En lo que va del año más de 500 funcionarios fueron notificados por la Escribanía de Gobierno para que cumplan con la obligación de declarar sus bienes patrimoniales. La cantidad de invitaciones e intimaciones es significativa, si se considera que en Salta deben presentar declaraciones juradas unos 1.400 miembros de los diferentes poderes de la Provincia y los 59 municipios.
inicia sesión o regístrate.
En lo que va del año más de 500 funcionarios fueron notificados por la Escribanía de Gobierno para que cumplan con la obligación de declarar sus bienes patrimoniales. La cantidad de invitaciones e intimaciones es significativa, si se considera que en Salta deben presentar declaraciones juradas unos 1.400 miembros de los diferentes poderes de la Provincia y los 59 municipios.
Hasta la última actualización de registros, 333 funcionarios adeudaban las declaraciones que el artículo 63 de la Constitución y la ley 6.547 ordenan presentar al inicio y el cese de sus gestiones. La normativa, además, exige que todo aumento o modificación patrimonial sea informado sin demora y en forma circunstanciada.
El pasado 10 de julio fue publicada en el Boletín Oficial la lista de los funcionarios que no respondieron a las notificaciones que les envió el organismo que encabeza el escribano Víctor Fernández Esteban. El procedimiento prevé primero una invitación a cumplir con la obligación legal, después la intimación y como última instancia la exposición pública de los incumplidos.
La publicación del miércoles 10 de julio fue la tercera en dos años, ya que la Escribanía de Gobierno había difundido un primer listado el 11 de noviembre de 2011 y otro el 1 de junio de 2012.
Las listas de quienes asumieron o cesaron en sus cargos sin presentar las declaraciones juradas en tiempo y forma son largas. Hay ministros, secretarios, jefes de programas, directores de organismos de control, magistrados, legisladores, intendentes, concejales, funcionarios de empresas del Estado y hasta consejos directivos completos de entidades autárquicas como el Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta (Ippis).
Si bien los registros históricos muestran un creciente nivel de observancia, los porcentajes de incumplimiento siguen siendo elevados, sobre todo entre los intendentes y concejales, donde rozan el 40%. En el extremo opuesto están la Justicia, el Ministerio Público y el Poder Legislativo, con mejores índices de cumplimiento que el Ejecutivo.
Un dato refleja la evolución: en 2012 se presentaron 944 declaraciones juradas, casi tantas como las 974 que fueron protocolizadas entre 1983 a 1995. La mayor deuda, sin embargo, sigue estando en el fondo de las declaraciones juradas y en la necesidad de una ley que obligue a funcionarios a informar sus bienes, activos e intereses societarios con mayor claridad y transparencia.
Hay avances pero queda una deuda en los formularios
Una de las funciones de la Escribanía de Gobierno consiste en invitar a los funcionarios que asumen o cesan en sus cargos a presentar las declaraciones juradas de sus bienes. Así lo pide la ley que rige en Salta desde 1983, que también faculta al citado organismo a intimar a aquellos que, habiendo sido invitados, persistan en su incumplimiento. Agotados ambos pasos, y como ultima instancia, la norma vigente habilita a publicar los nombres de los incumplidos en el Boletín Oficial, como lo viene haciendo desde 2011, en forma anual, la actual gestión de la Escribanía de Gobierno. Este ajuste de tuercas, que se reflejó este año con más de 500 invitaciones e intimaciones, hizo que 1.034 funcionarios obligados por ley se pusieran al día con sus declaraciones juradas. Aún así, otros 333 funcionarios provinciales y municipales quedaron en deuda con un deber republicano que apunta contra la corrupción administrativa y los enriquecimientos ilícitos en la función pública.
La nota sobresaliente llegó del lado de otros 153 funcionarios que, sin estar legalmente obligados, presentaron declaraciones juradas de sus bienes con una minuciosidad destacable.
Otro hecho destacable pasa por la tarea de ordenamiento y encuadernación de protocolos notariales iniciada en el organismo de General Güemes 562, que también mejoró su base de datos. Una gran deuda está en los incompletos y confusos formularios que se utilizan en las declaraciones juradas y reclaman un urgente ajuste.