El acuerdo logrado entre EEUU y Rusia para eliminar el arsenal químico de Siria no convence a los expertos, que subrayan los obstáculos que debe salvar cualquier plan.
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El acuerdo logrado entre EEUU y Rusia para eliminar el arsenal químico de Siria no convence a los expertos, que subrayan los obstáculos que debe salvar cualquier plan.
La Convención de Armas Químicas es el acta fundacional de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, que ha ayudado a inspeccionar arsenales en todo el mundo y a destruir unas 50.000 toneladas de gas venenoso desde 1997. Pero eliminar esos gases es una tarea cara y trabajosa. Por ejemplo, EEUU no acabará de destruir su arsenal hasta 2023 y le costará unos 35.000 millones de dólares.
Un país que firma la Convención se compromete a destruir todos sus arsenales de gases, pero no a destruir los ingredientes con los que se fabrican. El compuesto decisivo para elaborar sarín se llama metilfosfonil difluoruro y es una sustancia muy peligrosa. Pero sólo se convierte en gas sarín si uno la mezcla con alcohol de farmacia. “Esa sustancia no tiene ninguna utilidad pacífica. Pero su estatus no está bien regulado por la Convención de Armas Químicas y el Consejo de Seguridad debería cambiarlo”, dijo Garrett.
Los espías de EEUU dijeron en diciembre que el régimen sirio guarda parte de sus armas químicas en cápsulas binarias: dos receptáculos separados por una membrana que guardan alcohol y metilfosfonil difluoruro. Ambas sustancias sólo producen gas sarín cuando la membrana se rompe por una detonación. O sea que se podría decir que no están entre las armas químicas del régimen. Detectar esas cápsulas binarias sería una de la tareas más difíciles para los inspectores cuando lleguen al país.
Lanzar un programa de inspección en medio de una guerra civil es una misión imposible. Así lo afirman todos los expertos, que explican que sólo sería posible examinar en detalle los arsenales sirios si ambos bandos acuerdan un alto el fuego previo.
“Me preocupa mucho la letra pequeña de cualquier acuerdo”, decía esta semana Amy Smithson, experta en armas químicas. “Será una tarea titánica para los inspectores frenar la producción, hacer un inventario, clausurar los sitios y luego destruirlo en una zona de guerra. Ojo con el acuerdo, porque es engañosamente atractivo”, agregó.
Nadie sabe a ciencia cierta dónde están las armas químicas sirias. Antes de la guerra, el Pentágono decía que estaban en un puñado de complejos en Aleppo, Latakia y Palmyra. Pero desde entonces los servicios de inteligencia creen que el régimen las ha esparcido en decenas de puntos.
Las armas están bajo el control de una institución cuyo responsable responde directamente a Al Assad.
“Lo primero es saber dónde están y cómo están almacenadas”, explicó Garrett. “El régimen puede guardarlas dentro de misiles, en cápsulas binarias o bajo tierra. Lo siguiente es determinar cómo sacarlas sin liberar gases tóxicos. En el caso de la Unión Soviética muchas ni siquiera estaban en el territorio de ruso”, recordó.
Sadam Husein tenía falsas fábricas de pesticidas y falsos complejos farmacéuticos donde se fabricaban armas químicas y biológicas. “Este es un problema con el que podríamos toparnos también en Siria”, dice Garrett. “Uno tiene que tener la capacidad de entrar e inspeccionar a fondo una fábrica para determinar si por sus tuberías circulan sustancias ilegítimas. Es muy trabajoso”, advirtió.
El Pentágono estimó en noviembre que serían necesarios unos 75.000 soldados para garantizar la seguridad de los arsenales químicos sirios.
El despliegue incluiría dos tipos de soldados: los primeros serían una fuerza de protección y los segundos serían especialistas en manejarlos, examinar sus condiciones y prepararlos para el transporte.
Y sólo sería posible si antes entra en vigor un alto el fuego respetado por todas las partes. Y, además, a los especialistas sólo pueden aportarlos Estados Unidos, el Reino Unido o Rusia. “Algunas víctimas serían inevitables y la pregunta que uno debe hacerse es si merece la pena hacer el esfuerzo”, dijo esta semana el experto británico Stephen Johnson.