nada con las antenas y la responsabilidad es de todos. De la comunidad que permite que se sigan habilitando, las autoridades públicas que permiten que funcionen, los organismos de control y supervisión que no verifican y los organismos de seguridad que no las clausuran”, concluyó.
“Es emblemática la lucha de Güemes”
Consultado por El Tribuno, el Dr. Raúl A. Montenegro, presidente de la Fundación para la Defensa del Ambiente y profesor titular de Biología Evolutiva, de la Universidad Nacional de Córdoba, expresó que “la lucha de Güemes es emblemática a nivel regional”. Además corroboró que actuará como perito de parte en cualquier acción judicial que inicien los vecinos de Güemes. También explicó que las antenas cuya remoción se solicita producen radiación no ionizante y al funcionar simultáneamente en un espacio reducido suman sus densidades de potencia y, por lo tanto, sus riesgos de contaminación. “Se ha demostrado un daño biológico significativo para valores de densidad de potencia ubicados varios miles de veces por debajo de los valores permitidos en Argentina”, alertó. Sobre el porqué existen posturas totalmente encontradas sobre los niveles aceptables y las consecuencias de la alta exposición a las radiaciones no ionizantes expresó que este desfasaje solo se entiende “por los intereses creados y porque el principio de precaución que estableció el artículo 4 de la ley Nacional de Ambiente en Argentina colisiona brutalmente con los intereses económicos y el uso extremadamente generalizado de la telefonía celular. El problema en Argentina es que las normas adoptadas -las normas ICNIRP- son muy tolerantes. Protegen más los intereses de las empresas que la salud de las personas”.
Por último, dijo que en Argentina se están multiplicando los casos de lucha ciudadana contra antenas instaladas, con varios éxitos en la Justicia.